Por Alfredo Michelena.
La Venezuela chavista no está bajo el radar internacional solo por sus continuas violaciones de derechos humanos, DDHH o por la autoinducida crisis humanitaria que ha producido millones de migrantes, o por el estrambótico descalabro de su economía tras la imposición de un modelo socialista, o por el carácter dictatorial y totalitario de su Gobierno. Está además por la instalación del crimen organizado y en especial el narcotráfico dentro del Estado.
El «pranato»
La creación de un Estado delincuencial, o como lo hemos preferido llamar un “pranato”, es una experiencia reciente en Latinoamérica. Ha habido gobiernos corruptos, dictatoriales, militares, infiltrados por el narcotráfico y promotores de las guerrillas o paramilitares, pero que todo esto se haya dado en un solo Estado en forma superlativa, además en el país con mayores potencialidades para ser, como lo fue por décadas, un país en pleno desarrollo, es algo extraordinario.
Se argumenta que Venezuela es narcoestado o narcorégimen, pero el narcotráfico no es sino uno de los factores que lo conforman. La estructura de poder del Estado venezolano está conformada por venezolanos filo-cubanos chavistas, militares corruptos y los famosos boliburgueses además del Gobierno de Cuba, pero también concurren los grupos guerrilleros, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia , FARC y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, las potencias extra regionales (Rusia, China e Irán) y los movimientos radicales islamistas, así como bandas criminales locales e internacionales y los miembros del Foro de San Pablo. Cada uno con sus intereses y ninguno interesado en el bienestar de los venezolanos que mueren de hambre y mengua sobre las reservas de petróleo más grandes del mundo.
Este ha sido el tema que como parte de la iniciativa sobre Venezuela del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS por sus siglas en inglés) fue el tema en el foro “Venezuela como Narco Estado” en su sede, en Washington DC, el pasado viernes 12 de octubre. Allí se debatieron “las implicaciones políticas de la escalada de Venezuela como centro del crimen organizado” y las consecuencia que “Venezuela se continúe consolidando como un actor importante en el lavado de dinero, la producción de drogas ilícitas y el tránsito de drogas”. En el foro participaron el exembajador en Venezuela y ex “zar de la lucha antidrogas” William Brownfield, y Juan Zarate quien fuera Asistente Adjunto del Presidente y Asesor Adjunto de Seguridad Nacional para Combatir el Terrorismo durante la administración de George W. Bush.
¿ Narco estado o estado mafioso?
Para el embajador Brownfield el movimiento de drogas por Venezuela debe estar entre 50 y 100 toneladas métricas por año. En el informe International Narcotics Control StrategyReport, 2018, del Departamento de Estado, Venezuela es clasificada como productor de precursores químicos utilizados para producir la droga, uno de los países importantes para el tráfico de cocaína por vía aérea, terrestre y rutas marítimas, así como para el lavado de dinero, en especial el proveniente de la droga. El reporte señala que la precaria e inestable economía y la corrupción endémica hacen que Venezuela sea vulnerable al lavado de dinero y otros delitos financieros.
A Brownfield le preocupa en este contexto que, desde los programas sociales hasta las fuerzas de seguridad, tienen el signo de la corrupción, pero que no solo proviene desde adentro, sino desde afuera, por organizaciones criminales en muchos casos trasnacionales. Y le alarma es la mayoría de las instituciones, al menos las más importantes, están cooptadas para el crimen. Y no solo el crimen vinculado con la droga. Según él, Venezuela es el sitio ideal para el crimen financiero, el lavado de dinero y cualquier tipo de manejos de los cuales una organización criminal pueda sacar beneficios. En esto la relación del régimen con las FARC y el ELN ha sido clave.
De esto no se ha salvado Petróleos de Venezuela, PDVSA. La petrolera pasó de ser una empresa eficiente, como él lo comprobó cuando sirvió en el consulado de Maracaibo en los años ochenta, “a una empresa de corrupción y lavado de dinero durante el chavismo”.
Para el exembajador, con la destrucción de las instituciones que empezó con Chávez, en un país sin Estado de Derecho y con una alta inestabilidad, lo que reina es la codicia y con ella la corrupción. Para él no podemos hablar de narcoestado sino de estado mafioso, pues en él se concretan un conjunto de actividades delictivas.
Penetrado o asumido
Para Zarate, el asunto es más complicado. No es un problema que Venezuela carezca de indicadores de transparencia o el régimen tenga relaciones con el narcotráfico, como por ejemplo lo tuvo Colombia. No es que Venezuela no tenga la capacidad técnica de lidiar con estos fenómenos, ni siquiera que no quiera pues tiene otras prioridades, es que se ha propuesto cooptar y manejar el crimen organizado. Esto pone al régimen venezolano en un spectrum de los países implicados con el delito.
