La desproporcionada y brutal actuación policial presentada en algunos centros de votación en Cataluña durante la ilegal, pero no menos legítima votación soberanista del pasado domingo 1º, contextualizada con el próximo anuncio de una proclamación unilateral de la República catalana por parte del gobierno autonómico, arrojan imprevisibles escenarios de un conflicto cada vez más abierto y cuyas repercusiones sin duda trastocarán las bases constitucionales del Estado federal español.
Por ROBERTO MANSILLA BLANCO
Corresponsal en España
Los sucesos del pasado domingo 1º de octubre en Cataluña, acaecidos durante la celebración de la consulta popular soberanista y la brutalmente inédita actuación de los cuerpos de seguridad estatales, dejan entrever que el desafío independentista catalán supone un punto de inflexión de consecuencias inciertas para el futuro del Estado federal español.
Las imágenes de cuerpos policiales y de seguridad estatales arremetiendo violentamente contra votantes pacíficos que ejercían su derecho en diversos centros de votación, activó un frontal impacto a nivel mundial, y principalmente europeo, que dejan al gobierno español y su homólogo catalán en una compleja situación.
Lea también: Transición venezolana ajusta Asamblea en Europa
Según fuentes de la Generalitat, aproximadamente 800 personas fueron golpeadas por las arremetidas policiales. Dos de ellas están en estado de gravedad. Estas imágenes crearon un elevado nivel de indignación tanto en España como en Europa, lo que para algunos fue incluso interpretado como el regreso de «fantasmas» del pasado franquista.
Tras estos incidentes, los marcos de negociación entre el gobierno de Mariano Rajoy y la Generalitat catalana están visiblemente cerrados. Toda vez, el presidente de la Generalidad de Cataluña Carles Puigdemont anuncia para los próximos días la petición ante el Parlamento catalán de la proclamación unilateral de la República catalana y le pone una fecha: el 9 de octubre 2017.
Lea también: Pyongyang renueva su amenaza de incendiar el Pacífico
Crisis sin final previsible
La crisis institucional y política catalana viene dominando una buena parte del espacio político español desde que en 2010, el ex presidente catalán Artur Mas iniciara el proceso soberanista. Lo hizo a sabiendas de la imposibilidad constitucional para llevarlo a cabo, aunque también es cierto que buscando un acuerdo político con Madrid para evitar un conflicto de poderes imprevisible.
Amparado en el ejemplo escocés del referendo soberanista de septiembre de 2014, dos meses después, en noviembre de ese año, se celebró un primer referendo soberanista en diversas localidades catalanas. No fue hasta finales de 2015 cuando Puigdemont, sucesor de Mas al frente de la Generalitat, anunció el progresivo proceso de «desconexión democrática» con España, a través de la consulta soberanista unilateral que se celebró el pasado domingo.
Desde el punto de vista constitucional, la consulta catalana está viciada de ilegalidad. La Constitución española de 1978 no permite los referendos soberanistas. No obstante, las aspiraciones independentistas catalanas siempre han estado presentes, conformando un amplio espectro dentro de la sociedad catalana, aspecto que le confiere a sus demandas un inevitable carácter de legitimidad.
Con todo, los meses previos a la consulta fueron un tira y afloja sin precedentes entre el poder central y el poder autonómico, ambos representados en Rajoy y Puigdemont. Los mismos evidenciaron el divorcio político entre España y Cataluña. Ni siquiera el atentado terrorista yihadista en Barcelona del pasado mes de agosto supuso un punto de conexión y de concordia. Ninguno de los dos líderes políticos estaba dispuesto a ceder.
Puigdemont y sus aliados políticos Junts pel Si y especialmente la CUP, prosiguieron adelante con el desafío soberanista. Toda vez, Rajoy activó el plan de contingencia con el envío a Cataluña de unidades de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Con la tensión palpable en las calles, el conflicto estaba servido.
La brutal arremetida policial en algunos centros de votación el pasado domingo tiene diversas lecturas que han sido inevitablemente apropiadas por los intereses políticos. Las imágenes de votantes indefensos ensangrentados por las cargas policiales indignaron a gran parte de la sociedad española y principalmente europea, tal y como se reflejó en las portadas de los diarios al día siguiente. Incidentes de este tipo no se veían en España desde hace décadas.
Para Rajoy y las instituciones del Estado, la arremetida policial evitando una consulta considerada ilegal supuso un eje de fuerza que confirmaba el cumplimiento de la ley.
Toda vez, para Puigdemont y sus partidarios, esa represión desproporcionada también le confiere réditos políticos, ya que tienen ahora las bases necesarias para acusar al Estado español de «antidemocrático» para buscar simpatizantes exteriores que pudieran eventualmente respaldar la anunciada independencia unilateral.
