El documento presentado por la ONU el pasado 30 de agosto sobre las violaciones y abusos cometidos en Venezuela en el contexto de las protestas entre el 1º de abril al 31 de julio es contundente. Los expertos lo han elaborado basándose en 135 entrevistas realizadas a víctimas, familiares, testigos, representantes de ONG, abogados, periodistas, médicos y el Ministerio Público venezolano. Las entrevistas tuvieron que hacerse a distancia en Panamá y Ginebra ya que la ONU tiene denegado el acceso a Venezuela desde 2014.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) acaba de producir un informe sobre la violación de los derechos humanos (DD.HH.) en Venezuela, en el período más álgido de las protestas que se realizaron este año en el país. Allí se señala el carácter generalizado y sistemático de estas violaciones.
El informe
El informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para DD.HH. (ACNUDH), revisa la situación de los DD.HH. durante los pasados meses de abril, mayo y julio con base a entrevistas e información directa. El 3º capítulo, del legajo de más de 40 páginas, describe detalladamente sus hallazgos para luego emitir sus conclusiones y recomendaciones.
Una sección de ese capítulo revela las violaciones cometidas por el Estado y la otra por los «colectivos». Los temas de la primera sección son: Uso excesivo de la fuerza, que incluye: Muertes violentas, Violaciones a la integridad física, Respuesta de las autoridades y Allanamientos ilegales y violentos; Tortura y malos tratos a detenidos; Detenciones arbitrarias y violaciones del debido proceso; Aplicación de la justicia militar a civiles; Violación del derecho a la reunión pacífica; Violación a la libertad de expresión; y Ataques y restricciones a miembros de partidos de oposición. La dedicada a lo paraestatal incluye a «colectivos» y los manifestantes progubernamentales.
Protestas y represión
El informe señala que 6.729 manifestaciones de protestas se realizaron en ese período y que el régimen las enfrentó con el » Plan Zamora», presentado el 18 de abril, que es como un » plan estratégico cívico-militar destinado a garantizar el funcionamiento del país, su seguridad, el orden interno y la integración social mediante la operación conjunta de las fuerzas armadas, las milicias y las fuerzas populares». Como se aprecia, desde su inicio incluía la participación de civiles en la represión.
Su segunda fase se inicia el 17 de mayo con «la aplicación de la jurisdicción militar a los civiles y el empleo de la GNB en el control de las manifestaciones». El Plan se tradujo en un aumento progresivo de la violencia. Esto se refleja en que al comienzo de abril los «…lesionados fueron tratados por intoxicación causada por gases lacrimógenos. En la segunda quincena de abril, muchas de las lesiones resultaron del impacto de los cartuchos de las bombas lacrimógenas en las piernas, en el pecho, o en la cabeza… En mayo, las heridas fueron causadas principalmente por… perdigones y de objetos convertidos en proyectiles, como «metras», y tuercas. En junio, el personal médico registró una combinación de heridas causadas por cartuchos de bombas lacrimógenas, perdigones y otras municiones. En julio, comenzaron a tratar heridas de bala». Todo esto muestra la existencia de plan de represión masivo y sistemático, para amedrentar y doblegar a la oposición.
Muertos y heridos
124 muertes fueron reconocidas oficialmente por el Ministerio Público (MP), aunque las ONG registraron 157. El promedio de edad de los fallecidos fue de 27 años, casi todos hombres pero también murieron 15 niños y 7 mujeres. «En general, las víctimas eran estudiantes o personas que acababan de terminar sus estudios». 46 muertes se atribuyen a fuerzas de seguridad y 27 a colectivos armados.
De las casi 2.000 denuncias por lesiones presentadas al MP, el 60% fueron infligidas por uniformados y el resto por la acción de civiles armados. Pero se calcula que «entre 10.000 y 12.000 personas podrían haber sido lesionadas en el país en los primeros 100 días de manifestaciones».
Las heridas que se observaron «van desde la incrustación de metras y perdigones en el cuerpo o rostro, extremidades fracturadas, costillas rotas y rostros desfigurados por cartuchos de gas lacrimógeno, a las lesiones causadas por el uso de cañones de agua a corta distancia».
Torturas y desapariciones forzadas
«En casi todos los casos de detención registrados’, nos dice el informe, «los detenidos fueron sometidos… a una o más formas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, equivalentes en varios casos a actos de tortura», como «fuertes palizas, descargas eléctricas, posturas que causan estrés, asfixia y amenazas de violencia sexual y muerte. Estos actos tenían por objeto castigar, humillar y aterrorizar a las personas detenidas, así como extraerles confesiones e información sobre presuntas actividades antigubernamentales». Para la ONU «los testimonios de las víctimas eran coherentes y fueron corroborados por las historias clínicas y los informes de las ONG que pusieron en evidencia un mismo patrón».
También registraron detenciones arbitrarias y «repetidas y graves violaciones al debido proceso así como varios casos de desapariciones forzadas».
Los colectivos
«Además de aterrorizar, herir y, en ocasiones, matar a manifestantes, los colectivos armados también han estado supuestamente implicados en casos de saqueo y de arresto de manifestantes». Estos grupos paramilitares «operan con el consentimiento de las fuerzas de seguridad y de las autoridades locales, y en ocasiones en coordinación con las mismas.»
Conclusiones
El documento concluye que se aplicó «una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones». «El uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva… y la detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos denota que no se trata simplemente de actos ilegales o insubordinados de funcionarios aislados», lo que prefigura delitos de Lesa Humanidad. Esto es importante pues la OEA comienza una serie de consultas para determinar si hay fundamentos para llevar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional. El informe solicita al Consejo de DD.HH. que examine tomar medidas para evitar que se agrave la situación en Venezuela. Que esto suceda está en veremos por la composición del ese órgano de la ONU, donde cohabitan una mayoría de gobiernos violadores de estos derechos.