Este martes, el senador Dionisio García (PP) ha increpado al ministro de Exteriores de España, Josep Borrell, en el Senado, sobre la postura del Gobierno de Pedro Sánchez en torno a Venezuela, a lo que el Ministro repitió lo que ya ha dicho: que él ha sido el único ministro europeo en pedir al gobierno de Venezuela una explicación sobre la muerte de Fernando Albán pero que aún así no se suman a la denuncia de la CPI “porque ya hay una investigación en curso”.
García, fiel defensor de los DDHH y amigo de las causas democráticas, ha comenzado su intervención aclarando que: «Nosotros hemos pedido interpelarle hoy aquí para conocer la posición del Gobierno respecto del deterioro democrático y, sobre todo, de las flagrantes y graves violaciones de derechos humanos que se están produciendo en algunos países de la región iberoamericana. Esto no es nuevo en el Grupo Parlamentario Popular que lleva catorce años presentando iniciativas, esta es la número 62 que presentamos», comenzaba García.
«Lo que ocurre en Venezuela es que hay instalada una dictadura, una dictadura muy dura»
El senador continuó: «Esta mañana ha dicho usted en comisión que lo que ocurre en Venezuela es la quiebra de la institucionalidad democrática. Señor ministro, como eufemismo es inaceptable. Lo que ocurre en Venezuela es que hay instalada una dictadura, una dictadura muy dura, señor ministro, que lleva progresivamente, desde hace quince años, cercenando las libertades, todos los elementos sobre los que se sustenta la democracia, y que ha conducido hoy a lo que vive el país. ¿Y qué vive el país? La liquidación de todas las instituciones, desde la Asamblea Nacional al Tribunal Supremo de Justicia, la persecución y encarcelamiento de cualquier movimiento de protesta o de rebelión y de todos sus líderes que, o han huido del país por ser perseguidos o están en prisión allá, y, lo que es peor, señoría, el éxodo masivo de varios millones, unos dicen tres, otros dicen cuatro, en cualquier caso, muchísima gente que huye cada día por las fronteras terrestres, aéreas o marítimas, por donde puede, una parte importante de los cuales está aquí en España. Esa es la situación. Y a ese respecto, me gustaría hacerle unas preguntas que se pueden contestar con un sí o con un no, señor ministro, si quiere que quede clara esa posición», exclamó el senador del Partido Popular.
Y de esta manera introducía García los tres cuestiones en las que quiso interpelar al Ministro: la denuncia ante la CPI, el diálogo impulsado por ZP y las sanciones, a lo que Borrell ha contestado: «Estoy de acuerdo con su señoría en que la defensa de la democracia y de los derechos humanos le da a España un papel particular en América Latina por los vínculos históricos y culturales que tenemos con esta región. Y, por eso, hemos acogido en España durante los últimos años a no menos de 300 personas con el programa de los defensores de derechos humanos de la OEA y hemos participado en múltiples misiones de observación electoral. Pero vamos caso por caso a lo que usted ha planteado, porque seguramente estamos de acuerdo con los principios –no podemos estar en desacuerdo con ellos−, pero, quizá, discrepemos en cómo llevarlos a la práctica», aseguró, antes de pasar a contestar cada una de las tres cuestiones, de forma particular.
«Siempre hemos creído que la única vía sostenible que permitirá que Venezuela retorne a lo que yo llamo la institucionalidad democrática es que se encuentre una solución democrática, pacífica y negociada entre los venezolanos en el marco de un Estado de derecho. Y en este planteamiento España no está sola. Es exactamente el mismo que hizo la alta representante de la Unión Europea en la declaración que realizó en nombre de los todavía Veintiocho, el pasado 25 de octubre, abogando por una solución negociada, y su posición es exactamente la nuestra», aseguró Borrell.
