Caricatura Cortesía de RaymaPor Alfredo Michelena
Tanto el período presidencial que termina como el que comienza el 10 de enero de 2019, están ungidos con un manto de ilegitimidad. La diferencia consiste en que esta vez no solo una clara y abrumadora mayoría de la gente no quiere a Nicolás Maduro ni votó por él sino que una importante proporción de la Comunidad Internacional no reconoció las elecciones de mayo pasado. Esto compromete seriamente su legitimidad de origen, lo único que le quedaba en pie.
Lo primero
Se habla mucho de la ilegitimidad de Maduro. En realidad, ella empezó cuando por estas fechas hace seis años se presumía que el ganador de la contienda electoral no se juramentaría, como en efecto sucedió. Quien nunca regresaría a suelo patrio vivo dispuso que si le sucediera algo que lo inhabilitara, Nicolás Maduro, quien había sido recientemente nombrado vicepresidente, ahora encargado de la presidencia, debería terminar el período y luego debería llamar a elecciones.
Entonces recurrieron al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el cual violando no solo lo dispuesto por el finado Chávez, sino el artículo 233 de Constitución, montó a Maduro en el poder. Este artículo deja claro que al no aparecer el ganador para su juramentación de ley, debió haberse encargado de la presidencia de la República al presidente del Congreso, que era Diosdado Cabello, quien en un plazo de 30 días debió haber llamado a elecciones.
Pues no, el TSJ decidió saltarse la Constitución y aplicar el concepto de “continuidad administrativa”, por medio de la cual, según estos avezados magistrados, Maduro sería presidente encargado mientras apareciera Chávez o su cadáver.
El cadáver apareció el 5 de marzo y entonces otra violación de la Constitución tuvo lugar. Maduro quien era vicepresidente debió renunciar a su cargo para ir a elecciones, pues el privilegio de no hacerlo es solo del presiente y de los gobernadores de estado. De nuevo se saltaron eso a la torera. De nada sirvió el reclamo interno, en el exterior aceptaron a Maduro como presidente legítimo.
A su ilegitimidad se agrega además, que su triunfo electoral por un margen de menos de 1,5% estuvo rodeado de cuestionamientos, tantos que incluso Unasur tuvo que mediar.
Ilegitimidad de desempeño
La historia que nos lleva a un segundo período de Maduro es la más recordada por todos. El avasallador triunfo de la oposición en las elecciones de la Asamblea Nacional (AN) cambió el tenor de la política. El régimen como ya había hecho con otros cargos de elección, lo vació de poder. Comienza por quitarle la mayoría calificada a la oposición en la AN aduciendo denuncia de fraude, que hasta la fecha no ha sido resuelta. En su afán de sustraer todo el poder que por Constitución tiene la AN, de nuevo el TSJ le quita competencias y el fuero a los diputados. Esto es la gota que reboza el vaso y la Comunidad Internacional a través de la OEA, declara una “alteración” y una “violación” del hilo constitucional.
Luego en 2017, la Mesa de la Unidad Democrática, donde se debaten varias alternativas para enfrentar al régimen, termina optando por solicitar un Referéndum Revocatorio a Maduro, pero el régimen que sabe que ya no es mayoría, rápidamente, vuelve a utilizar el sistema judicial e impide esta opción. Por segunda vez hay movilizaciones calle donde se enfrenta la oposición con la fuerza pública. La represión aumenta con respecto a las de 2014.
A partir de ese momento, el gobierno de Maduro ya no solo es visto como ilegítimo en su desempeño, sino como un violador de derechos humanos. El caso es estudiado en Naciones Unidas.
Acorralado el régimen por las movilizaciones y la presión internacional, acepta volver a negociar y tampoco se llega a una resolución. Entonces aprovechando las divisiones internas en la oposición y la baja moral, producto de luchas incesantes sin resultados tangibles, lanza varias elecciones. La primera la de una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución y organiza su metodología para asegurarse el triunfo. La oposición se moviliza con éxito el 16 de julio como una manera de oponerse al ese desatino.
Inmediatamente el gobierno de Maduro lanza las elecciones regionales donde triunfa por las lamentables condiciones de la oposición y luego impone las municipales.
Ilegitimidad de origen
Envalentonados lanzan las elecciones presidenciales antes de las fechas reglamentarias, lo hacen en mayo de 2018. Pero ni las elecciones de la Constituyente ni las de Presidente son reconocidas por al menos 40 países de la comunidad internacional. Por lo que ahora lo que se plantea es una ilegitimidad de origen. Es decir para esa comunidad internacional y la inmensa mayoría de los venezolanos que adversa a Maduro, él no es el presidente legítimo de Venezuela. Tampoco las decisiones de la Asamblea Constituyente (AC) son reconocidas como válidas.
A partir del 10 de enero, cuando Maduro asuma el cargo lo hará envuelto en un manto de ilegitimidad. Es como si hubiera dado un golpe de Estado.
Los venezolanos ya han reaccionado a esto y más que a esto a la crisis que ha producido un estado fallido, que no puede ofrecer a sus ciudadanos los mínimos servicios como son seguridad, control territorial, abastecimiento de alimentos y medicinas, transportes, agua, electricidad, salud, educación y pare Ud. de contar. La reacción ha sido y está siendo una estampida migratoria que ha sacado unos 4,6 millones de venezolanos, un 18% de la población venezolana, según la encuestadora Consultores 21 y se espera que otros dos millones salgan huyendo en 2019.
