Las sanciones internacionales

La cantidad y recurrencia de milita-res y civiles de alto rango del régimen criollo sancionados internacionalmente sigue creciendo.  Recientemente se incluyeron nuevos sancionados por el Departamento del Tesoro de los EE.UU. (OFAC) y por primera vez hay siete por la Unión Europea.

 

Sancionados por EE.UU.

En 2008 comenzaron a ser sancionados civiles y militares venezolanos, en su mayoría funcionarios del régimen de Chávez, por sus vinculaciones con el narcotráfico y las FARC, organización señalada como narcotraficante por los EE.UU en el año 2003.  Trece venezolanos han sido sancionados al incluirlos en la lista Kingpin, y dos por sus relaciones con el terrorismo islámico, en particular con Hezbollah: Kan’an, Fawzi Mustafa y  Ghazi Nasr al Din ( diplomático).

Luego en 2015  Barack Obama dicta la Orden Ejecutiva  13692, la cual por primera vez  sanciona a seis militares de alta graduación y a una fiscal del ministerio público como respuesta a las violaciones de los derechos humanos (DD.HH.) que se cometieron en 2014. Esta iniciativa partió del Congreso norteamericano pese a que muchos parlamentarios demócratas se opusieron y que Obama se resistió a firmar por sugerencia del Departamento de Estado. Por su parte, el régimen a través del cabildeo de CITGO  bloqueó la votación con la senadora demócrata Mary Landrieu, hasta que ella no fuera reelegida. Luego con la llegada de Trump, vino la orden 13692. Estas dos órdenes han conformado el Programa Venezuela  de la OFAC, con el cual se completan 19 países con su propio programa de sanciones.

Según la lista que publica la OFAC hay unos 60 venezolanos sancionados.  Entre ellos todas las cabezas de los poderes, es decir, Maduro y El Aissami, por el Poder Ejecutivo; Maikel Moreno por el Judicial; Tibisay Lucena por el Electoral (CNE); y Tarek W. Saab, Fiscal designado por la Constituyente cubana.  Estos no incluyen a aquellos que simplemente se les ha negado o eliminado la visa para entrar a los EE.UU., – caso de Diosdado Cabello- asunto que no se anuncia públicamente.  Y menos los cientos de miles de  venezolanos que por pertenecer a ministerios e instituciones relacionadas con temas de seguridad e inteligencia (Relaciones Interiores, SEBIN, Cancillería, entre otros) no pueden ni ellos,  ni los «miembros de la familia inmediata», viajar a EE.UU.

A esto hay que agregarle las sanciones financieras que impiden nuevas emisiones de deuda  y  bonos en dólares del régimen y de PDVSA. Esto ha aislado económicamente a Maduro tanto que lo ha obligó a aceptar una mesa de negociaciones con presencia internacional a fin de que se le quite ese yugo de encima.  EE.UU. desde mediados del primer decenio, había prohibido la venta de armas y tecnología militar al régimen.

 

Las sanciones canadienses

En 2012 el parlamento canadiense produjo un reporte muy crítico sobre DD.HH. en Venezuela. En 2014 ese Parlamento pasa su primera resolución sobre la violencia en Venezuela y el comité sobre DD.HH. condena el encarcelamiento de Leopoldo López.   Luego vinieron otras medidas más. Con la llegada del nuevo gobierno liberal, comienza una serie de pronunciamientos del gobierno incluso del Primer Ministro Justin Trudeau. Pero esto toma mayor intensidad en 2017 cuando se produce el desconocimiento de la Asamblea Nacional por el TSJ. Desde allí en forma bilateral, o en la OEA, Canadá ha tenido una posición muy activa. Siendo además parte del Grupo de Lima.

El 5 de septiembre de 2017, EE.UU. y Canadá acuerdan actuar conjuntamente para tomar medidas económicas contra el régimen venezolano  y los funcionarios responsables de violar DD.HH. y  socavar la seguridad, la estabilidad o la integridad de las instituciones democráticas de Venezuela.

El gobierno de Canadá con base a la ley (Act) de Medidas Económicas Especiales sancionó a 40 funcionarios venezolanos comenzando por Nicolás Maduro. La lista incluye las cabezas de todos los poderes  y al Ministro de Defensa Gen. Padrino López y a Diosdado Cabello, ambos no incluidos en la lista estadounidense así como a la presidente de la Constituyente y a varios de sus miembros como Calixto Ortega, Pedro Carreño y el exembajador en Canadá, Roy Chaderton.

 

Los europeos

Los europeos son más lentos pues necesitan poner de acuerdo a 28 países para poder adoptar la imposición de  medidas sancionatorias a terceros.  El proceso ha sido largo. La UE ha expresado su preocupación por la situación crítica de Venezuela desde hace varios años. A partir de 2014 la UE  mostró preocupación por la  violación de DD.HH. en Venezuela y el Parlamento Europeo emitió una resolución sobre esa situación, que repitió con mayor preocupación en 2015 y 2016. En la de este último año se concreten los cuatro puntos que ha solicitado la MUD – libertad de presos políticos, ayuda humanitaria, elecciones y reconocimiento a la AN- y se llama al diálogo como salida. Además entrega a la oposición el premio  Sájarov sobre libertad de pensamiento.  En 2017  se comienzan a hablar de sanciones, en especial luego de condenar la Asamblea Constituyente. En noviembre  aprueban un embargo de armas y un marco jurídico sobre futuras sanciones contra «responsables de graves violaciones de los DD.HH», a fin de «favorecer» el diálogo en Venezuela. Y en 2018,  luego de esperar a ver si el diálogo resultara, sanciona a 7 funcionarios del pranato.

 

Las sanciones

Aparte de las sanciones financieras y las restricciones a la venta de armas y material de guerra o material que pueda utilizarse para la «represión interna», las sanciones hacia individuos son muy parecidas. Se les prohíbe  o limita el ingreso a Europa y América del Norte, se les confiscan los bienes que allí tengan y se prohíbe a los nacionales y empresas de esos países hacer negocios con ellos.  En el caso de EE.UU. las sanciones van más allá al señalar a los testaferros de los implicados y confiscar esos bienes.

Hay siete jerarcas del pranato, sancionados por la UE,  que ya no podrán vivir ni hacer negocios con el mundo occidental, es decir ni en esos países ni con sus ciudadanos o empresas. Ellos son: Néstor Luis Reverol Torres, Gustavo Enrique González López, Tibisay Lucena Ramírez, Antonio José Benavides Torres, Maikel José Moreno Pérez, Tarek William Saab Halabi y Diosdado Cabello Rondón. En realidad este último no está en la lista de los EE.UU.,  aunque en estos momentos el senador Marco Rubio está solicitando su inclusión.

El número de sancionados y sanciones podría aumentar a juzgar por el fracaso del diálogo y con él de la salida democrática. Ella ha sido bloqueada burdamente por el pranato que llamó elecciones adelantadas en plena negociación, cortando con ello el mecanismo que la comunidad internacional consideraba esencial para la salida pacífica a este conflicto.  El cerco se les cierra a los chavistas.

 

Salir de la versión móvil