En la mañana del jueves comenzaron conversaciones entre Gobierno y oposición en República Dominicana. Crecen señales del mal gobierno.
Aunque el Gobierno de Nicolás Maduro insistía este jueves en presentarse como el que tiene la sartén por el mango en las conversaciones preliminares sobre nuevo diálogo con la oposición, lo cierto es que la comunidad mundial, incluidos los organismos internacionales, han mostrado claramente que lo que persiguen es una solución pacífica a la situación en Venezuela, donde no quieren que se instale un régimen como el de Cuba.
En esta nueva ronda de conversaciones en República Dominicana, con auspicio del gobierno de Francia, los representantes del gobierno de Maduro deben entender que las condiciones actuales no son las mismas de la anterior etapa cuando utilizaron al Vaticano y no cumplieron con lo planteado en la mesa. Los mediadores, especialmente José Luis Rodríguez Zapatero, deben mostrarse menos sumisos a lo que diga el gobierno y exigir garantías de seriedad a sus enviados.
Julio Borges advirtió el miércoles antes de llegar a Santo Domingo que para que haya diálogo es necesario que se cumplan las condiciones establecidas por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que incluyen la publicación de un cronograma electoral completo con las presidenciales incluidas, la liberación de los dirigentes políticos detenidos, el levantamiento de las inhabilitaciones, el respeto a la Asamblea Nacional y la atención a la situación económica y social del país. Borges agregó que debe haber acompañamiento internacional.
Julio Borges conversó al respecto con el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, quien en la noche de ese miércoles informó que las conversaciones entre las partes comenzarían este jueves a partir de las 9:00 de la mañana y precisó: «Lo único que podemos decir es que esta noche escuchamos a las partes y estamos en el proceso de construcción de una agenda».
A pesar de la mala experiencia anterior, la comunidad mundial enfatiza que el diálogo sincero, honesto y sin triquiñuelas es el camino para evitar males mayores en Venezuela.
Señales de mal gobierno
Además de decenas de denuncias ante organismos internacionales por violaciones a los derechos humanos, corrupción, fomento del narcotráfico y agresión a poderes públicos legítimos como la Asamblea Nacional, cada día surgen más señales que muestran las secuelas de un mal gobierno como el de Nicolás Maduro.
La Fiscal Luisa Ortega Díaz reveló esta semana a NTN24 de Colombia que en los últimos dos años han ocurrido en Venezuela 505 ejecuciones extrajudiciales y la denuncia fue entregada a organismos internacionales.
El informe del Foro Penal Venezolano correspondiente a agosto indica que en 4 meses de protestas -luego de la implementación del Plan Zamora- 726 civiles fueron juzgados en tribunales militares, de los cuales 418 perdieron la libertad.
Agrega el informe que el Ministerio Público solo reconoció 110 de esos detenidos. El fiscal designado por la Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, informó el 25 de agosto que de esos casos, 84 serían remitidos a tribunales ordinarios, pero los tribunales militares han acatado eso en muy pocos expedientes.
Mientras el Gobierno gasta millones de dólares en propaganda, incluyendo en diarios norteamericanos, y en giras del presidente Maduro y su canciller para tratar de desmentir todo lo que el mundo sabe, los servicios públicos y las empresas básicas del país van de mal en peor. La falta de mantenimiento y la corrupción destrozaron a Pdvsa, Sidor, Edelca, así como los servicios de electricidad, agua, telefonía, fija y móvil, además del sistema de Internet. Se acumulan denuncias sobre el mal servicio del sistema Aba de Cantv en varias regiones y zonas de Caracas. El sistema de salud tampoco se salvó de este huracán político. Las denuncias son abundantes, incluso en medios pagados con dinero del Estado.
Como botón de muestra esta semana se agravó la tragedia del Lago de Valencia tantas veces anunciada sin que el Gobierno tomara las mínimas precauciones.
A eso hay que sumar que el Gobierno tampoco tomó en cuenta las advertencias sobre la inestabilidad del terreno donde en 2010 construyeron 37 edificaciones de la Gran Misión Vivienda Venezuela en Petare y ahora ordenaron el desalojo de 600 familias porque los edificios están a punto de derrumbarse después de las intensas lluvias y el temblor de 4.5 que sufrió Caracas la semana pasada.
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, quien se encuentra en el exilio tras la persecución del régimen, denunció que lo sucedido con el mencionado complejo habitacional es el ejemplo de «la corrupción e ineptitud del gobierno de Maduro» y agregó en su cuenta de Twitter: «Para ellos las necesidades de los venezolanos son un negocio».
Con motivo del Día Mundial de la Arepa, muchos comentaron la ausencia de harina de maíz en Venezuela para preparar nuestro típico manjar y muchos coincidieron en que esa es una de las consecuencias de un gobierno injerencista que se empeña en repetir el modelo fracasado de controles en la economía y restricciones a la propiedad privada. Tal apreciación se agravó con el anuncio de que solo serán vacunados los niños que tengan el carnet de la patria. Los errores económicos son tan evidentes que en la Asamblea Constituyente hay varios integrantes que comentan abiertamente que las medidas anunciadas por el Gobierno contra la crisis económica «no son viables».
Entrevistada por la agencia Al Jazeera, la presidenta de la cuestionada Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, admitió: «Autocríticamente, no pudimos y no supimos diversificar la economía en momentos de bonanza petrolera, se intentó, pero es un modelo que está tan arraigado culturalmente en el pueblo venezolano, que ese modelo no se superó y entró en crisis. Eso nos hizo vulnerables».
Frente a todas las gestiones en proceso buscando una salida menos traumática a la crisis económica, social y política que sufren los venezolanos, no hay que dejar de lado lo dicho esta semana por el secretario adjunto de Estado de EEUU para Seguridad y Lucha Antinarcóticos, William Brownfield, quien cree que no habrá «solución democrática» para esa crisis «mientras el narcotráfico siga penetrando por completo cada uno de los estamentos de poder, incluido el propio gobierno de Nicolás Maduro».
Brownfield dijo: «La primera vez que me impliqué en Venezuela fue en 2004 cuando llegué como embajador de Estados Unidos. En ese momento, hubiera dicho que el narcotráfico estaba empezando a penetrar en altos niveles del gobierno de Venezuela, en las instituciones de seguridad, de cuerpos policiales y de Justicia» y añadió: «Ahora han pasado 13 años y diré que el narcotráfico ha penetrado completamente cada institución de seguridad, cada cuerpo policial y cada institución judicial de la República Bolivariana de Venezuela».
Para complicar más el asunto, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) advirtió que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) «ha dejado de actuar como una corte independiente que aplica la ley y el orden y se ha convertido en un brazo de un Ejecutivo autoritario».