Imagen: Cortesía de El Impulso. Autor Roberto WEilPor Jaime Granda.
La realidad incluye hiperinflación, falta de divisas, escasez de alimentos, malos servicios públicos de salud, agua, electricidad e incapacidad del régimen para enfrentar la crisis.
Lo tradicional es que los regímenes que se acostumbran a imponer los caprichos de sus líderes sin importar si ayudan o no a los habitantes del país donde dominan, apelen a la represión, el populismo y la demagogia para mantenerse en el poder.
Pero los tiempos cambian y cada régimen debe renovar las estrategias para que lo que antes sirvió con cierta eficacia a sus antecesores no se convierta en chatarra política que al igual que el propio régimen irán a la basura.
No se necesita la ayuda de expertos para ver en Venezuela que la represión contra los medios informativos ya no sirve para impedir que el pueblo llano se entere del comportamiento ilegal y abusivo de un régimen que ha destruido toda capacidad productiva nacional y hasta la capacidad de asombro.
El día miércoles 21 de noviembre se celebró el Día del Estudiante Universitario, fecha surgida por la lucha de estudiantes de ese nivel contra grupos que han tratado de imponer reglas a un país lleno de problemas causados por la incompetencia de los que se apoderan de los recursos del Estado y sueñan con vivir eternamente disfrutando de todas las ventajas que les ofrece esa posición, aunque el pueblo se muera de hambre, por falta de medicinas y buenos servicios de salud, y tantas necesidades como se han acumulado en Venezuela desde 1998 hasta estos días.
Fue un día donde en una misma ciudad, Caracas, la gente observó y sufrió cómo enardecidos uniformados atacaban con saña a los estudiantes concentrados en la Ciudad Universitaria y que trataron de salir de los confines de la Universidad Central de Venezuela (UCV) para exigir soluciones a problemas básicos como la eliminación de los comedores universitarios, la falta de transporte, la inseguridad en todas las universidades autónomas del país y otras deficiencias que se ha hecho crónicas.
Los caraqueños también vieron cómo grupos de estudiantes de las universidades dominadas totalmente por el proyecto chavista fueron llevados como rebaños a los predios del Palacio de Miraflores para que el jefe del Poder Ejecutivo mostrara sin rubor su demagogia al ofrecer 20 mil becas a estudiantes de Colombia que quieran venir a estudiar en las universidades de Venezuela.
También anunció la creación de nueve Universidades Politécnicas ubicadas en diferentes estados del país, pero no dijo si serán abandonadas como han abandonado al resto de las universidades y por eso miles de jóvenes han decidido buscar en países vecinos, como la propia Colombia, mejores lugares para su formación universitaria.
A pesar del bloqueo de portales digitales de medios tradicionales y nuevos, desde Bogotá se supo que el Defensor del Pueblo de esa nación, Carlos Alfonso Negret, entregó un informe sobre el estado de la niñez en la frontera y el mismo incluye que hay más de 300 mil niños venezolanos que necesitan “atención especial“ del Estado colombiano porque son muy vulnerables. Son hijos de venezolanos que han huido de la crisis económica, social y política que está acabando con Venezuela, país con las mayores reservas de petróleo, mayores reservas de oro y otros metales como el coltán.
El informe presentado por el Defensor del Pueblo de Colombia se ocupa de lo que ocurre en 13 departamentos de la frontera colombiana y contó con la participación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).
La realidad
La realidad que sufren millones de venezolanos ya es conocida por el mundo entero y los discursos de los representantes del régimen ante los organismos internacionales no cambian esa realidad.
Los discursos de todo el régimen en cualquier escenario, nacional o internacional, tampoco hacen mella en esa realidad y por eso día tras día la comunidad internacional suma mayores apoyos a la necesidad de resolver la crisis venezolana.
Día tras día crece el número de gobernantes del mundo que asumen que la realidad venezolana incluye hiperinflación, falta de divisas para traer al país lo que no está produciendo, escasez de alimentos, malos servicios públicos de salud, agua, electricidad e incapacidad del régimen para enfrentar la crisis.
La realidad incluye que la comunidad internacional no reconoce las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela el pasado 20 de mayo en las que el actual inquilino del Palacio de Miraflores supuestamente ganó su reelección.
La comunidad internacional dejó claro desde el principio que esas elecciones fueron convocadas por una autoridad ilegítima como es la Asamblea Nacional Constituyente, surgida de otro proceso lleno de irregularidades. La comunidad internacional también alegó que en las elecciones presidenciales de mayo no hubo participación de todos los actores políticos venezolanos, no hubo observación internacional independiente ni se cumplieron las garantías necesarias para que fuera un proceso libre, justo, transparente y democrático.
Todo lo ocurrido posteriormente a esas elecciones irregulares ha sumado más países a ese no reconocimiento y visto que el período presidencial válido comenzó en 2013 y termina en 2019, lo que se plantea ahora es que el 10 de enero de 2019 tiene que instalarse en el Palacio de Miraflores un gobierno de transición para organizar unas elecciones legales y recuperar toda la institucionalidad destruida desde 1999.
Frente a ese panorama, el inquilino del Palacio de Miraflores dijo el miércoles a los estudiantes llevados a su presencia que ese 10 de enero quiere al movimiento estudiantil en la calle, defendiendo la revolución. Anunció: “Vamos a prepararnos en las milicias universitarias. Estudio y fusil”.
Los que ahora están al frente del régimen, cuyo período está agotado, deben, por su parte, afrontar todas las denuncias en su contra en los organismos internacionales de justicia, todas las decisiones aprobadas en contra de las riquezas obtenidas a través de comprobados hechos de corrupción y sus nexos con la guerrilla colombiana y grupos extremistas repudiados en todo el mundo.