Por Camilo Rey Luna

La caída de Alejandro Andrade, ex tesorero nacional de Venezuela, y Gabriel Jiménez, ex dueño del Banco Peravia, no serán las únicas. La próxima en caer puede ser María Gabriela Chávez, hija del fallecido Hugo Chávez, pero ni siquiera ella es de las piezas importantes. De hecho, no son ni siquiera los peces gordos sino simplemente los intermediarios.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos llevaría a cabo una investigación dividida en dos grandes grupos vinculados a la corrupción y a la legitimación de capitales. Uno de los bloques lo encabezaría como representante Andrade, pero en el otro está Nelson Merentes, ex presidente del Banco Central de Venezuela.

En el grupo de Merentes se investigarían a miembros del mundo financiero. Todo este grupo estaría involucrado en el caso de las notas estructuradas. En el grupo de Andrade entran operadores en otros rincones de la corrupción chavista, pero también en la mira de la justicia estadounidense por presuntamente estar involucrados en legitimación de capitales.

Pero esta investigación en curso no es nueva. Empezó hace más de diez años, tiempo durante el cual Estados Unidos engrosó el expediente de todos los involucrados.

Notas estructuradas

Estados Unidos tiene la mira puesta sobre la corrupción generada en torno a las notas estructuradas desde hace tiempo. Las notas estructuradas son instrumentos financieros que se emitieron con respaldo de las deudas públicas de Argentina, Ecuador y Venezuela. De acuerdo a estimaciones de expertos economistas, entre 2004 y 2008 se colocaron más de 10 mil millones de dólares en Notas Estructuradas, en operaciones opacas sin ningún tipo de supervisión.

El negocio de las notas estructuradas comenzó en Venezuela cuando Tobías Nóbrega era ministro de Finanzas. Es decir, cuando empezó el control de cambios, en el 2003. A Nóbrega lo sustituye en el cargo Nelson Merentes, quien ha sido denunciado por la utilización de recursos del Fondo para el Desarrollo Nacional (FONDEN) para adquirir Notas Estructuradas. El negocio estaba en vendérselas a discreción a bancos y casas de bolsa.

Según los cables diplomáticos filtrados por Wikileaks, en el 2009 la embajada de Estados Unidos en Caracas estaba ya investigando el caso de las notas estructuradas. Luego de enriquecerse con las colocaciones a discreción en el mundo financiero venezolano de estos instrumentos, el gobierno de Hugo Chávez ahora amenazaba a sus beneficiados. Según denuncia en ese momento de Henry Ramos Allup, secretario general de Acción Democrática, los agentes chavistas compraban Casas de Bolsa, Bonos, Banco, entre otros, “para lavar porque no hallan cómo lavar los excedentes”.

En ese entonces, Ramos Allup mencionó en su denuncia a Alejandro Andrade, Pedro Torres Ciliberto, Arné Chacón, Leopoldo Castillo Bozo y sus hermanos, Rafael Ramírez, Diego Salazar, Baldo Sansó, George Kabul, Omar Faría Luces y Ricardo Fernández Barrueco.

«Una resolución del Ministerio de Finanzas (MF) ordenándole a los bancos venezolanos a salir de las ‘notas estructuradas’ emitidas por bancos de inversión extranjeros ha enloquecido al sector bancario local. Bancos locales tienen un estimado de 5 billones de dólares estadounidenses (5 mil millones de dólares estadounidenses) en estos instrumentos (…) Los bancos locales compraron estas notas como un mecanismo barato de sortear los límites de larga data a la hora de tener activos en moneda extranjera. Si los bancos locales son forzados de la noche a la mañana a vender su deuda soberana venezolana y convertir en bolívares las ganancias en dólares, tanto el precio de la deuda de Venezuela como la tasa de cambio paralela se desplomarían, y algunos pequeños bancos quedarían insolventes», dice un memorandum de la embajada estadounidense fechado el 03 de julio del 2008.

Fuentes consultadas señalan que la orden de salir de las notas estructuradas vino del propio Hugo Chávez, pero quien convenció al entonces presidente fue Alí Rodríguez Araque, a quien la embajada americana no veía con malos ojos. «Es posible que Alí Rodríguez, quien es generalmente respetado por su integridad aunque no por sus políticas, finalmente haya decidido marcar una línea al estar preocupado por todo el sector o por los depósitos del país que estaban en riesgo», señaló Patrick Duddy, entonces embajador de Estados Unidos en Caracas.

El negocio de las notas estructuradas habría estado operado por Merentes y Andrade, representantes de los grupos que estarían siendo investigados por la justicia estadounidense.