Hay la disposición de articularse con el delito y sacar provecho de esta articulación para mantenerse en el poder. Por esto, de permitirlo, se ha pasado a articularse con él, moviéndose ahora hacia una fusión que permite que el régimen termine controlando progresivamente estos procesos delictivos, en especial las redes del trasiego de droga y el lavado de dinero. Esto le permite articular a los niveles más bajos otras organizaciones, como las mega bandas y así tomar mayor control del país. Esto, según Zarate, sucede cuando a partir de 2005 la DEA es expulsada de Venezuela, entonces el régimen se convierte en elemento articulador de todos estos procesos. “Ya no se ven los militares mirando hacia otro lado sino controlando estas redes e incluso organizándolas”. Y más allá, el Estado utiliza a sus sistemas de inteligencia e inteligencia financiera para conocer el movimiento de la droga y las finanzas y así controlarlas, a través del sistema judicial, por ejemplo, para su beneficio. Al final no solo es el control de las redes criminales, sino el control político. Entonces estas redes apoyadas por el Estado se hacen más poderosas y a su vez le dan más poder al propio régimen.
Para Zárate la constitución de este estado mafioso lo ha colocado como una amenaza internacional que no podía ser ignorada. Entre otras cosas por su vinculación con el narcotráfico, el crimen internacional y el financiamiento al terrorismo. Además que temas como la lucha contra la corrupción y violaciones de DDHH forma parte del corazón de la política de seguridad estadounidense. Esto, nos dice, es lo que ha permitido el cambio de una política de “no agitar el avispero” a una política más dura.
¿Cómo lidiar con este estado mafioso?
Para Zárate hay un problema de conflicto de medidas. Se quiere debilitar, aislar y restringir al régimen y su impacto regional pero sin dañar a la gente, por esto hay que dejar que la economía funcione y evitar que se terminen de devastar instituciones claves para la reconstrucción del país. Para él, las sanciones financieras para ser efectivas deben afectar las habilidades de funcionar del régimen y evitar que saquen provecho de sus actividades. Pero eso es complicado, pues mucho de los ingresos proviene de esos mercados ilícitos y actividades criminales que son difíciles de controlar. Al final, nos dice, las presiones financieras deben dirigirse a PDVSA.
Para Brownfield, ya pasó la etapa de pensar cómo impactarán las sanciones en las relaciones entre EE. UU. y Venezuela o en las relaciones entre la oposición y el régimen. Ahora el punto es cómo lidiar con el cruel impacto que tendrán las medidas. El problema es que “la agonía va a seguir hasta que le pongamos fin a esta tragedia”. Y argumenta que en estas circunstancias, es mejor hacerlo lo más rápidamente posible sabiendo que tendrá un muy fuerte impacto.
El exembajador en una entrevista posterior fue más explícito. A una pregunta sobre las sanciones petroleras recordó que PDVSA es la maquinaria más poderosa del régimen para los delitos financieros. “Es por estas razones, por razones legales y por resistir (sic) el tráfico de drogas que eventualmente PDVSA será sancionada”. El entrevistador de la Voz de América le repregunta que si ya se sabe todo esto, ¿por qué no se ha sancionado? A lo que Brownfield responde que muchos piensan que la sanción a PDVSA, única empresa que produce divisas, producirá efectos muy fuertes en la población. Entonces el norteamericano presenta como contra argumento, que ya los venezolanos “sufren tanto de falta de alimentación, de falta de seguridad, de falta de medicinas, de falta de salud pública, que en este momento la mejor solución sería acelerar el colapso, aunque produzca un sufrimiento mayor por un período de meses o quizás años”.
El combate contra crimen transnacional organizado
Un punto que no abordó este encuentro a profundidad es el impacto que tiene este estadomafioso en la seguridad de los EE. UU. y otros países de la región. En especial debido a que como dijo el anterior secretario de Estado, RexTillerson, “la amenaza más inmediata para nuestro hemisferio son las organizaciones delictivas transnacionales”.
Ya EE. UU. está en este tenor. Jeff Sessions, fiscal general estadounidense, anunció que investigaría cinco organizaciones trasnacionales criminales, cuatro de ellas latinoamericanas así como el Hezbollah. En estas investigaciones seguramente surgirán las relaciones del “pranato” que nos gobierna con alguna de ellas. Eso calibrará el nivel de amenaza que representa este estadomafioso y afinaría una política más agresiva contra el régimen.
Por ahora continuará la presión financiera sobre el régimen, así lo anunció el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, a la vera de la reunión del Fondo Monetario Internacional, FMI, cuando habló de los esfuerzos de EE. UU. «para enfrentar los retos que supone el régimen, incluyendo el apoyo al pueblo de Venezuela, el refuerzo de la presión diplomática y financiera sobre el régimen de Maduro y la protección de nuestro sistema financiero de flujos financieros ilícitos y corruptos que vienen de Venezuela». En esa ocasión se realizó una cuarta reunión de ministros de finanzas con la asistencia de 14 de ellos a fin de coordinar acciones para desmantelar el aparato financiero producto de la corrupción del régimen de Nicolás Maduro.