Por .- Jaime Granda
Las cúpulas de gobierno y de oposición no atinan cómo explicar las consecuencias de sus erradas andanzas y eso apaga las luces en el panorama político.
En esta Venezuela de finales de agosto de 2018 hay escasez de muchas cosas materiales, cosas básicas, elementales, que ante su ausencia, millones de sus habitantes se han ido a buscarlas fuera de nuestro territorio.
En esta Venezuela también hay escasez de transparencia en el manejo de los menguados recursos de un país petrolero que tuvo fama de rico.
Pero la escasez de transparencia llega a tal grado que afecta hasta los discursos de las cúpulas. La cúpula del régimen y la cúpula opositora deben acercarse a las recomendaciones populares de “no explique para que no complique” y “no aclare para que no oscurezca”.
Aunque todo apunta a que el Régimen quiere que la banca privada lo ayude a espiar a los venezolanos en el manejo de sus recursos financieros, algo que es responsabilidad personal de cada individuo, en las redes sociales lanzan la explicación de que la circular SIB-DSB-14539 de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) del 27 de agosto de 2018 es con el fin de evitar el flujo de dinero que sale del país a través de la frontera mediante el contrabando de extracción y constituye un duro golpe a las mafias de compra de dinero de nuestro efectivo, en el Norte de Santander de Colombia, y desde otros países donde se transfiere en tiempo real una masa de dinero importante que afecta nuestra economía. Asimismo, dicen, el máximo ente supervisor bancario busca evitar las operaciones que se realizan por medio de la banca electrónica sin pagar las tasas correspondientes que incentivan el mercado paralelo de divisas.
Dicha circular establece que cada persona debe informar a su banco sobre cualquier viaje al exterior y cada banco debe informar a Sudeban sobre la movilización de cada cliente.
Otro caso que fomenta incertidumbre es la orden de Nicolás Maduro para que cada pensionado tramite el Carnet de la Patria para poder cobrar lo que le corresponde. En las redes sociales circulan aclaratorias de que eso no vale para aquellos que, de acuerdo con la ley correspondiente, hayan cumplido 60 años de edad si es varón o 55 años si es mujer, y tengan un mínimo de 750 cotizaciones al Seguro Social. Versión que pareció confirmar el ministro de información, Jorge Rodríguez, durante su alocución en cadena de radio y TV, el 29 de agosto 2018.
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En realidad, aunque dicen que Nicolás Maduro aclaró eso, ni la agencia oficial de noticias, ni los medios televisivos ni impresos del Estado, publicaron algo al respecto. Tanto es así que El Universal publicó ese día un trabajo en el que plantea que todavía el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) no tenía claro cuál sería el mecanismo de pago de las pensiones a través de la billetera digital anunciada por el gobierno.
El trabajo señala que durante un encuentro con inversionistas petroleros, el presidente de la República, Nicolás Maduro, precisó el martes que la nueva forma de pago a través de la billetera digital abarcará a todos los pensionados, y que el cambio se irá haciendo gradualmente hasta lograr «un sistema mejor».
La Federación de Jubilados y Pensionados convocó el pasado 28 de agosto una concentración frente a la sede principal del IVSS, donde entregaron una comunicación para solicitar que se aclare la situación ante la confusión que existe para el cobro a través de la billetera digital.
En oposición
La cúpula opositora también anda enredada con los pagos ilegales que hizo la constructora brasileña Odebrecht a varios políticos en Venezuela, usando la misma estrategia que utilizó en otros países donde ya hay varios detenidos por esos pagos, sin importar la jerarquía de los cargos que ocuparon.
Es difícil de entender que si el testimonio del jefe de Odebrecht en Venezuela, Euzenando Azevedo, vale para pedir el enjuiciamiento de Nicolás Maduro, tal como lo procesó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, se haya formado una alharaca para sacar de la investigación a Henrique Capriles, quien está en esa lista, mencionada por Azevedo en diciembre de 2017 ante las autoridades de Brasil.
Esa actitud de la cúpula opositora es muy similar a la de la cúpula gobernante para quienes la ley solo vale para los contrarios, pero no es aplicable para los suyos. Ese detalle es parte de las circunstancias que prolongan en el poder al chavismo y sus derivaciones, al igual que ocurre con la polarización que impide que el Gobierno reciba críticas de otros que no sean parte de la cúpula opositora.
Los 13 políticos mencionados por el directivo de la constructora en Venezuela son: Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Francisco Rangel Gómez, gobernador de Bolívar; Farih Fraija, alcalde de Carrizal, estado Miranda; Francisco Garcés, ex alcalde de Los Teques, estado Miranda; Carlos Ocariz, ex alcalde de Sucre, estado Miranda; Manuel Rosales, ex gobernador del Zulia; Pablo Pérez, ex gobernador del Zulia; Gian Carlo Di Martino, ex alcalde de Maracaibo, estado Zulia; Antonio Ledezma, ex alcalde metropolitano de Caracas; Elías Jaua y el periodista William Ojeda.