ONG, Una Ventana a la Libertad presenta informe anual sobre DDHH en el 2017
El tema penitenciario en Venezuela, por décadas ha dado mucho de qué hablar, como consecuencia de los altísimos niveles de violencia intramuros, carencias de servicios y el manejo absolutamente exacerbado de la figura del líder negativo, conocido como el “pran”, al demostrar con sobrada destreza el poderío de un sistema llamado a ser regentado con suma responsabilidad por personas calificadas en el índole humano y profesional.
Quien transgrede la ley, tiene la obligación de pagar su deuda con mucha rigurosidad ante la justicia, pero sin duda, todos aquellos que delinquen pasan a ser “hijos” del Estado y por ende este también cumple una función determinante en este ciclo. Ser responsables de todas las privaciones del interno, pues infringen la ley, pero no dejan atrás la condición de seres humanos.
Una ventana a la Libertad
Una ventana a la Libertad, UVAL, Organización no gubernamental, ONG, dedicada a la defensa de los derechos humanos de quienes se encuentran encarcelados, presentó, a cargo de su coordinador general, Carlos Nieto Palma, reconocido por denunciar desde hace varios años las reiterativas violaciones de DDHH, en el seno del sistema carcelario, junto a Luisa Torrealba Mesa, coordinadora de la investigación, un balance de la violencia intramuros, llamada “La muerte y la violencia asedian a los privados de libertad. Situación de los derechos humanos en los centros de detención preventiva en Venezuela 2017”, arrojando resultados a considerar en un ámbito plagado por la violencia y la ley del más fuerte.
La ponencia manifiesta por el equipo de UVAL, es el producto de una proceso investigativo efectuado desde el 1 de febrero al 31 de diciembre del año 2017 en 198 centros de detención preventiva, 178 correspondientes a la jurisdicción civil y 20 a la jurisdicción militar, cuyo contenido se fundamenta en un diagnóstico exhaustivo sobre los DDHH de las 14.525 personas que han permanecido recluidas en estos 198 centros de detención preventiva de la Gran Caracas y de los estados Apure, Bolívar, Carabobo, Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Táchira, Vargas y Zulia, zonas que reúnen el mayor número de población penal del país durante 2017.
Nieto Palma explica que, “estas instalaciones no fueron creadas para albergar a tantas personas, pues de acuerdo con la Ley penal, el tiempo estipulado para estar en estos recintos es solo de 48 horas mientras se espera la presentación a los tribunales”.
Al menos 115 recluso poseen boletas de excarcelación
Para Carlos Nieto Palma, el caos en los recintos aumentó dramáticamente luego de la llegada de la ministra de Servicios de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, quien a pesar de haber prometido la construcción de nuevo centros en todos los estados del país, esto no se llevó a cabo.
Por el contrario, a su juicio, solo se incrementó el retardo procesal. Agregó que al menos 115 reclusos poseen boletas de excarcelación, mientras que 3919 ya deberían estar en un centro de reclusión fijado por el tribunal que siga la causa del interno.
Para el coordinador de UVAL, una de las soluciones radica en la construcción de dos centros penitenciarios en cada estado, para la atención de procesados y penados.
Actuación urgente del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, para canalizar un plan de salud, para los reclusos con enfermedades infecto contagiosas o crónicas.
Urgen políticas urgentes por parte del Ministerio de Interior, Justicia y Paz
Actuación del Ministerio Público y Defensoría del Pueblo para constatar situación de hacinamiento, así como la urgencia de adoptar medidas inmediatas en procura del traslado de quienes ya han sido procesados.
Y la adopción de una política urgente por parte del Ministerio de Interior, Justicia y Paz para la previsión presupuestaria que permita el acondicionamiento de los centros de detención preventiva con espacios dignos para la alimentación, la recepción de visitas, la recreación y servicios fundamentales como los de alimentos, agua potable y asistencia médica.