La llegada de Nicolás Maduro al cargo de presi-dente de la República no fue del agrado de todos los seguidores del desaparecido teniente coronel Hugo Chávez, con quien se inició en 1999 el proyecto político similar al cubano que ahora enfrenta opositores dentro y fuera del país, en el propio chavismo y en el resto de los venezolanos.
Desde el comienzo de este período presidencial que legalmente debe terminar en diciembre de 2018, comenzaron deserciones y expulsiones de gente que estuvo muy cerca del fundador de lo que se conoce popularmente como «el chavismo».
Muchos chavistas advirtieron el desvío del proyecto desde finales de julio de 2014 cuando Nicolás Maduro silenció a los ex ministros Jorge Giordani y Héctor Navarro en el III Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Los chavistas de base mostraron su desencanto con el heredero y protagonizaron alta abstención en las primarias para elegir a los delegados de ese Congreso. Cifras reveladas indicaron que solo uno de cada diez chavistas votó.
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Los ex ministros querían debate sobre la corrupción y la crisis económica nacional, especialmente el problema de las divisas, pero a Maduro y a su grupo solo les interesaba el control absoluto del partido, cosa que lograron abstención interna mediante.
Dentro y fuera del chavismo, se admite que el control de divisas es la causa de casi todos los males económicos que sufre el país. El lunes pasado, el constituyente Jesús Faría planteó que en Venezuela debería establecerse un mercado libre de divisas que desplace al sitio web «Dólar Today» que es el que fija el valor del mercado ilegal de divisas y enfatizó: «Esta sería una posible solución antes de ir a una unificación cambiaría, que sería el escenario ideal».
El ex ministro y coordinador nacional del Movimiento Amplio Desafío De Todos (Maddt), Miguel Rodríguez Torres, dijo a través de su cuenta en twitter: «tenemos estados prácticamente en toque de queda, saqueos en carreteras y automercados y asaltos a fincas. Mientras tanto el gobierno sigue cerrando la vía democrática de salida a la crisis sin entender que ya sus intereses no están alineados a los del pueblo». Y agregó: «todo lo que ocurra en Venezuela será responsabilidad del gobierno. Un presidente sensato antepone la paz, la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos a su deseo de mantenerse y reelegirse en el poder. Por eso en 2018 hay que elegir nuevo capitán del barco».
Mes a mes fue creciendo el número de chavistas negados a apoyar los errores económicos del gobierno de Maduro y la situación se agravó con el anuncio de una ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, cuya votación fue el 30 de julio del año pasado.
A los decepcionados se sumaron la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, los diputados Germán Ferrer y Eustoquio Contreras, la ex Defensora del Pueblo Gabriela Ramírez, los ex ministros Víctor Álvarez, Ana Elisa Osorio, Gustavo Márquez, además de militares como el general Cliver Alcalá Cordones y otros.
En el marco de esa descomposición del chavismo original ocurrió el pasado lunes lo que la mayoría describe como la masacre de El Junquito.
En esa zona fue ubicado el ex piloto del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) Oscar Pérez, quien el año pasado sobrevoló impunemente con un helicóptero de ese organismo policial el centro de Caracas, lanzó granadas aparentemente inocuas al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y disparó contra el Ministerio de Interior, Justicia y Paz. El ex funcionario y seis de sus seguidores fueron abatidos, mientras otros fueron detenidos. También perecieron dos funcionarios que participaron en el cerco al grupo de disidentes.
Para disminuir los comentarios de que se trató de personas disidentes del chavismo, el Gobierno dijo que el grupo había sido ubicado mediante información aportada por opositores.
Es tan cierto que el grupo era chavista que el ministro de Agricultura Urbana, Freddy Bernal, se adelantó a la información oficial y dijo que entre los caídos estaba Heiker Vázquez, líder de la fundación «Las Tres Raíces», del 23 de Enero, pero la información oficial no lo menciona en ninguno de los bandos. Las Tres Raíces es un colectivo ligado a Freddy Bernal.
Por su parte, la ministra de Asuntos Penitenciarios y constituyente Iris Varela pidió la captura del ex ministro Miguel Rodríguez Torres por considerar que fue el mentor de Oscar Pérez.
El martes, el presidente Nicolás Maduro agregó otros datos que no encajan en lo que se conoce, al decir: «A 17 días de dar la orden, orden cumplida, y deben saber la contrarrevolución mayamera y la oligarquía colombiana que a cada grupo que armen y financien para traer el terrorismo, les va a tocar el mismo destino, porque estamos dispuestos a defender con nuestra vida, a defender el derecho a la paz, a la dignidad, a la independencia de nuestro pueblo, de nuestra patria, nadie va a traer el terrorismo a Venezuela».
La deducción es clara. En el chavismo hay una guerra a muerte contra el que proteste o se oponga a la actual cúpula gobernante.
Además hay pequeñas guerras entre los colectivos y una de ellas se desarrolla en la parroquia Candelaria por la posesión del Cine Rex que de ser patrimonio histórico de la ciudad de Caracas, pasó a ser guarida un colectivo denominado «La Mano de Dios» hace dos años, pero ahora fue desplazado por otros colectivos aliados con la Junta Comunal en medio de un conflicto donde la anarquía y la violencia son parte de la rutina.
Los colectivos se disputan 33 edificaciones invadidas solo en Candelaria y 130 en todo el norte de Caracas.
Malestar laboral
Pese a la represión violenta contra quienes protestan por falta de comida, medicinas, gas doméstico, agua, electricidad y transporte en todo el país, gran parte de los trabajadores al servicio de empresas del Estado comenzaron a mostrar su malestar en vista de que no ven seriedad en las promesas que les hacen los voceros oficiales.
A pesar de la censura en los medios, se sabe de protestas en el Metro de Caracas y deserciones en Cantv, Corpoelec y esta semana surgieron protestas muy bien organizadas en las empresas básicas de Guayana y en varias sedes de PDVSA.
Iván Freites, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros y Gasíferos del estado Falcón, recalcó que una verdadera limpieza en PDVSA requiere que el régimen de Nicolás Maduro salga del poder para recuperar la producción nacional y agregó que el colapso de la industria petrolera es producto de más de 18 años de corrupción oficialista.
Juan Martínez, directivo sindical del sector petrolero del estado Anzoátegui, precisó que en la compañía Petrocedeño los trabajadores comen una sola vez al día, hay algunos que se han desmayado en sus puestos de trabajo y por eso hay un éxodo masivo de trabajadores. Estamos en un estado de precariedad y emergencia real, dijo.
Alirio Villasmil, dirigente sindical petrolero del estado Zulia, exhortó a los trabajadores a mantenerse firmes en la lucha por la reivindicación salarial e instó a la Asamblea Nacional a dictar una ley para dolarizar el salario de los trabajadores venezolanos.