El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, ha dado su tan esperado discurso ayer martes en el Parlament, ante la expectativa de sus compañeros diputados (a favor y en contra de la independencia) y ante la angustiosa y eufórica espera de cientos de manifestantes a las afueras del recinto gubernamental.
Luego de un discurso que comenzó con la cabeza gacha, como dando explicaciones, volviendo la vista a la historia del conflicto catalán, Carles Puigdemont cumplió con todos: Declaró la independencia, pero luego pidió suspender sus efectos para entrar en una fase de diálogo con La Moncloa.
“Con los resultados del 1 de octubre, Cataluña se ha ganado el derecho a ser un Estado Independiente (…) Pido al Parlament suspender los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos el diálogo”. Diálogo sobre el cual se expresó minutos antes, asegurando que la respuesta del Gobierno ha sido “una negativa radical y absoluta y combinada con la persecución de las instituciones catalanas”. Para luego agregar, en perfecto castellano “No somos unos delincuentes, ni unos locos, ni golpistas, ni abducidos. No tenemos nada contra España y los españoles”, como si de australianos -por decir algo- se tratara. Pero terminó esta parte bajando la guardia: “Nos queremos reentender mejor”, dijo.
Y entonces sus socios independentistas de la CUP se quedaron pálidos. No porque no se lo esperaran, sino porque -supongo- pensaban que el presidente catalán llegaría hasta el final de lo que ha encabezado con tanto ahínco. Pero no fueron los únicos defraudados: las decenas de catalanes independentistas que se apostaban a las afueras del Parlament, se miraron unos a otros sin saber si aplaudir mirando en las pantallas gigantes a su líder declarar la independencia, o si caerle a trompadas a las mismas pantallas, por la frase que siguió.
Pero es que no podía hacer otra cosa. Sus aliados políticos le exigían no dejar a un lado la independencia, y hacerlo directamente le podría costar su “carrera” política -de hecho, luego de que Puigdemont suspendiera los efectos de esa independencia, la CUP ya se desmarcó del presidente catalán y eso, seguro, traerá sus consecuencias más temprano que tarde-. Pero el Gobierno Central, la Unión Europea y las empresas le lapidarían (cada cual a su forma y a su modo) si seguía adelante por el precipicio de una declaración de independencia unilateral, ilegal e inconstitucional.
Pero entonces, ¿hay o no hay independencia? Si. Y no. Puigdemont ha declarado la independencia, de eso no hay duda. Lo que ha hecho es dejar en suspenso sus efectos, es decir, la aplicación de la ley de transitoriedad jurídica, que fija la desconexión real de Cataluña del resto de España. Los diputados independentistas que tienen la mayoría absoluta del Parlament (la CUP y Junts pel Sí) firmaron un documento que proclama “la república catalana, como Estado independiente”. Pero ese documento puede no tener validez jurídica, ya que ni se votó ni se registró en el Parlament. Fue algo más bien simbólico, como todo lo que gira siempre en torno a la “Patria” y todos sus significantes y significados.
La respuesta de los principales partidos constitucionalistas no se hizo esperar. La primera en subir al atril del Parlament luego que lo abandonara Puigdemont, fue su más nueva y también más acérrima detractora política, Inés Arrimadas, diputada de Ciudadanos, quien ha comenzado calificando la intervención del President como la «crónica de un golpe anunciado» y además ha dejado claro que no acepta «una declaración de independencia en diferido, suspendida o a plazos» porque «sigue siendo una declaración, un golpe al sentido común”. Pero eso no es todo. Luego de un duro discurso contra el líder secesionista, Arrimadas ha sentenciado: “Ustedes son el peor nacionalismo que ha existido en Europa”.
Por su parte, Miquel Iceta, el diputado socialista ha sido bastante claro con Puigdemont: “No puede suspender una declaración de independencia que no ha hecho”, sin dejar de un lado el tema del conteo del 1 de octubre: “El 38,47% no es el pueblo de Cataluña y una minoría no puede imponerse a la mayoría”, frase que, además, ha repetido en varios idiomas para luego rematar pidiendo una solución que, aseguró, pasa por convocar elecciones autonómicas en Cataluña.
En definitiva, un pleno parlamentario que ha sido menos de lo que todos esperaban y más de lo que podía sobrellevar el propio Puigdemont. Ahora quedan en el aire las preguntas fundamentales: ¿Cuánto tiempo va a durar la suspensión de la puesta en marcha independentista? ¿Va el Gobierno Central a aplicar el artículo 155 de la Constitución que llama a tomar “las medidas necesarias” si alguien rompe el hilo constitucional? ¿Cómo le cobrará la CUP al president este desplante de quebrar su propia ley inventada, mediante la cual debían pasar solo 48 horas para declarar la independencia luego del 1 de octubre? ¿Va la justicia española a aplicar la ley constitucional a los secesionistas? Y lo más importante: ¿Cómo se va a reconstruir una sociedad quebrada como la que tiene hoy Cataluña, en la que, contrario a lo que dice Puigdemont, sí hay odio hacia España y los españoles?
Amanecerá y veremos.
Mientras tanto, el Gobierno de Mariano Rajoy, ha dado un plazo a Puigdemont para que diga si ha declarado o no la Independencia en Cataluña, pues de esa respuesta dependerá la aplicación del artículo 155 de la Constitución que le da la potestad al Gobierno de llevar a cabo «las medidas que sean necesarias» para resguardar el Estado de Derecho, en otras palabras, disolver el Gobierno catalán y convocar elecciones autonómicas.
Rajoy le ha dado hasta el lunes 16 de octubre al president para que aclare si ha declarado la Independencia. Si dice que sí la ha declarado, el Gobierno le da otro plazo de tres días más para que revoque esa declaración y si no lo hace, entonces se aplicará el referido artículo. Si, en cambio, no contesta de aquí al lunes 16, se entenderá que sí la ha declarado y se procederá de la misma manera. Y si dice que no la ha declarado, entonces… vuelta a empezar.
La pelota vuelve a estar en el tejado de los independentistas. O rectifican, o les caerá todo el peso de la ley.