Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, son los 12 países hasta ahora manchados por la trama de corrupción más grande en la historia de Iberoamérica: el caso Odebrecht, que recientemente ha salpicado también a algunas empresas españolas que están siendo investigadas.
A mediados de 2015, el multimillonario y más poderoso empresario de Brasil, Marcelo Odebrecht, fue arrestado en su mansión de Sao Paulo, y el miedo se apoderó de las cúpulas políticas y financieras de casi todos los gobiernos de la región. Y con razón, pues algunos meses después de este hecho, el señor Odebrecht aceptó el trato del Gobierno: reducir su condena 10 años si comenzaba a dar nombres, a contar cosas, a explicar la trama de la A a la Z. Trama que involucra a presidentes, ex presidentes, ministros, líderes políticos y económicos y empresarios iberoamericanos con sobornos multimillonarios, financiación ilegal de campañas electorales, y pare usted de contar.
Un personaje que está en las lides políticas colombianas y que prefiere permanecer en el anonimato, comentó a El Nuevo País y Zeta que “leyendo discursos de Cicerón encontré esta frase en forma de pregunta: ‘¿quién respetaría la virginidad de algunas de las inquilinas de un prostíbulo?’, para hacer referencia a que unos pocos hombres no podían salvar una institución viciada y a que la gente no los reconocería como virtuosos. Pensé en la política y en la justicia. Lo más grave es que soy de los que cree que en su gran mayoría las personas no quieren cambiar el estado de las cosas. Quieren cambiar los nombres de las personas para tener oportunidad de que el suyo aparezca”. Esto es lo que ha pasado en la historia de la política iberoamericana por décadas. Le llaman “cambio” y se vende muy bien en campaña.
En Venezuela, por ejemplo, en el año 1998 el teniente coronel del Ejército que había intentado un golpe de Estado seis años atrás y que ahora era candidato a la presidencia que luego ostentó hasta su muerte, 15 años después, se ganó al pueblo venezolano, entre otras cosas, por su énfasis en el discurso de acabar con la “cúpula” corrupta que había estado gobernando al país los últimos 40 años. Ahora los acusados por corrupción son ellos.
En Argentina, por su parte, siempre se creyó que la corrupción estaba ligada a los 13 años de kirchnerismo, hasta que Odebrecht salpicó al actual presidente -de ideología completamente opuesta-, Mauricio Macri.
Otra cosa muy común es “hacerse el loco”, como ha pasado en Colombia, cuando el gerente de campaña del presidente Juan Manuel Santos declaró públicamente que la campaña de 2010 fue financiada con dinero de Odebrecht, a lo cual Santos contestó que desconocía la operación.
El caso de Ecuador trae a colación a España. Y es que la acusación contra el Gobierno latinoamericano es que recibió pagos irregulares durante 9 años, a lo cual el Ejecutivo ha pedido ayuda a España para tomar declaración al abogado detenido en suelo ibérico, Rodrigo Tacla Durán, a quien Odebrecht usaba presuntamente para las comisiones que, una vez blanqueadas, se transferían a políticos corruptos del Ecuador.
En España el caso no está tan claro: las Fiscalías de Colombia y Ecuador han acordado hacer una investigación conjunta sobre la conexión entre la constructora brasileña Odebrecht y la española Acciona, bajo sospecha de repartirse contratos en ambos países. La empresa que preside José Manuel Entrecanales rechaza las supuestas irregularidades. “No existe ningún tipo de relación, ni causal ni temporal, entre ambos concursos”, aseguran fuentes autorizadas de Acciona en el portal hispanidad.com.
En Venezuela, los pagos irregulares de Odebrecht fueron de 98 millones de dólares a varios intermediarios que aseguraban tener acceso directo a compañías públicas a través de las cuales la constructora brasileña pretendía obtener información confidencial sobre proyectos y garantizarse así la adjudicación de los contratos.
Otro de los países latinoamericanos que más afectado se ha visto con este caso, es Perú. Odebrecht reconoció el pago de sobornos por US$29 millones a funcionarios públicos del Perú entre los años 2005 al 2014, periodo que comprende a los gobiernos de los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), este último en prisión desde julio de este año. En ese lapso de tiempo, la empresa ganó US$143 millones, según el documento publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a finales de 2016.
Habla el ex procurador del caso Fujimori
Para tratar el caso de Perú, Revista Zeta ha contactado en exclusiva a Don Antonio Maldonado, ex procurador adjunto en los casos de Fujimori y Montesinos, quien nos ha hablado sobre las consecuencias de esta trama de corrupción en la democracia peruana, sobre la cultura política y ciudadana de los peruanos y sobre los retos del presidente Kuczynski.
