Una de las primeras medidas anunciadas por el reciente Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha sido recuperar la sanidad universal. esto supone la concesión, sin cortapisas, de la tarjeta sanitaria a todos los ciudadanos irregulares; y la eliminación del copago para los pensionistas en la compra de medicamentos.
A partir del pasado 31 de julio, se establece como titulares del derecho a recibir asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación administrativa irregular, así como a las personas nacionalizadas en España, a los extranjeros residentes, a los pensionistas que residen en otros países y a los trabajadores transfronterizos. En aquellos casos en que los extranjeros no hayan superado el periodo de estancia temporal al que se refiere la Ley 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social (90 días), será preceptiva la emisión de un informe previo favorable de los servicios sociales competentes de las comunidades.
La normativa implica que se va a financiar la asistencia sanitaria siempre que no exista la obligación de acreditar la cobertura de la prestación sanitaria por otra vía, en virtud de lo dispuesto en el derecho de la Unión Europea, los convenios bilaterales y demás normas aplicables; no poder exportar el derecho de cobertura sanitaria desde su país de origen o procedencia; y no existir un tercero obligado al pago.
La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de España, Carmen Montón, ha declarado recientemente que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha cumplido “en seis semanas” su compromiso de recuperar la asistencia sanitaria universal que el Gobierno de Mariano Rajoy eliminó en el año 2012. “El presidente Sánchez y todo el Gobierno, ha cumplido su palabra”, aseguró.
En un vídeo publicado en PSOEtv, la ministra recuerda que, con el decreto del Gobierno, todas las personas son atendidas “de forma igual” en el sistema sanitario, algo que considera que es “motivo de orgullo”. Además, añade, con esta decisión se llega “a la meta del camino que trazó Ernest Lluch”, pues la asistencia sanitaria se liga a la condición de ciudadanía y no a la de aseguramiento.
Esta medida, prosigue, supone beneficios tanto para la “salud individual” de las personas a las que el PP dejó “excluidas” en 2012 como para la “salud colectiva”, al permitir un mejor control de las enfermedades. Finalmente, Montón subraya que no supondrá un sobrecoste, porque la atención primaria es menos costosa que la atención en urgencias y evita hospitalizaciones.