La Asamblea Nacional Constituyente ha ido emergiendo como un nuevo centro institucional que valida las decisiones del poder político.
La alta tensión en la que ha transcurrido la pugna por el poder político en el país ha conducido a una suerte de desenlace en el que se ha constituido un nuevo poder. Es, por supuesto, un proceso, pero los elementos esenciales ya se han expresado y comienza a verse una nueva institucionalidad y una nueva legalidad, que prolonga y se combina con las formas anteriores.
Hasta ahora, ningún sector disponía de los elementos suficientes de lo que se considera una hegemonía, es decir ni de una auténtica capacidad coercitiva, ni de domino de los engranajes del poder ni de un consentimiento sólido. En el transcurso de 2017 esto ha basculado, en una medida significativa, a favor del sector gubernamental.
Al intentar la oposición ascender al poder por medio de una estrategia de derrocamiento y al no alcanzar su objetivo, la balanza se inclinó hacia el Gobierno en varios planos. Uno de ellos, el militar, puesto que quienes estaban comprometidos con la insurgencia fueron vencidos, los indecisos neutralizados y el estamento militar como conjunto se acopló con menos vacilaciones al eje político dirigente del país.
Los acontecimientos de abril a julio también tuvieron un impacto en el estado de ánimo de la población que ha venido sufragando por la oposición, pues se generó desconcierto y desconfianza en la dirección y esto se tradujo en una inclinación de amplios sectores a no participar en nuevos eventos políticos, como concentraciones de calle o consultas electorales. En ese clima se celebraron las elecciones de gobernadores.
En el transcurso de estos eventos algunas instancias de la institucionalidad fueron perdiendo peso, se desvencijaron o fueron removidos sus mandos, como ocurrió con la Asamblea Nacional o el Ministerio Público. Simultáneamente ha ido emergiendo un nuevo centro institucional, la Asamblea Nacional Constituyente, a través del cual se validan las decisiones del poder político y a partir de la cual se ha ido construyendo un nuevo marco jurídico y una nueva legalidad a los que son obedientes y están subordinadas los aparatos de Estado que detentan la fuerza física: la Fanb y las policías.
Frente a esta nueva institucionalidad y legalidad que se ha creado luego de las modificaciones señaladas en la correlación de fuerzas, en la oposición se han abierto las aguas. De un lado, una corriente más dispuesta a hacer parte del nuevo sistema y que centra el esfuerzo en su expansión electoral progresiva y en la presencia que pueda ir alcanzando en las instituciones. Es el caso de los partidos que han decidido participar en las elecciones de alcaldes, como UNT, AP, Copei, MAS. Por otro lado, tenemos una corriente que corresponde a los que se denomina “fuerzas extrainstitucionales”, que en este caso concreto harían referencia a las organizaciones que se sitúan al margen del sistema, e intentan derrumbarlo desde el exterior de éste. Así es la situación de partidos como PJ, VP y LCR. Otros partidos, como AD, están en el limbo, a la espera de decisiones definitivas.