Por Jaime Granda.
Todo apunta a que Eva Golinger, abogada estadounidense con nacionalidad venezolana y ligada al chavismo, tuvo razón al advertir que la visita de Nicolás Maduro a Estados Unidos el miércoles pasado fue una acción desesperada ante las medidas que se van agravando en su contra y otros funcionarios del régimen.
Después de los nuevos funcionarios venezolanos sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el portal digital El Cooperante publicó la opinión de varios expertos sobre lo que eso significa y realmente es para que se desesperen.
Destacaron que una de las consecuencias para quien sea incluido en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Tesoro, OFAC, una instancia gubernamental de Estados Unidos que administra y cumple con las sanciones económicas y comerciales basadas en la política exterior y objetivos de seguridad nacional contra terroristas, criminales y narcotraficantes internacionales, es lo que denominan “la muerte financiera”.
Resulta que a los tachados por la OFAC se les registran sus cuentas bancarias y sus relaciones con otros clientes al usar las tarjetas de crédito, hacer operaciones bancarias, negocios o de financiamiento para evaluar el origen de los recursos de dichas cuentas, las empresas que transfirieron fondos y por qué motivos, pagos en cheques y transferencias. A medida de las investigaciones y el escudriño de las autoridades, los sancionados van perdiendo su movimiento financiero, perjudicando además a familiares y empleados porque los entes evitarán las operaciones con el entorno.
Las instituciones financieras del mundo tienen relación con Estados Unidos porque trabajan con el USD americano y para abrir cuenta a alguien, revisan si está en la lista de OFAC y evitarse una multa o roces con el Departamento de Estado norteamericano porque debe cuidar su acceso a los dólares americanos a través de sus nexos bancarios en el norte.
Una persona incluida en lista de la OFAC es eliminada de las relaciones con las empresas que sustentan las tarjetas de crédito. Así que los sancionados, que van más de 80, sufrirán sus consecuencias individuales y eso no afecta en nada al resto de los venezolanos.
Otro motivo de desesperación es la solicitud de seis países para que la Corte Penal Internacional, CPI, abra proceso contra funcionarios de alto nivel de Venezuela por abusos a los derechos humanos.
Ernesto Londoño y Marlise Simons publicaron el miércoles un trabajo sobre esta acción que es la primera intentada por países miembros contra otro estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Pese a que en la región son poco frecuentes las críticas públicas de otros líderes, este paso de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá representa un rechazo extraordinario al presidente Nicolás Maduro y a su Gobierno.
Los países latinoamericanos han quedado cada vez más alarmados por las crisis política y económica en Venezuela. La escasez de alimentos y de medicinas también ha forzado a millones de personas a emigrar, la mayoría a países vecinos.
La denuncia ante la CPI le añade urgencia a las investigaciones de posibles abusos en Venezuela.
“Los mandatarios de estos seis países han dado hoy un paso histórico y sin precedentes en la historia de nuestra América, generando un hito fundamental en aras de la justicia, la rendición de cuentas, la no repetición y la reparación a las víctimas de la dictadura venezolana”, dijo Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), en un comunicado.
“La magnitud del éxodo de venezolanos no tiene precedentes en nuestra región”, dijo el presidente peruano, Martín Vizcarra, a la Asamblea General de la ONU durante su discurso, el martes, al indicar que a su país han llegado unos 450.000 venezolanos. “Requiere una respuesta colectiva de la comunidad internacional”, agregó.
El caso no es usual. La Corte nunca ha abierto un caso referido por un Gobierno en contra de otro; durante décadas los gobiernos latinoamericanos se han adherido a un principio de no intervención en los asuntos domésticos de las naciones vecinas. Sin embargo, varios países ahora consideran que el desastre económico de Venezuela se ha convertido en una amenaza regional. La oleada de migrantes ha resultado también en el alza de tasas delictivas, y ha golpeado los sistemas de salud y educación de otros países.
Los países le pidieron, en una carta firmada por los seis jefes de Estado al margen de la sesión de la Asamblea General de la ONU, a la procuradora jefa de la CPI, Fatou Bensouda, que investigue los abusos a los derechos humanos posiblemente cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro desde febrero de 2014, cuando hubo represión de protestas masivas.
La carta hace notar que los expertos en derechos humanos ya han documentado diversos abusos, como detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, tortura y delitos sexuales.
Bensouda anunció en febrero pasado que el tribunal había abierto un examen preliminar ante denuncias de violaciones de derechos humanos en Venezuela, un primer paso para que haya una investigación formal y para que se puedan presentar cargos penales.
El tribunal fue establecido en 2002 como una corte de última instancia para crímenes de guerra y de lesa humanidad, particularmente genocidio. Desde su creación, solamente ha estudiado casos en África y únicamente ha conseguido un puñado de condenas.
En general, las investigaciones de la CPI duran años y los expertos indican que es poco probable que se presenten pronto, pero tarde o temprano se sabrán las consecuencias.
Los pensionados
Aunque no hubo mucha información el jueves, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, IVSS, cumplió el viernes con su anuncio de que pagar{ia el mes de octubre a los pensionados antes de que terminara septiembre.
El jueves en la noche, muchos pensaron que la euforia por la intervención de Nicolás Maduro en la Asamblea General de la ONU los había afectado, pero el viernes los que lograron superar lñas colas pudieron cobrar completo el monto de su pensión.
Un botón de muestra
Las instituciones en Venezuela perdieron su eficiencia desde que cayeron en manos de un proyecto político que jura que todo lo hace para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias.
Como decidieron cremarlo, la madre de la víctima, una señora con más de 70 años, tuvo que irse en la madrugada del jueves para Los Teques, aunque el trabajador de CANTV vivía en Caracas. A duras penas consiguió que lo incluyeran en una lista para el viernes. Ese es el país que nos están dejando los que llegaron al poder en 1999. Ni siquiera puedes llorar con tranquilidad a tus muertos, es el comentario entre los compañeros de trabajo del occiso.
En conclusión y para concluir esta crónica de la semana, un grupito de funcionarios sancionados en Estados Unidos olvidó ocuparse del pago a 4 millones de pensionados. Un trabajador de Cantv murió en Caracas durante su jornada y la familia sufrió 4 días para rendirle últimos honores por culpa de la burocracia.