Alejandro Rebolledo: Acciones concretas para recuperar el dinero saqueado a Venezuela
Francisco Poleo
Tras casi veinte años en el poder, la corrupción en torno al gobierno chavista ha dejado famélicas las arcas del país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Los venezolanos siempre resentirán lo que pudo ser y no fue, salvo algunos pocos que se encargaron de saquear más de 800 mil millones de dólares.
Alejandro Rebolledo es uno de los magistrados que la opositora Asamblea Nacional de Venezuela juramentó en el 2017, revirtiendo un acto ilegal del anterior parlamento. La dictadura de Nicolás Maduro no aceptó esta legislación, como no ha aceptado ninguna otra desde que la oposición manda en el Palacio Legislativo. Pero no solo no aceptó el mandato sino que persiguió policialmente a los nuevos magistrados, que tuvieron que huir del país para resguardar su libertad.
De esos magistrados, algunos se constituyeron en una agrupación simbólica que se autodenominó «Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Legítimo». Magistrados que eran hasta terceros suplentes terminaron comandando Salas de ese Supremo que ahora enjuicia a Maduro por corrupción. Ese grupo ha ordenado, inclusive, detener al dictador y frenar elecciones, pero sus decisiones no han sido acatadas. Si bien es necesario exponer la corrupción, como se hace en el juicio al dictador con las pruebas que presenta la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, no dejan de ser actos simbólicos de este grupo de abogado financiado por algunos banqueros venezolanos en el exterior.
Ante eso, algunos magistrados han preferido buscar acciones concretas sin unirse al TSJ en el exilio. Entre ellos está Rebolledo, quien ha hecho carrera como especialista en anti-lavado de dinero. El abogado ha articulado diversas acciones con autoridades internacionales para seguir la traza del dinero fugado de las arcas venezolanas, sobre todo en Estados Unidos.
Rebolledo viajó en días recientes hasta Foggy Bottom, la sede del Departamento de Estado en Washington, para entregar pruebas de corrupción de figuras ligadas al régimen de Venezuela y para pedir que se revise el estatus migratorio de venezolanos que habrían mentido a las autoridades de Estados Unidos para conseguir documentos en ese país. Son dos iniciativas que fueron impulsadas por miles de venezolanos a través de la plataforma Change.org y trabajadas con un equipo multidisciplinario venezolano-estadounidense, nos explicó el magistrado al ser entrevistado por Zeta.
Acciones concretas para estrechar el cerco
«El Departamento de Estado evaluará si tienen suficientes indicios para investigar a gente ligada al gobierno de Venezuela que haya contaminado al servicio financiero de Estados Unidos», nos explica Rebolledo.
Sin embargo, las autoridades estadounidenses ya están sobre varios casos de lavado de dinero provenientes de la corrupción en Venezuela. Recientemente, el periodista dominicano Oscar Haza reveló que a testaferros de Diosdado Cabello, el número dos del régimen venezolano, le incautaron 800 millones de dólares en Estados Unidos, información corroborada por el senador Marco Rubio. Otro caso sonado ha sido el de los llamados «bolichicos», un grupo de jóvenes que conectaron con Petróleo de Venezuela (PDVSA) para lavar dinero de la estatal petrolera. Hace poco, detuvieron a algunos de ellos en Miami por haber lavado en inmuebles en la ciudad del sur de la Florida.
«Hay casos vinculados (al de los «bolichicos»). Han integrado el lavado con los inmuebles», asegura el magistrado Rebolledo, antes de considerar que los que más han invertido en Estados Unidos son los más radicales de un régimen que tiene a ese país como su principal enemigo ideológico.
Es Estados Unidos el país que ha comandado el cerco internacional al régimen de Maduro, arrinconándolo con sanciones que ahora son replicadas por la Unión Europea. «A raíz de las sanciones, estos delincuentes han buscado asentarse en Asia. Esos operadores tienen estructuras mundialmente», explicó Rebolledo. «Por otro lado, los carteles mexicanos y colombianos encontraron una ruta segura en Venezuela para el tráfico de drogas internacional», dice el especialista, que está por publicar un libro llamado «Así se lava el dinero en Venezuela».
Según Rebolledo, los principales soportes internacionales del régimen para evadir las sanciones de EE.UU. y la UE son Rusia y China, sin olvidar a Turquía y a Irán. Todos esos aliados de la dictadura están asentados en Venezuela. «Los iraníes son sujetos ligados al terrorismo, además», apuntó el magistrado.
«En el área de lavado de dinero es imposible que ellos puedan borrar sus trazas, sus transferencias y vinculaciones. Estas personas están en Venezuela, pero tienen sus empresas en América Latina, EE.UU., Europa y Asia. Hacen posible que empresas fachadas puedan aparecer como proveedores cuando son estas organizaciones criminales que tienen a intermediarios al frente de ellas», explica Rebolledo en su página en Change.
El problema de la corrupción es estructural en Venezuela, si no en América Latina. Por estar todavía en el gobierno, al chavo-madurismo todavía no se le ha podido descubrir todo, aunque las enormes cifras ayudan a que se vaya filtrando lo saqueado. La corrupción es sistémica en los países gobernados por afiliados al Foro de Sao Paulo. Brasil enfrenta el escándalo del «Lava Jato» y Argentina ahora el de «los cuadernos de la corrupción». Pero, ¿cómo montaron un aparato de lavado de dinero de alcance internacional unos sujetos sin experiencia en estas lides».
Rebolledo asegura que, en el caso de Venezuela, sirvió de cómplice estrella el sistema financiero. Banqueros venezolanos que no solo se aprovecharon de mecanismos creados por el régimen como el control cambiario sino que les enseñaron, a cambio de que los dejaran operar, cómo se bate el cobre a la hora de colocar lo pillado en el sistema internacional. «El chavismo se valió de estos banqueros que les enseñaron a operar en sus mismas estructuras. Ahora estos delincuentes tienen enmascarado el dinero, aprovechándose hasta de los planes gubernamentales para alimentar y proveer medicinas a un pueblo asediado por la crisis», finalizó el magistrado.