De fracasar – como es probable – el llamado «diálogo» de Santo Domingo, se le complicará la vida al sector militar, porque tendrán que escoger entre apoyar una elección mundialmente considerada ilegal y ligada a un sistema hambreador del pueblo, o lo único que les quedará, será cambiar de bando.
Cuando algún día se sacarán las responsa-bilidades por el hambre, las muertes, la pérdida de territorio y una masiva huida de la población, ocurridos en Venezuela en las primeras décadas del siglo XXI, es muy probable que la mayor responsabilidad recaiga históricamente en la Fuerza Armada Venezolana, por no haber frenado los desmanes destructivos del gobierno civil.
Contrariamente a las normas de los países comunistas, donde las fuerzas armadas suelen ser férreamente sometidas al control de las policías políticas y el oficial militar considerado contrario al régimen incurre en la pena de muerte, la actual situación de la fuerza armada venezolana se distingue de ese modelo por muchas razones. Acá, el maná petrolero y el lucro legalizado sustituyeron inicialmente la política de castigos para mantener la lealtad del estamento militar. Desde el plan Bolívar 2000, la norma ha sido permitir a los altos mandos el enriquecimiento ilícito, a modo de garantizar su fidelidad al régimen.
La tradicional política comunista de descabezar el mando militar con fusilamientos de sus más capaces y destacados comandantes (Tujachevski en la URSS, Arnaldo Ochoa en Cuba), nunca fue aplicada en el comunismo por falta de lealtad hacia el régimen. Por el contrario, mientras más leal al régimen era el militar exitoso, más pronto se le consideraba un rival peligroso y se aceleraba su eliminación.
Precisamente en eso, lo de Venezuela ha sido distinto. Acá, el ensañamiento no es contra el más capaz y leal – como era la norma comunista – sino que suele dirigirse contra el «decepcionado» del sistema, siendo la prueba más resaltante, la del general Raúl Isaías Baduel, preso político desde hace nueve años. Las celdas de la Dirección de Inteligencia Militar y las de la prisión militar de Ramo Verde, están repletas de militares «descontentos», a los que se les da el peor tratamiento, por considerarlos «traidores a la causa».
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Mientras al «desencantado» se le castiga, en Venezuela lo que priva en relación al oficial considerado leal al régimen, es la compra de la conciencia al colocarlo «donde hay», al mejor estilo criollo que no parece haber cambiado desde los tiempos de Gómez.
Se acaba el «donde hay»
Era fácil para Hugo Chávez permitir la corrupción calculada en el Plan Bolívar 2000 y en todas sus posteriores modalidades cuando el petróleo estuvo a más de cien dólares el barril y PDVSA producía 3,5 millones de barriles diarios. Ni siquiera fue aquello una gran innovación para garantizarse la lealtad militar, porque también Cuba, con Raúl Castro de general en jefe, aprovechaba la bonanza venezolana para entregar todos los posibles negocios lucrativos, entidades gubernamentales mediante a la FA Cubana, igual como empezó a procederse en Venezuela.
Es cuando surgieron unos obstáculos inesperados en el sistema que parecía haberse logrado sin problemas gracias a una plutocracia militar presta a sostener a la plutocracia gobernante. Los cubanos creyeron haber logrado ese propósito con la anuencia de Estados Unidos vía Barack Obama, pero llegó Donald Trump y se derrumbó el plan de riqueza militar ideado por Raúl Castro. Trump fue casi brutal al anunciar que los negocios, de hacerse, no serían de los militares, sino de inversionistas foráneos civiles. Condición que podría ser la misma para Venezuela.
Lo de Venezuela también se complicó debido a la quiebra del gobierno. Ya no es posible distribuir dólares corruptos a un nuevo plan Bolívar 2000 o 2018. Ahora sólo se puede asignar parcelas de explotación con la consigna «te toca a ti sacarle provecho» y de allí el Arco Minero entregado a militares con las riquezas mineras de oriente, un militar en las industrias de Guayana, otro ahora en PDVSA, el oro a la gobernación militar del estado Bolívar, etc. Lo último ha sido la comida vendida en cajas Clap, negocio que acaba de ser quitado a las gobernaciones para entregarlo exclusivamente a los militares. El cálculo político para mantener el apoyo militar al gobierno, parece fundarse ahora en que todavía hay de donde sacar, por lo menos raspando el subsuelo del Arco Minero, o importando comida para las Clap.
Se acabó lo que se daba
Es cuando aparece la otra complicación, que es el temor para cada «beneficiado», de perder lo que reunió en los 20 años de saqueo. Las medidas adoptadas por Estados Unidos y la Unión Europea sancionan a militares y civiles, pero se dirigen cada vez más a los militares. Además de la congelación de bienes y cuentas bancarias, aparece ahora el peligro de ser juzgado como los petroleros de PDVSA en Texas. Así están por enfrentar a un juez, por ejemplo, los depositantes del banco de Andorra, o pronto lo serán, probablemente, los que resguardaron depósitos en Panamá.
Otro aspecto a tomar en cuenta son los militares que se vieron involucrados con la orden de Chávez de colaborar con las FARC y su narcotráfico. Debe preocuparlos el juicio a los sobrinos presidenciales. La lógica es sencilla: si cayeron los sobrinos, qué decir de quienes no tienen los formidables apoyos que se intentaron mover a favor de dos parientes presidenciales. Porque allí, el mensaje dado por la justicia norteamericana, es que no hay ni habrá escapatoria.
El cálculo tradicional
Uno de los principales argumentos de la oposición venezolana es que al ofrecer a los que se lucraron durante la era chavista-madurista una garantía de no perder lo acumulado y ofrecerles la escapatoria, será posible un entendimiento para celebrar elecciones libres.
Temo que en vista de lo profundo que se ve actualmente el grado de delitos de todo tipo, empezando con la corrupción y siguiendo con crímenes como el asesinato reciente de Oscar Pérez y su grupo, lo que se vislumbra es más bien la omertá de la maffia y su implacable castigo: una vez que estás dentro de la organización, no hay vuelta atrás. El que lo intenta, es sacrificado. Igual actúa el comunismo en cuanto a sus jefes: no se trata de unas decisiones individuales, sino de una organización con tentáculos mundiales y donde el peor pecado, el más severamente castigado, es la vuelta atrás y si se es jefe, mayor será el castigo.
La única excepción, en estos casos, suele ser la casta militar, protegida por su «espíritu de cuerpo», donde el cambiar de bando por una orden militar del comandante del ejército, en vez de merecer castigo, es resguardada por el código de la obediencia militar. Incluso cuando hay una capitulación, se le llama «armisticio» para salvar el honor del general que se ha rendido. Qué cosas, ¿no?