Según los estadounidenses, el principal objetivo de las medidas gubernamentales era Víctor Vargas, el presidente del Banco Occidental de Descuento (BOD). «(Nuestras fuentes) señalan que la acción regulatoria fue tomada luego de una disputa de negocios entre Vargas y un influyente asesor del Ministerio de Finanzas».

Merentes, entonces presidente del Banco Central de Venezuela, se reunió con funcionarios de la embajada estadounidense en abril del 2008 para solicitar una visa y estaba en contra de las medidas que él mismo implementaba desde su cargo oficial. Según cable diplomático, Merentes «mostró una mezcla de realismo y pragmatismo. Apuntó que el actual modelo económico venezolano no era sustentable al menos que el país pudiera diversificar sus fuentes de ingresos, sugiriendo que el software, la información tecnológica, y el turismo son posibles sectores de crecimiento. Insistió en la importancia de controlar el cambio de divisas paralelo, aunque apuntó que la emisión de deuda en dólares pagadera en bolívares no era una estrategia sustentable para controlarlo».

El negocio de las Notas Estructuradas fue obra de un grupo encabezado por Danilo Díaz Granado y Alejandro Dopazo, Director de Crédito Público en los tiempos de Tobías Nóbrega al frente del Ministerio de Finanzas.

Otras operaciones bancarias en la mira de EE.UU.

El 20 de noviembre del 2009, Alí Rodríguez, ministro de Economía, y Edgar Hernández Behrens, Superintendente de Bancos, anunciaron la intervención de los bancos Bolívar, Confederado, Banpro y Canarias. Los cuatro bancos estaban ligados a Eligio Cedeño, quien había crecido como empresario gracias a sus nexos con el gobierno chavista pero quien, de repente, cayó en desgracia con el mismo. La misma persona compró las cuatro instituciones bancarias, otro empresario del chavismo llamado Ricardo Fernández Barrueco, poco antes de la intervención. Esta operación fue seguida con lupa por la embajada estadounidense en Caracas.

Según un reportaje de la periodista Katherine Pennachio publicado en los Panama Papers, el conglomerado dueño de Canarias, Banpro y Bolívar Banco era Cedel Investment LTD, con jurisdicción en las Islas Vírgenes Británicas.

También en la lupa de las investigaciones diplomáticas estaban las operaciones de compra de Mi Banco, Banco Real, Central Banco Universal y Seguros La Previsora por un grupo asociado a Pedro Torres Ciliberto y Arné Chacón; la operación de compra de Inverunión y Mi Casa por Gonzalo Tirado; y la operación de compra del Banco Federal por José Zambrano.

En el caso del Banco Federal, los cables de la embajada estadounidense confirman que Nelson Mezerhane intentó vender esa institución bancaria a personas ligadas al chavismo. «(…) el Banco Federal, un banco mediano que el dueño de Banorte recientemente intentó comprar (…)». El dueño de Banorte era José Zambrano. La operación no fructificó porque la Superintendencia de Bancos no la aprobó. Era la época en que el gobierno intentaba que Mezerhane comprara a Guillermo Zuloaga sus acciones en el canal Globovisión para cambiarle la línea editorial anti-Chávez, so pena de intervenirle el Banco Federal.

«Según un reporte de prensa, Zambrano comenzó su carrera en la industria de los seguros, se mudó a Caracas desde su estado natal Anzoátegui en 1998, compró Seguros Bancentro en el 2007 (renombrándolo Zuma Seguros), y compró Banorte en el 2008. De acuerdo al mismo reporte, es dueño del 20% del Banco Nacional de Crédito (un banco mediano) y en el 2009 fundó en Florida la compañía Zuma Holding, LLC», se establece en cable de la embajada estadounidense en Caracas del 14 de diciembre de 2009.

Mezerhane, Cedeño y Zambrano viven ahora en Miami, donde son figuras importantes del exilio venezolano. Según fuentes directas consultadas, Zambrano, quien junto a su esposa recientemente desapareció de redes sociales y de toda vida pública, incluyendo de su fundación, asegura que Mezerhane le debe 75 millones de dólares estadounidenses, pero no se pudo confirmar con respecto a qué operación existe esa deuda.

Las operaciones financieras en Venezuela eran investigadas no solo por la embajada estadounidense sino por el Departamento del Tesoro. Según cable diplomático, el 07 de diciembre del 2009 un economista del Departamento del Tesoro visitó Venezuela para tratar directamente el tema. Los cables de la embajada fueron enviados al Departamento del Tesoro, al Departamento de Comercio, al Consejo de Seguridad Nacional, al Departamento de Estado, al Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, a la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, a la embajada de Estados Unidos en Bogotá (Colombia), a la embajada de Estados Unidos Quito (Ecuador) y a la embajada de Estados Unidos  en La Paz (Bolivia).

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