Asamblea Nacional

Amenazas y elecciones distraen a opositores

Por.- Jaime Granda

-Denuncias contra Colombia son parte del plan al igual que  elecciones municipales

El gobierno de Venezuela parece tener control del panorama político y cada anuncio responde a una muy bien estructurada estrategia que cuenta con buenos asesores internacionales, como reconocen observadores políticos en todo el mundo.

Los opositores se debaten entre anuncios electorales y amenazas contra partidos políticos, parlamento o dirigentes, sin que pareciera que sus acciones afecten al régimen ni ayuden a un cambio en la cúpula opositora.

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, aseguró el lunes que ya tienen los cálculos para convocar a un revocatorio contra los diputados de la Asamblea Nacional (AN).

El diputado a la AN Tomás Guanipa denunció el martes y mostró fotos de patrullas y funcionarios con armas largas que rodearon su casa durante toda la mañana hasta que una comisión parlamentaria llegó al sitio.

Liliana Hernández, coordinadora electoral de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), explicó el martes a través de Unión Radio que, a su juicio, el anuncio de Diosdado Cabello sólo pretende generar un nuevo conflicto político por la vía de confusión política para evitar los problemas de la cotidianidad.

Hernández cuestionó que el revocatorio se realice, debido a que consideró que puede que sea un juego para ganar espacio dentro del PSUV.

Pero el régimen también ha montado otras distracciones como la mencionada por el Grupo de Lima el martes en nota suscrita por los gobiernos de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú.

Esos países del Grupo de Lima “expresan su profunda preocupación por informaciones recientes sobre movilización de armamento y aviones de combate de parte de Venezuela a la frontera con Colombia, acciones que se contradicen con el espíritu de la Proclama sobre América Latina como Zona de Paz aprobada en 2014 por la CELAC”.

Desde que el candidato de la FARC perdió las elecciones presidenciales, el régimen de Venezuela comenzó a denunciar que el nuevo presidente, Iván Duque, forma parte de un complot para que Estados Unidos invada a Venezuela y el mandatario venezolano no pierde oportunidad para descalificar y burlarse del recién electo, como lo hizo el martes desde Cuba donde estaba para la clausura del congreso del Foro de Sao Paulo.

Ese mismo martes, el senador José Obdulio Gaviria, uno de los principales alfiles del uribismo y ahora uno de los principales asesores del presidente electo de los colombianos, dejó claro el gobierno de Iván Duque no respaldará bajo ninguna circunstancia una intervención militar en Venezuela como salida a la crisis humanitaria y social por la que atraviesa ese país y que ha causado el éxodo masivo de más de un millón de venezolanos a Colombia.

En la AN

El diputado a la AN, José Gregorio Correa, manifestó el martes en la tarde su descontento con respecto a la posibilidad de un referendo revocatorio a los diputados legítimos y recordó que por parte del oficialismo «hubo 55 diputados que fueron electos y más nunca regresaron al parlamento con lo cual le ocasionaron un engaño a los electores que votaron por ellos».

Agregó: «yo me imagino que los que andan en la onda de revocatorio es por los parlamentarios que nunca volvieron, se refieren a la fracción que hoy tienen el 400 mil % de inflación en la economía».

Por su parte, el presidente de la AN, Omar Barboza, aseguró que en Venezuela están dadas las condiciones para revocar al gobierno de Nicolás Maduro y no al parlamento.

Dijo que entre las opciones estaría convocar “a una elección presidencial antes de que se acabe el periodo”.

Lea también: El poder rojo estimula emigración masiva de venezolanos

Reiteró que si el gobierno quiere convocar un revocatorio que lo haga pero, a su juicio, le será difícil alcanzar la votación que obtuvo el parlamento en 2015.

El diputado Alfonso Marquina dijo que si Diosdado Cabello, “quiere convocar revocatorio, que le eche pichón y que vea cómo hace para lograr esa altísima votación que tuvimos los diputados en el año 2015”.

Por lo demás, el diputado Omar González anunció la incorporación de los diputados del estado Amazonas, en nombre de la Fracción 16 de julio.

El parlamentario destacó que celebraba que una de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se esté cumpliendo hoy «como la incorporación de los diputados de Amazonas». Sin embargo, reiteró la solicitud para que sea ocupada «cuanto antes» la vacante de la presidencia de la República y la comandancia en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que en este momento no tiene comandante y «precisa una sentencia» por parte del TSJ.

El máximo tribunal emitió el 30 de diciembre del año 2015 y el 11 de enero del 2016 una sentencia donde ordenó la suspensión a efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación de los diputados electos en Amazonas y la Región Indígena Sur. El ente declaró la invalidez jurídica del acto de juramentación e incorporación a la AN de los ciudadanos, Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana en los cargos de diputados por, según la entidad, violación flagrante del orden público constitucional. El lunes 9 de enero, durante la primera sesión ordinaria del año 2017, la AN votó a favor de su desincorporación, luego de que los tres parlamentarios remitieran una comunicación ante la junta directiva. Esa decisión de la AN buscaba poner fin al desacato en que se encontraba el Parlamento.

Próximas elecciones

Otro factor de disputas dentro de la oposición es la convocatoria del Consejo Nacional Electoral (CNE) a las elecciones municipales para el 9 de diciembre y la campaña electoral se extenderá por 16 días, entre el 22 de noviembre y el 7 de diciembre a la medianoche.

Por lo pronto, la plataforma Concertación por el Cambio, surgida con la candidatura de Henri Falcón, participará en esas elecciones aunque exigen que se cumpla lo pautado en la Constitución nacional en cuanto a las garantías que se deben darse para este proceso.