Con respecto al diálogo, el Ministro de Exteriores ha aclarado en el Pleno: «Nosotros no nos limitamos a hacer un llamamiento retórico a la negociación, sino que estamos intentando que se produzcan las condiciones para que esta tenga lugar, y esta línea de trabajo ha sido la que ha asumido el Consejo Europeo de Asuntos Exteriores en su reunión del 15 de octubre y deberá llevar a una resolución en el próximo mes. Nosotros buscamos compatibilizar la búsqueda proactiva de una salida negociada con el mantenimiento de la presión sobre el Gobierno venezolano. Votamos en junio a favor de la ampliación del listado de autoridades venezolanas sometidas a sanciones individuales de la Unión Europea. Lo votamos. Nos hemos manifestado ahora a favor de que se prorrogue este régimen de sanciones un año más. ¿Está claro? He sido el único ministro de la Unión Europea que ha convocado al embajador de Venezuela para pedirle explicaciones por la muerte del opositor, Fernando Albán. Hemos apoyado en el seno del Consejo de Derechos Humanos textos promovidos por los miembros del Grupo de Lima», explicó.
Por último, con respecto a la denuncia de la CPI, ha dejado claro que «no nos hemos sumado a la demanda ante la Corte Penal Internacional porque ya existen iniciativas autónomas tomadas por la Fiscalía de este organismo. Tampoco lo ha hecho México, por cierto, y por supuesto no lo han hecho ni Francia ni Alemania».
La otra cara: los refugiados venezolanos en España
En definitiva, la crisis humanitaria hace rato que ha traspasado las fronteras venezolanas y agradecemos enormemente el apoyo internacional a nivel político, pero también necesitamos acciones concretas que, al menos, garanticen la vida, techo y comida a quienes no han tenido más remedio que huir y refugiarse en cualquier lugar.
Sí, refugiarse. En Madrid, esos refugios están en las zonas «deprimidas» todos muy lejos del metro, la gente camina hasta kilómetros para llegar a ellos. En la Cruz Roja los entrevistan, y ven a dónde pueden derivarlos (si pueden), se alegran cuando ven que es a un albergue en Madrid. Los hay más lejos, incluso en otras provincias, pero no tienen alternativa. Son familias enteras: abuelos y bebés incluidos, adolescentes, madres embarazadas, padres desesperados porque no le pueden dar sustento a su familia. Son prioridad las madres embarazadas y con hijos, sin pareja, que las hay. Si se llena el cupo, les dicen que vuelvan mañana, aunque llueva y un padre lleve al bebé en brazos. Algunos llegan a hoteles, pero cuando se les acaban los ahorros, acaban allí. Cinco días pasan entre una cosa y la otra.
Los que tienen suerte de llegar al albergue remitidos de Cruz Roja, tienen asegurado el techo y las tres comidas, con horarios estrictos para comer y lavar la ropa. Por ejemplo, duermen seis en una habitación, todos son venezolanos. Han llegado de diferentes partes de Venezuela, por la misma razón, y se encuentran en -llamémosle Madrid- para ayudarse unos a otros, en prestarse la manta, claro, porque no tienen más. Dormir allí es un privilegio, pero no está ni lejos de la inserción social y menos laboral. Ahora es cuando emprenden el largo camino que recorremos todos (padrón, seguridad social, médico, tarjeta roja, etc) pero, incluso, sin ni siquiera techo.
Es deprimente, pero no hay tiempo para deprimirse. Es desesperante, pero igual hay que resolverlo. Es abrumador, pero hay que seguir. El drama venezolano es infinito y se extiende por las membranas más sensibles de nuestra sociedad, ahora extendida por el mundo, en condiciones paupérrimas. En España han sido noticia los «bolichicos», esos millonarios con dinero malhabido que han invertido sus fortunas (o lavado su dinero), comprando edificios enteros en el barrio más caro de Madrid. Y entonces escuchamos en la radio o vemos en la TV decenas de reportajes que hablan de que «los venezolanos son ricos». Pero esa no es la realidad. Es solo una de las consecuencias de esta mal llamada revolución que, durante 20 años ha desangrado a los venezolanos. La otra consecuencia son esas familias que cruzan a pie las fronteras latinoamericanas buscando techo, comida y seguridad. Y también los que cruzan el Atlántico con la falsa promesa desesperada de que mientras más lejos, menos podrán alcanzarles la desdicha. Pero les alcanza. Y es muy duro.
No sé qué más tiene que pasar para que quienes tiene el poder, el dinero y las oportunidades puedan ponerlas al servicio de quienes han sufrido las peores consecuencias de esta maldición militarizada y tiránica que se apoderó de nuestro país, de nuestra sociedad y de nuestra dignidad.