Frente al bloqueo de las salidas democráticas a la crisis y el proceso entrópico que ha sufrido una oposición que no ha sabido entender el momento histórico del país, la gente huye despavorida.
Las opciones para 2019
Lo primero que pasará en 2019 será la juramentación de la nueva directiva de la AN, asunto que ya está acordado. Aunque no se descarta que la AConstituyente, para ese momento decida desde disolver la Asamblea hasta llamar a nuevas elecciones de diputados. La disolución de la AN sería un paso muy grande para el régimen, pues conformaría la ilegitimidad de todos los poderes en Venezuela. Aquí el punto clave es ¿qué hará la AN el 10 de enero, si lllega a la fecha? Por lo pronto Maduro no se juramentará en el Palacio Legislativo, sino ante el TSJ.
Maduro ya ha sido declarado ilegítimo por la AN, pero ella nada ha hecho. Ahora frente a una juramentación que la mayoría de la comunidad internacional occidental no convalida, las opciones que tiene la AN es convivir mientras dure, o aplicar el ya mencionado artículo 233 de Constitución. Entonces el presidente del Congreso asumiría la Presidencia de la República y llamaría a elecciones en 30días.
La incógnita es si la AN estaría dispuesta a hacer esto. Si lo hace la barren del mapa y seguramente al menos su directiva iría presa. Si no lo hace, ella misma estaría deslegitimándose al violar la Constitución. Otra opción de la que se ha hablado es la de constituir un gobierno en el exilio.
¿Y la comunidad internacional?
La OEA en una resolución en junio de este año afirmó que “el proceso electoral desarrollado en Venezuela, que concluyó el 20 de mayo de 2018, carece de legitimidad”. En esta línea se pronunció también la Unión Europea. Estos y otros gobiernos que no reconocen la elección de Maduro, y por tanto su legitimidad para un nuevo período, fueron advertidos por él mismo y por su canciller Arreaza, les amenazaron diciéndoles que si querían que se fueran del país, pero todos. La pregunta que cabe es si es una fanfarronada, un blof.
Ya el Grupo de Lima ha bajado el nivel de sus embajadas al no contar con embajadores. Aquí el tema es que cualquier nuevo embajador deberá presentar Cartas Credenciales, lo que de hecho es un reconocimiento del nuevo Presidente, por lo que el Grupo de Lima no podrá nombrar nuevos embajadores. Ni tampoco EE.UU. que actualmente no tiene. Si Venezuela sigue teniendo embajadores en esos países deberá traérselos antes que los declaren persona non grata.
Mucha gente incluyendo a Francisco Sucre, presidente de la Comisión de Política Exterior de la AN, advierten que un cierre de embajadas favorecería al régimen. Incluso la AN se ha dirigido, nos dice, “a la comunidad diplomática advirtiendo la inconveniencia, porque eso es lo que quiere el gobierno de (Nicolás) Maduro (…) para poder hacer lo que le da la gana sin ningún tipo de escrutinio».
La verdad es que el escrutinio se puede dar sin o con embajadores e incluso sin embajadas, aunque sin duda la presencia de un representante extranjero al nivel de embajador da mayor poder de movilización, aunque esto esté bastante limitado en la Venezuela actual.
Pero no hay que olvidar un asunto tan o más importante: para 2019 se estima que habrá unos seis millones de venezolanos en esos países que necesitarán apoyo consular, para renovar pasaportes, inscribir niños, registrar bodas, legalizar un poder, entre otras muchas de cosas. Por eso el tema consular es de primer orden.
¿Romper relaciones?
Pero hay muchas opciones antes de cerrar embajadas y en últimas quedarse sin representación de ningún tipo. En general, en las relaciones diplomáticas existen varias opciones para mostrar desacuerdo con un gobierno en términos de relaciones formales. En el mundo diplomático una primera acción es una nota de protesta, luego vendría el llamado a consulta del embajador y después el retiro del mismo. En el caso del Grupo de Lima estamos en esta última situación.
Cerrar la embajada, que en este caso sería en si misma una ruptura de relaciones diplomáticas, sería el próximo paso. Pero una ruptura de relaciones diplomáticas no implica una ruptura de relaciones consulares. Es decir, las relaciones podrían seguir al nivel de relaciones consulares. Incluso una vez rotas las relaciones consulares aun quedan opciones, no solo que otro país las asuma, como es actualmente el caso de Israel y Canadá en Venezuela, sino que podrían buscarse opciones como la de crear una “sección de intereses” bajo el cobijo de otra embajada como había sido el caso de EE.UU. y Cuba, en la embajada de Suiza, antes de restablecer relaciones.
En todo caso las conversaciones del Grupo de Lima ya comenzaron incluso algunos ya se expresaron como Perú que pide ruptura de relaciones. Sin embargo en la reciente reunión preparatoria de Bogotá reiteraron que no reconocerán las elecciones, que “ha habido una ruptura del proceso democrático” y que están dispuestos a colaborar en una solución “pacífica y negociada sin el uso de la fuerza» según declaro en Bogotá el vicecanciller peruano, a mediados de este mes de diciembre. En todo caso el 4 de enero se reunirán para anunciar una posición común al respecto.
@Amichelena (20/12/2018)