La adjudicación por parte del TSJ venezolano a una sociedad mixta representada por José Ramón Blanco Balín, considerado el cerebro financiero de la trama de corrupción española llamada “Caso Gürtel” y bajo investigación judicial en España, involucra ahora a Venezuela. El TSJ adjudicó contratos de explotación de yacimientos en la Faja Petrolífera del Orinoco a personas bajo juicio en España y esto revela los alcances de esa red de corrupción que ahora llega a Venezuela.
La noticia saltó en los telediarios y los medios españoles este miérco-les 9 de agosto. Una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, del pasado 10 de julio, adjudicaba a la empresa venezolana Petrosur y a la sociedad conformada con Stichting Administratiekantoor, la explotación de un yacimiento en la Faja Petrolífera del Orinoco.
Hasta ahí, una noticia sin mayores referencias. Sólo que el administrador de Stichting Administratiekantoor es José Ramón Blanco Balín, de 64 años, un empresario y asesor fiscal considerado el principal cerebro financiero de la trama de corrupción y blanqueo de capitales Gürtel en España.
Esta trama de sobornos y tráfico de influencias de alto nivel a cambio de la adjudicación de contratos, está sacudiendo desde 2009 el sistema político y financiero español. Se prevé que sus investigaciones continúen hasta mediados de 2018, a tenor de la magnitud de su alcance.
La sentencia del TSJ adjudicaba una explotación de 500 km.2 en el área Junín 10 de la Faja Petrolífera del Orinoco a esta sociedad con sede en Holanda. La explotación estará un 60% en manos de la Corporación Venezolana de Petróleo, filial de PDVSA, y un 40% para la sociedad Stichting Administratiekantoor.
Esta adjudicación tiene visos de ilegalidad, al no ser aprobada vía legislativa por la Asamblea Nacional venezolana. Precisamente, quien ha revelado estos datos a las autoridades y los medios de comunicación, ha sido el diputado venezolano Elías Matta, presidente de la Comisión de Energía y Petróleo en el poder legislativo. Petrosur fue creada en julio pasado, también sin autorización legislativa, lo cual confirma su carácter inconstitucional.
La sentencia del TSJ considera a Blanco Balín como el representante de esta sociedad en las negociaciones ante el gobierno de Nicolás Maduro, señalándolo como el “consejero delegado de Inversiones Petroleras Iberoamericanas”. Ésta es una empresa inversora española en la que Blanco Balín tiene sociedad con Alfonso Cortina, ejecutivo de la multinacional energética española Repsol.
El representante de esta sociedad, Blanco Balín, está imputado en España por su presunta participación en la trama Gürtel. En este sentido, Blanco Balín está siendo procesado junto a otros pesos pesados de la trama, siendo éstos el ex tesorero del Partido Popular (PP), Francisco Javier Bárcenas, y otros ejecutivos como Francisco Correa y el propio Cortina.
A Blanco Balín, íntimo amigo del ex presidente de gobierno José María Aznar, se le conoce coloquialmente en España como “el blanqueador de la Gürtel”. Está siendo investigado por blanqueo de capitales, cohecho, fraude fiscal y tráfico de influencias. Con anterioridad llegó a ser socio, administrador y apoderado de más de 40 empresas, entre las que se encuentran Barclays y la cadena de hoteles NH. La Audiencia Nacional española pide once años de cárcel para Blanco Balín por los delitos que se le imputan.
Por otro lado, durante una declaración voluntaria ante el juez de la Audiencia Nacional que sigue el caso Gürtel, el empresario Jorge Viña declaró que Correa, principal líder de la trama Gürtel, logró sacar 150.000 euros de Venezuela, eludiendo los controles cambiarios existentes a través del pago de comisiones a intermediarios.