Por Ramón Guillermo Aveledo
El país entero, desde todos sus sectores, reclama una elección verdadera para decidir lo que para nadie aquí y afuera es un secreto: quiere cambiar.
Estoy de acuerdo con los obispos del país reunidos en la Conferencia Episcopal Venezolana. Estoy de acuerdo con los rectores de las universidades de Venezuela, agrupados en la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU). Estoy de acuerdo con las academias nacionales que se han pronunciado sin excepción. Estoy de acuerdo con la Federación de Cámaras de Comercio y Producción (Fedecámaras) y todos los gremios empresariales de la ciudad y el campo. Estoy de acuerdo con la diversidad de sindicalistas que como expresión de los trabajadores organizados se han manifestado en alta, clara e inteligible voz, y con los gremios profesionales y con organizaciones de la sociedad civil y con personalidades venezolanas que independientemente de organizaciones han hecho saber su posición. Estoy de acuerdo con el Consejo Nacional de Laicos católicos (CENAL). Estoy de acuerdo con diversos sectores provenientes del movimiento fundado por el difunto Presidente Chávez discrepantes de la línea del gobierno e inconformes con su pobrísimo desempeño y con sectores opositores respetables que no participan en la estrategia unitaria. Estoy de acuerdo, desde luego, con la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Con Primero Justicia y con Acción Democrática, con Voluntad Popular y con Un Nuevo Tiempo, con el Movimiento Progresista de Venezuela y con La Causa R y con toda la pluralidad de partidos y movimientos solidarios con esa política, incluidos los socialcristianos que afilados o no a la estructura reconocida por el TSJ y el CNE han dejado perfectamente claro que la línea decidida por quienes ostentan la representación oficial de esa divisa histórica no los expresa.
Ellos representan a Venezuela toda, la que reclama ejercer su derecho a decidir quién la gobierna y que se rebela cívicamente ante el pequeño grupo de aprovechadores que ha privatizado el Poder Público en su exclusivo beneficio. Hay compatriotas, a todos respeto, a varios de los cuales conozco y de ellos a más de uno aprecio, que equivocadamente han aceptado esta injusta e ilegítima convocatoria. Su error perjudica un reclamo venezolano.
La convocatoria precipitada para abril y por conveniencia corrida para mayo sin cambios sustanciales, no es una elección. Para que una elección sea tal, debe cumplir requisitos que le son fundamentales.
Por eso la Unión Europea, el Parlamento Europeo y gobiernos de estados miembros de esa poderosa comunidad democrática, al igual que el Ejecutivo y el Congreso de los Estados Unidos y los países latinoamericanos, caribeños y norteamericanos congregados en el Grupo de Lima, han anticipado que no reconocerán en resultado de esa llamada votación. Por eso no han querido la observación sistemática, creíble de la OEA, la ONU o la UE.
Está más que claro. Esta, no es una elección.