Toda la euforia del chavismopor los resultados de las elecciones realizadas en 2017, es decir las de la Asamblea Nacional Constituyente, la de gobernadores y la de alcaldes el pasado domingo, pudiera desaparecer ante lo que pueda revelar la decisión en contra de los sobrinos de la pareja presidencial, presos en Estados Unidos desde noviembre de 2015 por narcotráfico. Esa decisión debió conocerse ayer jueves 14.
Las secuelas de esa decisión pueden afectar la ya comprometida posición del gobierno venezolano en las conversaciones con la oposición que se reanudan este viernes en República Dominicana con presencia de facilitadores internacionales.
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Además de todo eso, no hay que olvidar que el gobierno venezolano busca reconocimiento internacional, pero no ha logrado que sus triunfos electorales hagan olvidar sus problemas para cumplir con acreedores internacionales como los tenedores de bonos, China, Uruguay y otros que han denunciado atrasos en el pago de deuda.
Igualmente, el gobierno venezolano puede salir muy mal con la corrupción a pesar de su lucha iniciada contra ese flagelo en la industria petrolera y la detención de 180 personas por desvíos en la distribución de alimentos de las cadenas estatales.
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Por corrupción están detenidos los exministros de Petróleo y expresidentes de PDVSA, Eulogio del Pino y Nelson Martínez; el expresidente de Citgo, José Ángel Pereira Ruimwyk, así como el actor Manuel «Coco» Sosa, quien era presidente de Suministros Gramal C.A.
El Fiscal General designado por la Asamblea Constituyente, Tareck William Saab, abrió investigación contra el exministro del Petróleo, expresidente de PDVSA y exrepresentante de Venezuela ante la ONU Rafael Ramírez porque su primo Diego Salazar lo señala directamente como intermediario de compra y venta de crudo, de acuerdo con auto del juzgado de primera instancia de Andorra del año 2012 encontrado en una caja fuerte de una propiedad de Salazar.
Por cierto, todo indica que el gobierno de Venezuela se opuso a que se investigara sobre el dinero de funcionarios venezolanos depositado en la banca de Andorra, pese a las solicitudes de la Fiscal Luisa Ortega Díaz.
Por cierto, Ortega Díaz pidió esta semana que «debería también solicitarse la aprehensión de Erick Malpica Flores, quien, junto a su núcleo familiar, incluyendo a Cilia Flores, tiene más de 20 empresas registradas en Panamá que contrata con la industria y que están comprometidos con la corrupción en la industria petrolera».
La Fiscal también dijo que Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, igualmente está involucrada en esos hechos de corrupción.
En cuanto al juicio en Nueva York contra Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores, la decisión en dos partes se conocería mientras se diseñaba este número de cierre del año de la Revista Zeta y todo apuntaba a una sentencia que pudiera ser a cadena perpetua por conspirar para traficar 800 kilos de cocaína a Estados Unidos y otros delitos.
Se dice que hay indicios de que el presidente de Venezuela y su esposa sabían de las actividades de sus sobrinos y eso puede complicar su posición actual. Todas las gestiones de la defensa de los sobrinos de la pareja presidencial para impedir tan duro desenlace lucían caídas el miércoles en la noche.
En el expediente se mantuvo el uso de aeronaves privadas durante el proceso de pretender introducir cocaína a Estados Unidos, el intento de soborno a las autoridades policiales de Venezuela y de Honduras para facilitar la comisión del delito, y la condición de liderazgo que los acusados tenían dentro de la conspiración.
El Nuevo Herald expuso esta semana que entre los mensajes de texto de los familiares de la pareja presidencial de Venezuela se habla de asesinatos ya cometidos, incluida la foto de un cadáver decapitado. Las pruebas de la Fiscalía indican que los detenidos hacían negocios con la guerrilla colombiana de las FARC y una operación de corrupción donde pretendían ganar 2 millones de dólares para cubrir una deuda de $38 millones de PDVSA.
A todos esos casos no hay que olvidar que el gobierno del presidente Nicolás Maduro aparece mencionado muchas veces en las investigaciones por sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, como recordaron varios medios el pasado sábado 09 de diciembre con motivo de ser el Día Internacional contra la Corrupción.
Perpetuarse en el poder
La portavoz del Departamento norteamericano de Estado, Heather Nauert, alertó el lunes que el intento del presidente Nicolás Maduro «de prohibir partidos de la oposición de las elecciones presidenciales es otra medida extrema para cerrar el espacio democrático en Venezuela y consolidar poder en su dictadura autoritaria».
La excusa es que los partidos opositores que no participaron en las elecciones locales del pasado domingo tendrán prohibido presentarse a las presidenciales, que deben celebrarse en 2018, aunque eso no está contemplado en la Constitución ni las leyes electorales vigentes.
A ojos del mundo es inocultable el empeño del actual gobierno venezolano de perpetuarse en el poder apelando para ello a todas las ventajas de manejar los recursos de un Estado petrolero.
Un trabajo publicado el domingo pasado por Diario Las Américas de Miami plantea que la gravedad y reincidencia de sus crímenes impone la perpetuación indefinida de Evo Morales en el poder, por necesidad de impunidad, pero señala al propio tiempo su final. Reproducen en Bolivia el modelo aplicado en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Ecuador.
El trabajo indica que el castrochavismo se establece a perpetuidad, para siempre, bajo el modelo de los dictadores Castro de Cuba que dejan el gobierno cuando se mueren o cuando pierden las capacidades físicas para ejercerlo. Así lo hizo Fidel y ahora Raúl Castro. El dictador Hugo Chávez pasó por eso y solo la muerte lo separó del ejercicio totalitario del gobierno. Rafael Correa creyó que podía entregar temporalmente el gobierno reteniendo el poder, pero la crisis económica a la que llevó al Ecuador, el rechazo extremo a su persona y el dudoso triunfo electoral de su partido, hacen que su mismo régimen lo desprecie.
Agrega que los dictadores liquidan la democracia e imponen un «nuevo orden legal» para su beneficio y para el cumplimiento de su principal propósito que es la concentración total del poder indefinidamente. Todo el poder en sus manos y para siempre es objetivo de los gobernantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, hasta hace poco de Ecuador con Correa y ahora con esperanza de cambio. De esta manera hay «dos Américas» la democrática y la dictatorial.
Justamente, esta semana el mundo pudo observar las «dos Venezuela», la democrática y la dictatorial.
Por un lado, el presidente de la boicoteada Asamblea Nacional, Julio Borges, recibía en Estrasburgo el premio Sájarov a la Libertad de Conciencia otorgado por el parlamento europeo como «premio para todos los venezolanos» por su lucha para rescatar la democracia.
Entretanto, el presidente Nicolás Maduro y algunos ministros compartían alegremente en Estambul con el dictador de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y 58 jefes de Estado y de gobierno de la Comunidad Islámica para oponerse a la decisión del presidente norteamericano de reconocer a Jerusalén como capital de Israel.
Maduro estuvo en esa reunión como presidente del Movimiento de Países No Alineados y aprovechó para conversar largamente con su admirado Erdogan.