“La desconfianza de la ciudadanía peruana en sus instituciones públicas, está bastante enraizada en la conciencia social. Pero hay, a la vez de la desconfianza, una gran tolerancia, una gran aceptación a la corrupción, en especial a la gran corrupción. El peruano se queja del robo de los celulares, de los asaltos a mano armada, de los robos en los restaurantes, pero tiene una gran tolerancia al tipo de criminalidad que más daño hace, que es la criminalidad de cuello blanco; yo diría que el país está sufriendo colectivamente de Síndrome de Estocolmo, es decir, sufre la corrupción de manera masiva, pero a la vez se solidarizan con los corruptos cuando las investigaciones son rigurosas, cuando los jueces actúan como deben actuar. Entonces hay un país enfermo de desconfianza, pero también enfermo de tolerancia frente a la corrupción”, estas fueron las palabras iniciales de Maldonado.
El exprocurador también afirmó que la trama Odebrecht ha traído y seguirá trayendo grandes problemas para todos los peruanos, en distintas áreas y a distintos niveles. “El Perú, a raíz del impacto del caso de Odebrecht y sus satélites asociados, está pasando por un prueba fundamental, una prueba gravísima que va a definir su futuro incluso como República, es decir, la manera como es el país y su pueblo reaccionen ante la gran corrupción, es la que va a definir su futuro como país. Estamos hablando de lo que esto significa para una nación como proyecto de desarrollo, como un proyecto de país. Hay una explicación sociológica de por qué Odebrecht tuvo tanto éxito en el Perú, y tiene que ver con la historia de corrupción que tenemos. Odebrecht estaba encantado con el Perú porque en el Perú todo se puede hacer sin consecuencias. Entonces, evidentemente el Gobierno está tratando de poner freno a esta situación, está tratando de cambiar las reglas de juego, está tratando de que el país asuma estándares elevados anticorrupción, pero el problema sigue latente y el desafío sigue pendiente. Es un desafío para las instituciones de la administración de justicia, para el Ministerio Público, es el desafío de si estará a la altura de investigar con rigor a todos los líderes políticos, que se presume como hipótesis de investigación, estuvieron vinculados con Odebrecht”.
Maldonado hizo énfasis en las graves consecuencias del caso Odebrecht para la calidad democrática de Perú y aseguró que al país andino le falta todavía mucho camino por recorrer en este sentido: “El fenómeno de la corrupción política rompe el principio en el que se basa un régimen democrático, que esencialmente es un voto y una participación ciudadana que se expresa en ese voto. Pero esa ecuación se rompe totalmente cuando estamos frente a la corrupción, porque entonces lo que interesa son los parámetros de la influencia del dinero en los partidos políticos, y el Perú en ese sentido está muy retrasado”.
Ante la difícil situación que enfrenta Perú, con tres ex presidentes claramente implicados en esta trama de corrupción, Maldonado considera que el actual mandatario, Pedro Pablo Kuczynski tiene un gran desafío por delante: “Su principal reto es recuperar el liderazgo en la lucha contra la corrupción, y no solo se trata de promover normas sectoriales, por ejemplo dentro del ámbito del Ministerio de Justicia y DDHH; se trata también de la relación con otros líderes sobre los cuales caen graves sospechas de involucramiento en corrupción. Por ejemplo, el Presidente de la República prácticamente abdica de su poder y del cargo con el cual lo ha ungido la República, cuando se decide a negociar con la Sra. Keiko Fujimori, ¡eso es inaceptable! La Sra. Keiko Fujimori lidera un partido que hace tiempo ha demostrado que no es más que una falsa oposición. Es un partidillo que no ha entendido que no han logrado ganar las elecciones y que pretende ejercer un gobierno de facto en el Perú. Pero además, hay graves y serias investigaciones contra ella en particular y contra su entorno familiar. Entonces el Presidente Kuczynski tiene que decidir cómo pasa a la historia: si como un presidente más que permitió que la corrupción continuara, o como un líder valiente, riguroso, que enfrenta la corrupción con energía y con decisión”, expresó.
Para finalizar, Maldonado reiteró un mensaje para Perú, que debería ser para todos los Gobiernos del mundo: “Lo más importante es enfrentar la impunidad. La lucha contra la corrupción no es un fin en sí mismo, sino que es un medio a través del cual el estado y la sociedad enfrentan la impunidad. El futuro del estado de derecho del régimen democrático depende de cómo las instituciones de la justicia enfrenten -por vía de investigaciones rigurosas y sanciones ejemplares- a todos los líderes que estuvieron involucrados en estos casos. Dice la ironía que Odebrecht ha logrado lo que los líderes de América Latina no han logrado los últimos años, que es unir las Repúblicas en torno a un objetivo común: enfrentar la corrupción”.