El atentado terrorista yihadista del pasado 17 de agosto en Barcelona, con saldo de 14 muertos, confirma cómo Cataluña se ha convertido en el epicentro de la actividad terrorista yihadista en el arco mediterráneo. Un escenario preocupante que explota en medio de las expectativas soberanistas catalanas pautadas en el referendo independentista de octubre próximo.
Lo que venían advirtiendo fuentes policiales españolas y europeas desde hace meses se tornó en una cruel realidad el pasado 17 de agosto. Barcelona se convirtió en un objetivo del terrorismo yihadista, cuando una furgoneta irrumpió en la concurrida zona de La Rambla en Barcelona, matando a 14 transeúntes e hiriendo a decenas de personas de varias nacionalidades, muchos de ellas turistas.
El atentado de Barcelona, el segundo atentado yihadista de mayor importancia en España tras la matanza de la estación madrileña de Atocha en marzo de 2004, era para muchos un trágico fait accompli. En lo que va de 2017, un total de 18 de los 55 presuntos yihadistas detenidos por las autoridades españolas fueron apresados en diversas localidades catalanas, lo que coloca a Cataluña y específicamente a Barcelona en una especie de imán de atracción para el yihadismo.
Las autoridades españolas advierten sobre la creciente inmigración ilegal que ha llegado a Barcelona desde el Magreb, Oriente Medio, Pakistán y Bangladesh en los últimos tiempos. Los cuatro detenidos por el atentado, cuyo cabecilla de origen marroquí fue abatido este lunes 21 en la localidad de Cambrils, fueron adoctrinados por un imán islámico residente en la localidad catalana de Ripoll. Este imán ya había reclutado células en Bélgica y Francia desde 2016.
Precisamente, el epicentro yihadista en Cataluña y el arco mediterráneo parece ser Cambrils, una localidad próxima a Barcelona. Allí, en julio de 2001, estuvo brevemente residenciado Mohammed Atta, el cerebro de los atentados del 11/S de 2001 en Nueva York. Atta estuvo en esa localidad catalana junto a un contacto yemení que fungía de representante de Al Qaeda para la coordinación de atentados terroristas.
Ya desde 2010, Washington había advertido a Madrid sobre el eje yihadista existente en Cataluña, persuadiendo a las autoridades españolas para abrir un Comando Antiterrorista en el Consulado de EEUU en Barcelona. El reclutamiento de yihadistas provenientes de Argelia, Túnez y Marruecos hizo de Cambrils y Barcelona un epicentro estratégico clave.
En el apartado de la actuación policial, la opinión pública destaca la eficacia de las operaciones de rescate de víctimas y de abatimiento del presunto autor del atentado por parte de los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica catalana.
Precisamente, el atentado de Barcelona acontece en un punto álgido in crescendo de las pretensiones soberanistas de la Generalitat de Cataluña, el gobierno autonómico, previstas para el controvertido referendo soberanista de octubre próximo. El absoluto consenso por parte del establishment político español y catalán contra el terrorismo yihadista ha aparcado brevemente la tensión soberanista catalana.
El único actor que ha marcado polémica y que ha roto este inesperado interregno de cooperación entre el establishment político español y el catalán ha sido el movimiento izquierdista de la CUP, conocido simpatizante del “chavismo” y aliado de Nicolás Maduro en Cataluña y eje estratégico del proceso soberanista. La CUP es también socio gubernamental del presidente catalán Joan Puigdemont.
La CUP culpó al “capitalismo salvaje” del atentado yihadista. También acusó a Occidente y particularmente a España de su connivencia con los verdaderos centros de expansión del yihadismo, particularmente Arabia Saudita, importante socio energético occidental.
En este sentido, la CUP mostró en principio su desacuerdo en acudir a la movilización antiterrorista prevista para el próximo sábado 26 en Barcelona, argumentando que en la misma estará presente el actual monarca español Felipe VI. Posteriormente, se retractó y aseguró que acudiría a la manifestación pero “con la gente”, desmarcándose de la clase política y las autoridades estatales.