Comenzó 2018 y las noticias malas en el área económica no se han hecho esperar. El Ejecutivo no pudo pagar 35 millones de dólares de un vencimiento de un bono soberano, por lo que quedó en situación de «default» o impago, según la Standard & Poors Global Ratings. La administración Maduro continúa atravesando fuertes problemas en materia financiera, tras la crisis económica que sufre el país, debido a la merma de ingresos de divisas por la caída de la producción petrolera y los bajos precios del crudo, además del endeudamiento de la república y de Pdvsa, que se llevan gran parte de los actuales ingresos.
La crisis ha avanzado sobre el país de manera considerable. El ingreso de divisas a Venezuela es por la vía de Pdvsa, 96% de lo que entra es gracias al petróleo, debido a la paralización del sector privado no tradicional, colapsado por la altísima inflación que sufren todos los sectores, la escasez de materias primas y de productos acabados en todos los mercados en general. Las principales calificadoras de riesgo mantienen a Venezuela y a Pdvsa, en calificación de «default selectivo» (SD) o parcial y de «default» (D), debido a los retrasos que se vienen presentando desde el pasado mes de diciembre.
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A pesar de que los precios del petróleo han estado en alza, la administración Maduro continúa haciendo movimientos exóticos para buscar dinero y hacer frente a las grandes dificultades que ya mantienen un altísimo sufrimiento en la población, la cual se encuentra empobrecida en más de 80%, con ingresos de apenas 10 dólares mensuales para noviembre de 2017 y con grandes dificultades para conseguir alimentos a buenos precios y en buenas cantidades. El petróleo venezolano cerró en 2017 con alza de 23,85%, sin embargo la petrolera venezolana, que viene padeciendo grandes problemas de funcionamiento en sus instalaciones, ha visto mermar su producción en los últimos meses al perder más de 14% de producción petrolera, pese a que el Ejecutivo sigue realizando anuncios de entrega de campos petroleros a empresas rusas, chinas, a cambio de financiamiento para aumentar la productividad petrolera, en función de mejorar los ingresos. Esa es una tarea que le ha sido imposible, por razones como las de corrupción, por las que en las últimas semanas se han producido detenciones de al menos unos 62 gerentes de la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), señalados de desfalcar a la industria petrolera venezolana, en medio de enfrentamientos entre facciones del oficialismo que dirigen el expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, y el Fiscal designado por la Asamblea Constituyente, Tarek William Saab.
La burbuja
El inicio del año sigue lleno de incertidumbre. El mandatario Nicolás Maduro continúa con la política monetaria expansiva, tras el control que ejerce política y directamente en el Banco Central de Venezuela (BCV), fundamentado en un Decreto de Emergencia Económica, que viene formulando hace años. Al cerrar diciembre de 2017, el BCV batió nuevos records en materia de emisión de dinero, al ubicar la liquidez monetaria en la gigantesca cifra de 122,72 billones de bolívares, lo que significó una subida de 50,12% contra el mes pasado y un alza gigantesca de 1.077,04% en los últimos doce meses. La emisión de dinero en bolívares, o la expansión monetaria exagerada, es producto de que el gobierno no tiene ingresos suficientes ni siquiera en bolívares, mantiene un gasto público y ha caído en la espiral hiperinflacionaria, al tener que llevar adelante decretos de aumentos de salario mínimo, que sólo impulsan la creación de más dinero, al no haber producción de bienes y servicio como contraparte en lo interno del país.
Lo anterior se convierte en una gigantesca burbuja que el oficialismo viene inflando desde hace años, para sostener las operaciones internas del gobierno y de la estatal petrolera en bolívares debido a la quiebra del país y de Pdvsa, hoy declaradas en impago por los agentes financieros globales. Esta expansión ha dejado una inflación sobre 2.000%, según la apreciación de los principales economistas venezolanos, lo que ha destruido el salario, las ganancias de empresas y el desempeño general del ambiente de negocios en Venezuela.
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Todo lo anterior se refleja en la sociedad venezolana, ya colapsada. Miles de venezolanos mantienen agolpadas calles de Ureña y de San Antonio del Táchira, en el estado andino tachirense. En las calles improvisan carpas y toman esquinas en las que dormitan, pasan varios días, incluso llevan a cabo necesidades físicas en la vía pública, esperando una oportunidad para pasar a Colombia, huyendo de la crisis que se padece en toda Venezuela. Gran parte de esas personas son procedentes de los estados centrales, fuertemente golpeados con la hiperinflación.
La semana antes de finalizar el año 2018, se desataron motines de supervivencia en los estados Sucre y Bolívar, con situaciones de saqueos y enfrentamientos callejeros con la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). El resultado fue de al menos 42 detenidos en ambos estados. La situación de hambre produjo también personas agolpadas en colas por la compra de perniles que ofreció el gobierno y no pudo dar, con el resultado de una joven embarazada, asesinada por un militar del mencionado cuerpo.
Dolarización disfrazada
Los efectos de la crisis y el colapso general se sienten en la mayoría de la población, lo que ha obligado al oficialismo a buscar salidas y aplicar soluciones que en algún momento dado, jamás se hubiesen pensado, como la de legalizar, como lo hizo Nicolás Maduro hace más de una semana vía Gaceta Oficial N° 6346, el uso, desarrollo y minería de criptomonedas en Venezuela, además de su libre comercio en intercambios nacionales y extranjeros con cualquier divisa. Con eso, el gobierno estaría impulsando una criptomoneda que ha denominado el «petro», la cual respalda con barriles de petróleo para generar confianza en el mercado nacional y extranjero. Hasta ahora hay un proceso de registro de mineros de criptomonedas de Venezuela, y Sudeban mantiene supervisión de al menos cuatro intercambios o «exchange», que ya están en línea y permite el comercio abierto de compra y venta de monedas digitales como el Bitcoin.
Lo anterior se puede interpretar como un paso más a la dolarización que desde 2013 el Ejecutivo ha venido aplicando, aunque con un plan que no ha arrojado los debidos resultados, sino que ha conducido a Venezuela a la hiperinflación. El uso de las criptomonedas se encamina a lo que sería «dolarizar, pero usando tal mecanismo y sin necesariamente establecer que se trata de tal medida.
El uso de criptomonedas en Venezuela, además de su comercio de manera libre y en cualquier divisa, permitiría a muchos venezolanos encontrar algunas salidas, pero que sin embargo tendrían que hacerse con un proceso transitorio bastante engorroso, ya que la enorme mayoría de la población, al menos 85%, no tiene conocimiento de qué es, cómo se usa y en qué consiste esta tecnología o dinero virtual.
Maduro anunció al cerrar el año que la criptomoneda que promueve, que no necesariamente pertenece al Estado sino que el Estado es el ente que la fomenta, tendría respaldo de uno de los bloques de la Faja del Orinoco que estaría certificado internacionalmente y que posee al menos unos 5 mil millones de barriles de petróleo, lo que quiere decir que el gobierno estima promover un mercado que en teoría sería de unos 231 mil millones de dólares, según el precio promedio del precio petrolero del último año, una cifra gigantesca que la sociedad venezolana, debe tener presente para los próximos meses.
@alexvallenilla