Por.- Alberto D. Prieto.-
Si uno teclea en google “new york times españa libertad de expresión”, la primera página de resultados presenta artículos de diferentes medios con el mismo sesgo: todos atribuyen la “advertencia”, el “repasito” o la “denuncia” de que “la libertad de expresión está en riesgo en España” a la histórica cabecera ‘progre’ estadounidense. Y no es así.
No es el periódico yanqui el que “advierte” en un editorial y se basa en su tradición libertaria para pegar un “repasito” y “denunciar” que el Gobierno de Mariano Rajoy está socavando uno de los pilares de las democracias occidentales. Sino que es uno de sus columnistas, Raphael Minder, famoso por sus soflamas de brocha gorda.
Todo depende, como siempre, del cristal a través del que se mire. Esa primera página de google deja a España fatal, pero son entradas, todas ellas, a medios de envergadura entre mediana y minúscula —en un ranking hecho a vuelapluma entre la audiencia y el rigor— que cojean indefectiblemente del pie izquierdo. Aunque, créame lector, que exactamente lo mismo pasaría con los medios de derechas si en el Palacio de la Moncloa hubiese un presidente de izquierdas. Ya pasó.
¿Está en riesgo la libertad de expresión en España? En una sola semana, tres casos y una muerte han sacudido los fieles de la balanza de la Justicia que debe lidiar con la fina línea entre el derecho fundamental al honor y el de la crítica, la expresión artística, la de las propias ideas y la información veraz.
Una juez de Collado Villalba (Madrid) ha decretado el secuestro de ‘Fariña’, un libro de investigación del periodista de ‘El País’ Nacho Carretero sobre el narcotráfico en la Galicia de los años 8’0 y 90. El volumen se publicó en 2015 y ya va por su décima edición. La orden no viene por una sentencia de algo juzgado, sino que es una medida cautelar por la “defensa del derecho al honor” de un ex alcalde al que se cita una sola vez en un tomo de 400 páginas. Formidéibol.
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a tres años y medio de cárcel a José Miguel Arenas Beltran, un rapero veinteañero que responde al nombre de Valtonyc en las redes, donde publicó determinadas canciones que enaltecían el terrorismo de ETA y los GRAPO, pedía más atentados y deseaba la muerte del Rey y de un empresario de las Islas Baleares. Pero los medios interesados en atacar al Gobierno se centraron en su última modificación del Código Penal —incluida en la bautizada como ‘Ley Mordaza’— y en que el cantante iría a la cárcel por llamar ladrón a Felipe VI. Nada dijeron en sus titulares de que el chico hacía fiestas en sus rimas a cuenta de los secuestros y asesinatos terroristas o de que, en primera instancia, fue un tal Jorge Campos, el empresario ofendido, el que lo había denunciado. Cachis la mar.
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El pasado miércoles, y antes de abrir sus puertas al público, la prestigiosa Feria de Arte Contemporáneo ARCOmadrid puso su prestigio internacional en entredicho por un acto de autocensura. La galerista Helga de Alvear decidió retirar la obra de Santiago Sierra ‘Presos políticos en la España contemporánea’ a petición de la dirección del certamen. Todos los medios, salvo honrosas excepciones, se centraron en que en las imágenes de rostros pixelados aparecían los dirigentes del golpe independentista catalán del pasado octubre Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart; casi nadie habló de que además se glorificaba la figura del concejal de Podemos Andrés Bódalo, encarcelado por diversas palizas a rivales políticos, o los radicales proetarras que apalearon a dos guardias civiles fuera de servicio y a sus esposas mientras tomaban unas copas en las fiestas de Alsasua (Navarra). Gensanta.
Cuando unos yihadistas atacaron la redacción de la revista satírica ‘Charlie Hebdo’ en París en enero de 2015, yo escribí que la revista no me gustaba pero que su existencia era “un triunfo de la sociedad occidental” y que “sus portadas y viñetas son irrenunciables, y a quien ofendan, que las denuncie”. Otra cosa es que las leyes en España castiguen de manera exagerada —y contraria a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos— las injurias al Jefe del Estado, por ejemplo.
La libertad de expresión está en riesgo en España, sí, como la vida humana puede estarlo en Israel o Colombia. Pero no tanto por todos los hechos descritos más arriba como por que son los propios medios de comunicación los que —cada vez con menos rubor— los presentan sesgadamente, al calor de su sardina ideológica, en lugar de informar sobre ellos de manera ecuánime y reservar la crítica no para ajusticiar rivales políticos sino para cambiar las leyes. Recognes.
Alberto D. Prieto es Corresponsal Internacional de OKDIARIO