Un proceso dudoso
Las cifras presentadas por la Generalitat también dejan ciertas dudas sobre el proceso. Sobre un censo electoral de 5.343.358 personas (Cataluña tiene 7,5 millones de habitantes), se contabilizaron un total de 2.262.424 votos, lo cual corresponde a un 42% del padrón electoral. Por lo tanto, la abstención se fijó en un 58%. De estos votos, el 90,09% fueron obviamente favorables a la independencia.
En todo caso, la consulta del pasado domingo tuvo menos participación que la de 2014, en la que votaron 2.3 millones de personas. Esto se debe probablemente a la presión de las fuerzas de seguridad y a las irregularidades del proceso comicial.
Sólo la Generalitat y diversas instituciones autonómicas catalanas garantizaban un cierto nivel de legalidad en la logística del proceso de votación, improvisado a última hora ante las presiones estatales y la actuación de los servicios de seguridad. Incluso, diversas fuentes informaron que la irregularidad del proceso electoral permitía a varios votantes ejercer la votación varias veces en diversos centros habilitados.
Este carácter de improvisación, en gran medida forzado, deja la consulta catalana en un limbo de ilegalidad irónicamente provisto de ciertos visos de legitimidad. Sí hubo votación pero en condiciones irregulares. En este sentido, la votación supone un eje de presión política por parte de la Generalitat contra el Estado español, pero que claramente se ha visto empañado por la represión policial y las irregularidades del proceso.
Qué puede venir
Puigdemont ya anunció el domingo en la noche que, en los próximos días, se presentarán los resultados en el Parlamento catalán y se proclamará la independencia unilateral. Este acto, provisto de evidentes elementos de irresponsabilidad política ante la ilegalidad y las irregularidades de la votación así como la elevada abstención, anuncia un quiebre y un punto de no retorno que pone en peligro la consistencia del modelo federal español.
La respuesta del gobierno español sería la inédita activación del artículo 155 de la Constitución, que prevé la suspensión del Estatuto de Autonomía catalana ante el incumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Lo que quiere decir que el Estado español tomaría para sí temporalmente todas las atribuciones autonómicas de una Generalitat catalana suspendida en sus funciones. De activarse, este contexto profundizaría la polarización y la fractura social en Cataluña, así como incrementaría las posibilidades de radicalizar el conflicto político.
El escenario de la negociación parece aparentemente cerrado, pero es muy posible que se abra ante las imprevisibles consecuencias de una proclamación unilateral de la República catalana independiente.
Por sus respectivas declaraciones, tanto Rajoy como Puigdemont parecen dejar este aspecto, el de la negociación, en manos de una Unión Europea que si bien ha respaldado la legalidad constitucional española, ha arremetido duramente contra Rajoy por la represión policial.
Este hecho parece más visible en el caso de Puigdemont. El presidente catalán pidió este martes 3 de octubre a la Unión Europea la posibilidad de mediación para encontrar una solución con el gobierno español sobre el futuro catalán. Pero la indignación en Cataluña por la represión policial parece interpretar otra lectura: que los catalanes ya no quieren formar parte de España.
La proindependentista organización Asamblea Nacional Catalana (ANC) interpreta la petición de Puigdemont de mediación como una llamada para el reconocimiento de la UE de un eventual Estado catalán. Esto podría abrir camino de una negociación con Madrid vía Bruselas. Pero la misma también tiene riesgos para Puigdemont, en particular por parte de sus apoyos políticos.
La indignación social en Cataluña ante la represión policial está radicalizando el espectro político catalán, lo cual podría superar incluso las pretensiones de Puigdemont de incluir a la Unión Europea como mediador. Esto podría dejar como única opción de «negociación» la separación catalana de España.
El Discurso del Rey
En todo este escenario llamaba la atención el silencio de la Casa Real española ante un hecho que amenaza la integridad estatal. Con todo, el Rey Felipe VI se pronunció este martes 3 a través de una alocución televisiva, llamando a preservar la legalidad constitucional. Aseguró que el país vive una situación de «extrema gravedad».
La tardanza en responder por parte de la monarquía puede tener consecuencias igualmente imprevistas. Expertos en Derecho Constitucional aseguran que el desafío catalán trastoca los cimientos del Estado federal y autonómico instaurado desde 1978, pero que en el fondo es igualmente un desafío al modelo de Estado, el de la monarquía constitucional.
En diversos sectores se especula con una reforma constitucional en el horizonte que, ante el contexto actual, puede lucir como inevitable. Si bien la clase política española prácticamente ha cerrado filas ante el desafío soberanista catalán, el impacto de las imágenes de represión en centros de votación y el surrealista camino de la independencia unilateral catalana pueden persuadir al establishment político e institucional español a buscar un nuevo pacto político que permita acometer esa posible reforma constitucional.