Se nos va este año 2017 con un letrero en su frente, en el cual se lee “Dictadura habemus”, manifiesta el exparlamentario Carlos Canache Mata.
Desde hace tiempo Venezuela ha ingresado a la postdemocracia, vale decir a la dictadura, si se niega al pueblo la elección de sus gobernantes, ya sea porque no se permite o porque se le falsea con el fraude; si los demás poderes (incluyendo la Asamblea Nacional Constituyente, ANC ilegítima), son simples palafreneros del poder ejecutivo; si la libertad de expresión está severamente restringida por la hegemonía comunicacional y por la intimidación de una ley que contempla sanciones discrecionales; si se reprime y viola el derecho a la protesta y la manifestación; si se atropellan los derechos económicos y sociales de las personas, y prácticamente los derechos humanos en general, especialmente el derecho a la vida y a no ser torturado; si se ejerce el poder arbitrariamente, sin ningún control y al margen de la Constitución y de la Ley; si se desconocen pactos o convenios internacionales libremente suscritos.
La tarea antidemocrática había comenzado en 1999 con Hugo Chávez, y se ha ido perfeccionando, a partir de 2013, con Nicolás Maduro. Esa tarea culmina ahora, cuando el 20 de diciembre la tal ANC, obedeciendo un pedido de Maduro, dictó un decreto mediante el cual se establece que los partidos que no acudieron a las elecciones municipales del pasado 10 de este mes, no podrán participar en las venideras elecciones que se celebren en el país, incluyendo las presidenciales de este año, quedando definitivamente inhabilitados si no realizan el proceso de renovación o validación, a pesar del que tuvo lugar pocos meses atrás, ante el CNE tramposo que todos conocemos.
Por el decreto, quedan afectados los partidos Acción Democrática, de gran peso histórico en la vida política del país, Voluntad Popular y Primero Justicia, que se acogieron al artículo 63 de la Constitución Nacional vigente que consagra que “el sufragio es un derecho”, no una obligación, por considerar que el Estado no estaba cumpliendo con lo que sí era su “obligación” (artículo 62 ejusdem) de generar condiciones favorables para el ejercicio del voto. Al atropello se sumó la burla al afirmar la presidenta de la ANC que “el decreto tiene como propósito fortalecer el sistema de partidos políticos que da vida a la democracia venezolana para la elección de cargos por votación popular, mediante elecciones, universales, directas y secretas”. Humor negro.
También, en la misma sesión de la ANC, se aprobó otro decreto en el que se suprimían las alcaldías metropolitanas de Caracas, prevista en el artículo 18 de la Constitución (no les bastaba a su saña persecutoria la larga prisión de Antonio Ledezma y la creación de una estructura paralela a la Alcaldía) y la Alcaldía del Distrito Alto Apure, las cuales debían haber sido incluidas, para escoger sus titulares, en las elecciones municipales del 10 de diciembre, pero que el CNE no lo hizo, gracias a que por su poder adivinatorio ya sabía que la ANC diez días después las iba a eliminar.
Tiene razón el diario español “El País”, que, en el editorial de su edición del 23 de los corrientes, dijo que Maduro está convirtiendo “formalmente a Venezuela en una dictadura”.
Se va el año, llevando en su frente el letrero: 2017, dictadura habemus.
Nota: Por las vacaciones, esta columna se reanudará en la segunda quincena de enero.