La decisión de la Corte Penal de abrir un “examen preliminar” sobre los crímenes cometidos en Venezuela acaba con la indolencia de la comunidad internacional frente a la dictadura de Maduro, afirma el exviceministro de Justicia colombiano Miguel Ceballos.
Por Miguel Ceballos
El 8 de febrero la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, hizo un anuncio que esperábamos desde hace años: la decisión de abrir un examen preliminar a Venezuela para analizar los “crímenes presuntamente cometidos” por el uso de fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, encarcelamiento de miles de miembros de la oposición, maltratos y abusos a detenidos, y otros delitos previstos en el Estatuto de Roma.
Técnicamente, la investigación preliminar es el primer paso para abrir una investigación formal que lleve a que la Corte Penal Internacional decida procesar a una o varias personas, que dentro del Estado que está siendo examinado, hayan cometido crímenes previstos en el Estatuto.
Esta decisión es resultado de un prolongado esfuerzo que se remonta a las denuncias presentadas desde el 2011 por Diego Arria, quien acusó a Chávez buscando prevenir que futuros abusos fueran cometidos. En 2016 sería Lilian Tintori quien acudiría a la Corte para denunciar al gobierno de Maduro, acusándolo de recurrir sistemáticamente a la persecución política y a la tortura.
Para acompañar estas voces era necesario que las denuncias provinieran de personas y organizaciones de otros países del mundo, fue así como Human Rights Watch, liderada por José Vivanco, denunció ante la fiscal Bensouda los “abusos sistemáticos” de la dictadura venezolana, documentando 88 casos de 314 personas en Caracas y 13 estados del país entre abril y septiembre de 2017.
A estos esfuerzos se sumó el del hoy candidato presidencial por el Centro Democrático y uno de los competidores en la consulta de la centroderecha, el senador Iván Duque, quien en 2017 -contando con el apoyo de 76 congresistas colombianos y 50 chilenos- denunció ante la misma fiscal la violación sistemática de los derechos fundamentales de los venezolanos, entre ellos deportación, traslados forzosos, privación injusta de la libertad, tortura y desaparición forzada.
Los otros dos candidatos de la consulta de la centroderecha, Marta Ramírez y Alejandro Ordoñez, coadyuvaron las denuncias contra Maduro, la primera yendo a Venezuela y arriesgando su seguridad para verificar los abusos; y el segundo, denunciando a Maduro ante la Corte Penal, cuando siendo procurador en 2015 solicitó a dicho tribunal que investigara a Maduro por las violaciones a los derechos de más de 20.000 colombianos desplazados forzosamente por la dictadura.
Está claro que los candidatos de la centroderecha no inventaban “fantasmas castrochavistas”, pues llevaban años denunciando las graves violaciones de un régimen dictatorial, que hoy genera una de las crisis humanitarias más grandes de nuestra historia, fruto de la cual arriban a Colombia miles de venezolanos huyendo de la pobreza y la opresión.
Con la decisión de la fiscal Bensouda, se abre una ventana para que la Corte Penal, y a través de ella, la comunidad internacional, rompa la imperdonable indolencia que ha caracterizado a la mayoría de los gobiernos del mundo, incluido el de Colombia, que por años voltearon la mirada evadiendo la inocultable barbarie de un pueblo que perdió su libertad. Bueno sería saber la posición de los otros candidatos presidenciales, Gustavo Petro, Piedad Córdoba y Timochenko, frente al nuevo escenario que abre la Corte, el cual puede convertirse en el principio del fin del régimen de Maduro.