Por Ramón Guillermo Aveledo
***“La raíz de la libertad se encuentra en la razón. No hay libertad sino en la verdad”-
(Santo Tomás de Aquino)
En ese espíritu me incorporé a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. En línea con su pensamiento, Maritain dirá que para la libertad responsable, la virtud compañera del saber es la prudencia.
Con patriótica insistencia, esa corporación y el conjunto de las Academias Nacionales se han pronunciado acerca de la evidente gravedad de la situación de nuestro país y denunciado, con la misma alarma que siente la mayoría de la ciudadanía, su deterioro creciente en perjuicio de la convivencia social y la legítima aspiración de progreso con equidad. Porque las instituciones republicanas se desmantelan, los derechos van perdiendo vigencia real, el trabajo se desvaloriza, la economía se arruina, la sociedad se empobrece en todos los órdenes y al final, se amenaza la paz.
En la señalada ocasión del Centenario de la Academia de Ciencias Políticas, su Decano, el Doctor Alfredo Morles Hernández, expresó una conclusión ciertamente dura, pero para nada temeraria: “En el país dejó de existir el estado de derecho”. Esa ausencia castiga cada manifestación de la vida civil, desde la política hasta la más elemental cotidianidad e incluso la supervivencia.
Las Academias leen atentas la realidad venezolana. Como tribunas responsables del pensamiento nacional, junto a la crítica razonada han presentado opciones de política pública orientadas a realizar los principios fundamentales de la Constitución, en consonancia con la aspiración histórica de libertad para vivir y progresar en paz del pueblo venezolano.
El colofón de tal diagnóstico es que en Venezuela es necesario cambiar, tanto la noción de poder como las prácticas de poder imperantes. Y que esa transformación es urgente. Para quienes creemos en el Derecho como orden de la justicia y en el bien común como razón de ser de la política, es deber ineludible procurar que ese cambio necesario, apremiante, tenga fundamento en el respeto a la dignidad de la persona y ocurra del modo que más sufrimientos ahorre a los venezolanos.
Nuestra Constitución expresa valores, recoge anhelos y propone una organización estatal que son queridos por nuestro pueblo. Esa verdad constatable refuerza su significación a la hora de emprender la reconstrucción de la comunidad política nacional. Porque la política sirve a todos, o no sirve. La imposición es un atajo al precipicio. El Estado democrático y social, descentralizado, comprometido con los Derechos Humanos y “la promoción de la prosperidad y el bienestar del pueblo” es asignatura pendiente. Cambiar para que la sociedad avance hacia allá, exige evaluar con rigor, más allá de la consigna o el prejuicio. Que nuestras preocupaciones sean hoy las de la víspera no implica que podamos olvidarnos de las del día siguiente.