Dos votaciones ocurrieron este viernes en España, ambas en relación con la secesión de Cataluña. El Parlamento catalán votaba la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), la cual fue aprobada con 70 votos a favor; minutos después el Senado votaba -luego de seis horas de debate- para aprobar la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, que le permite al Estado Nacional “tomar las medidas necesarias” para restaurar la legalidad en una Comunidad Autónoma que amenazara el Estado de Derecho; esta aplicación fue aprobada con 214 votos a favor.
Los catalanes independentistas en el Parlamento y en las calles, celebraron con euforia, aplausos, lágrimas y bailes, haber logrado su cometido. En algunos ayuntamientos catalanes, en un acto de pura reacción, sin pensarlo, fueron descolgadas las banderas españolas. Pero no en la Generalitat, sede del Gobierno catalán, donde se apostaron cientos de ciudadanos en apoyo a la recién declarada República Catalana. Esperaban a su líder, a su President, a su héroe. Pero Puigdemont se marchó por la puerta trasera, en cuanto Mariano Rajoy diera su discurso oficial desde La Moncloa, anunciando que la aplicación de las medidas aprobadas por el Senado, comenzaban en ese mismo instante con tres acciones fundamentales -entre otras-: la disolución del Parlamento catalán, el cese del Presidente catalán, el vicepresidente y los consejeros, y la convocatoria de elecciones autonómicas en Cataluña para el día 21 de Diciembre.
¿Qué significa todo esto, cómo se cesa a un Presidente autonómico, quién asume sus funciones, cómo va a operar el parlamento catalán? Son algunas de las preguntas que se hacen los españoles y el mundo entero. Veamos, las medidas aprobadas le dan al Ejecutivo, específicamente al presidente español, Mariano Rajoy, las funciones y competencias que corresponden al presidente de la Generalitat de Cataluña y Rajoy, a su vez, ha delegado estas funciones en la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, hasta que se juramente el nuevo presidente catalán, en las elecciones que ha convocado Rajoy para el día 21 de diciembre, en las cuales las circunscripciones electorales de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona elegirán, respectivamente, a 85, 17, 15 y 18 diputados y cuya campaña electoral durará 15 días a partir del 5 de diciembre de 2017 a las 00.00 (hora local) y hasta el día 19 de ese mismo mes.
Por su parte, Puigdemont, deberá abandonar su cargo una vez que sea publicado su cese en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y si no lo hace podría incurrir en un delito de usurpación de funciones, que está debidamente tipificado en la Ley española. Asimismo, quedan destituidos los once consejeros del Gobierno catalán, cuyas funciones asumirán los ministerios. La publicación del BOE incluye, además, la disolución del Parlamento de Cataluña, elegido el 27 de diciembre de 2015 y que seguirá como parlamento en funciones bajo supervisión del Senado español.
En criollo: “Tanto nadar para morir en la orilla”. El conflicto catalán tiene siglos de historia. Muchos han luchado por irse de España y muchos otros por quedarse. Argumentos han ido y venido de Barcelona a Madrid en defensa de una u otra postura. Los últimos años más. Los últimos meses más. Los últimos días, mucho más. Pero es que este asunto no se trata, como intentaron hacer creer el expresidente catalán Artur Mas y el actual -hasta ayer- presidente Carles Puigdemont, de parapetos democráticos como el ocurrido el 01 de octubre, ni de malcriadeces políticas como la del 10 de octubre, ni de pulsos al Estado de Derecho y a la Democracia, como lo ha sido todo este proceso. Puigdemont, como todo populista, decidió transitar por un camino de carbones ardiendo. Y se ha quemado los pies. ¿Que hay catalanes que se quieren separar de España? seguramente que los hay, pero entonces habría que preguntar las razones reales (no las aprendidas de memoria y repetidas cientos de veces a ver si se vuelven ciertas) y sentarse en una mesa a trabajar en la posibilidad de transitar por un camino legal que les conduzca a donde quieren llegar. Y si son minoría, como parece, entonces no podrán separarse, pero podrán negociar sus anhelos de reconocimiento y llegar a acuerdos que sean beneficiosos para el conjunto de los españoles y también para los catalanes que se sienten distintos (y que probablemente lo sean).
En definitiva, estas medidas son inéditas en España. No hay precedentes y seguramente este que se está creando sea determinante para el Estado de Derecho y las Libertades fundamentales del pueblo español. Pero ojalá esto sirva, sobre todo, para que los catalanes se reconozcan en sus compatriotas españoles y viceversa. Porque la política se negocia, la economía sube y baja, pero una sociedad fracturada puede pasar una eternidad haciendo daño a generaciones y generaciones, sin que éstas siquiera logren entender el origen del conflicto. Ojalá, por una vez, los políticos piensen en la gente. La Libertad es responsabilidad. No lo olvidemos, todos.