Leopoldo Puchi considera que lo razonable en las negociaciones que se realizan en República Dominicana es que el Gobierno y la Oposición logren un acuerdo de convivencia de corto y largo plazo.
Las negociaciones que se desarrollan en República Dominicana se inscriben en un proceso más amplio de lucha por el poder entre los factores en pugna en Venezuela. Cada uno tiene sus aspiraciones particulares. Del lado gubernamental, mantenerse en el poder los próximos años. Del lado opositor, acceder a ese poder y conservarlo por el mayor tiempo posible.
Sin embargo, ninguno de los sectores de la contienda dispone de la fuerza necesaria para imponer plenamente su interés, independientemente de quién resulte ganador en los procesos electorales venideros. Es esta circunstancia de equilibrio inestable la que ha conducido a una negociación, que no tendría lugar si la correlación de fuerzas se inclinara de manera indudable en una u otra dirección.
De esta premisa se desprende que ninguno de los factores puede proponerse obtener en las negociaciones unos resultados favorables y exclusivos. Lo razonable sería entonces que las negociaciones permitieran construir un acuerdo de convivencia de corto y largo plazo. Por supuesto, es un proceso que se inicia a partir de la búsqueda de soluciones a los problemas más inmediatos, pero que solo encuentran una direccionalidad si se inscriben en una visión más amplia que permita construir los necesarios acuerdos de coexistencia.
En relación a los aspectos más inmediatos, habría que tener en consideración lo señalado por Henry Ramos, en el sentido de que una larga “lista de supermercado” como agenda para el diálogo, es de poca ayuda. En realidad lo más indicado es concentrarse en los intereses más urgentes de cada sector: del lado gubernamental, la necesidad de obtener un aire financiero para poder cubrir las necesidades del país; del lado opositor, vencer la tendencia abstencionista de sus seguidores. En ambos casos, la expectativa corresponde a las posibilidades de tener un mejor desempeño en la contienda electoral de 2018. Este interés se traduciría, en concreto, en lo que se refiere al Gobierno en que se realicen excepciones en el bloqueo financiero impuesto a Venezuela. Y del lado de la oposición, a que se produzcan cambios en el CNE, de manera que se reanimen sus electores.
En cuanto a la excepción en las sanciones, correspondería la decisión al gobierno de Estados Unidos, país que actuaría si considera conveniente el acuerdo al que se llegue en República Dominicana. De hecho, Washington es un actor en el conflicto y ha tomado acciones, por lo que le corresponde también llegar a acuerdos. En realidad su diplomacia no está ausente de la mesa de negociaciones, y sus funcionarios están al día sobre la evolución de las conversaciones. No obstante, si una salida al problema nacional requiere de una negociación directa entre el Gobierno venezolano y el estadounidense, bien pudiera establecerse una mesa de diálogo entre ambos países, para tratar de superar éstas y otras diferencias del ámbito geopolítico. Lo importante es que las demandas de ambos sectores, Gobierno y oposición, sean satisfechas y pueda avanzarse en un esquema de cohabitación.