Por Carlos Canache Mata
***La estampida masiva de venezolanos hacia otros países ha convertido a Nicolás Maduro en una amenaza estratégica para la región.
Según los registros de la ONU, desde el año 2014, es decir, durante la dictadura de Nicolás Maduro, alrededor de 2,3 millones de venezolanos se han visto obligados a irse del país, a causa de la crisis político-económica y humanitaria que vivimos, de los cuales más de 1 millón quinientos mil se ubican en países de América del Sur. El propio secretario general, António Guterres, ha manifestado su “preocupación” por el éxodo de venezolanos y dijo el jueves de la semana pasada que se creará un equipo de coordinación para la atención de la crisis migratoria venezolana. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a través de su portavoz Joel Millman, la comparó con la crisis vista “en otras partes del mundo, particularmente en el Mediterráneo” con sus refugiados, y expresó que la comunidad internacional debe “empezar a alinear sus prioridades, financiación y medios” para prestar su colaboración. La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha declarado que la migración venezolana en los últimos años es “uno de los mayores movimientos de población en la historia de América Latina”.
Los países vecinos han dado la bienvenida y asistencia a los migrantes, pero en algunos se han comenzado a revisar los requisitos de visado para las llegadas, y en otros se han presentado brotes xenófobos. Es que el desproporcionado flujo migratorio sobrecarga y desborda esa capacidad de asistencia de los países receptores porque, como observó Alfredo Michelena en artículo reciente, “cuando en menos de dos años un país ha recibido una avalancha incontrolada de migrantes que puede llegar al 5% de su población estamos hablando de que el impacto es de marca mayor”. Como consecuencia de ello, se generan dificultades o un colapso para proveer las necesidades de alimentación, salud, empleo y educación que demandan nuestros compatriotas migrantes, que el dictador ha agredido con calificativos denigrantes. Se ha exhortado a los gobiernos de todo el mundo a donar fondos a los mecanismos que se han puesto en marcha para apoyar a los países vecinos, y ya Estados Unidos, entre otros, ha hecho esas donaciones a los más afectados. Parlasur, el Parlamento de Mercosur, ha anunciado “trazar planes de ayuda humanitaria que beneficien a los venezolanos que huyen de la crisis”. Dos agencias de las Naciones Unidas, la OIM y ACNUR, lanzaron este año campañas para recaudar 32 y 46 millones de dólares, respectivamente. Y la propia ONU ha destinado 6,2 millones de dólares de su Fondo Central de Respuesta a Emergencias para apoyar y ayudar las actividades de sus dos agencias mencionadas. La OEA, por su parte, apoyó la solicitud formulada por su secretario general, Luis Almagro, de una reunión urgente del Consejo Permanente de ese organismo para considerar la diáspora que, por su dimensión, requiere un tratamiento multilateral.
Con toda razón, el exguerrillero salvadoreño Joaquín Villalobos, insospechable de colusión con “el imperio”, ha opinado que “Maduro se ha convertido en una amenaza estratégica para la región”. Y es ridículo que la dictadura acuse de “injerencismo” en nuestros asuntos internos a los países afectados cuando se refieren a la tragedia venezolana y buscan la cooperación internacional para mitigar los efectos sobre ellos mismos.
Lo que se ha creado es un problema continental.