Por Alfredo Michelena/ENPaís/Zeta
***20 años deberían ser suficientes para entender que el problema de la oposición y de la AN no es que deben hacer el 10 de enero, en términos de desconocer a Maduro como presidente, sino cómo construir una fuerza material para enfrentarlo.
En diciembre pasado se cumplieron 20 años del abrumador triunfo de Chávez. El caudillo de siglo XXI se montó por encima de su partido que un mes antes no había logrado controlar el Congreso de la República. El MVR 2000 y el MAS solo habían alcanzado el 30 % de los votos por lo que los partidos tradicionales (AD y COPEI más Proyecto Venezuela) eran el control que hubiera necesitado Chávez para evitar lo que ahora estamos viviendo.
Pero la idea del cambio de la Constitución, como una manera de acabar con el modelo político y económico que se estableció en 1958 con el Pacto de Punto Fijo, que ya había tomado sus primeros pasos en los años noventa, se postuló como un imperativo histórico que escondía dos bombas de profundidad. La primera, la invocación de “el soberano” a través de un referéndum y la segunda la creación de una nueva Asamblea Nacional Constituyente (ANC) con poderes ilimitados. En el fondo, el chavismo necesitaba sacar del medio a un Congreso que no controlaban para arrogarse todo el poder del soberano.
Chávez firma un decreto en que llama a un referéndum sobre la base de una nueva ley electoral (1998) que contempla esta figura, para crear una ANC que elaboraría la nueva Constitución. Entonces la última línea de defensa de la democracia liberal y civil se rindió cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) permitió no solo que se cambiara la Constitución sino que AC asumiera todos los poderes del Estado.
Esto fue bien recibido por muchos que afirmaban que la CSJ acababa “…de hacer un enorme favor al país… [al]…sostener que el Referéndum de Electores es una instancia suprema, y que por tanto una decisión favorable sobre la convocatoria de una Asamblea Constituyente de hecho la crea aun cuando no está contemplada en la Constitución” (Luis Enrique Alcalá). Era algo inédito, pues la constitución de 1961 se había discutido dentro del Congreso y fue el mismo Congreso que la aprobó.
Lo demás es historia
Pero ¿qué sucedió? ¿Qué poder tenía Chávez, para impulsar un cambio tan radical? El caudillo barinés tenía al menos dos elementos a su favor: el apoyo de una inmensa mayoría de la sociedad que pedía un cambio de lo viejo por un algo nuevo, aunque realmente no sabían que era, y una oposición muy golpeada, temerosa de reivindicar su pasado y en proceso de atomización- AD explotaba en varios grupos y COPEI ya golpeado por el chiripero de Caldera se diluía hasta casi desaparecer.
20 años después tenemos de nuevo un Congreso, ahora Asamblea Nacional (AN), en manos de la oposición, que será de nuevo “ninguneado” por quien asumió el puesto de Chávez, pues contrario a la Constitución vigente no se juramentará ante ella para su nuevo pero ilegítimo mandato. Y montó como en el pasado una ANC con todos los poderes, incluso el de disolver la AN.
La diferencia con Chávez es que Maduro no tiene la fuerza de la aceptación de la población, sino que su poder solo se deriva del control de los aparatos represivos del Estado.
Desde que conquistamos la AN en 2015, incontables peticiones se le han hecho a nuestros diputados, en especial muchas que los llaman a tomar acciones “contundentes” contra Maduro. En realidad se creía que con la conquista de la AN “la mitad del mandado estaba hecho” y que desde el poder legislativo se desataría el nudo gordiano que nos liberaría de esta pesadilla. Esto no ha sucedido y hay mucha desilusión con nuestros dirigentes.
Ahora, como hace 20 años, la oposición está débil y desorganizada. En este contexto, este 4 de enero asumirá la nueva directiva de la AN y el 10 tomará posesión Maduro. Y el coro de voces que se escucha es que la AN debe hacer algo ese 10 de enero y enfrentar a Maduro. El argumento es perfectamente racional y jurídico. Si no reconocemos la elección de mayo pasado no podemos ahora reconocer a partir del 10 de enero a Maduro como presidente. Y en esto nos apoyan más de 40 países. La pregunta clave es ¿cuál es la consecuencia de este “no reconocimiento”?
Un tuit del profesor y politólogo Ángel Álvarez me hizo recordar todo esto cuando escribió: “¿Costará tanto entender a Montesquieu cuando dice que solo el poder limita al poder? Es decir, que no basta con estar del “lado correcto”, ser ilustrado, llamarse republicano, orar o twittear sino que es indispensable tener poder material para limitar el poder material del otro”. Y agrega “Y el poder material no se basa en la “legitimidad” atribuida a un cuerpo político sino en la capacidad física de imponer decisiones con el respaldo de la fuerza. Quien no tiene eso poco tiene en política por gloriosos que sean sus laureles e impactante que sea su verbo”. O sus racionamientos agregaría.
La pregunta no es entonces qué harán la AN y los partidos o agrupaciones políticas el 10 de enero, sino cómo se puede construir algo que no tenemos: un “poder material para limitar el poder material del otro” e incluso hacerlo cambiar, que en nuestro caso es su salida del poder. Hemos tenido una fuerza electoral que hemos venido construyendo en estos 20 años, cuyo resultado fue el triunfo de 2015. Y eso que hubiera sido suficiente en democracia no lo es esta dictadura disfrazada. Debemos entender que tenemos que mantener y transformar ese poder electoral en una “fuerza material” para forzar un cambio sea por vía electoral o no. A esto se deberían dedicar los partidos y grupos políticos y no enfrentar a Maduro simbólicamente sin el poder material suficiente para pararlo y derrotarlo.
En 20 años hemos aprendido poco si seguimos pensando que conseguiremos un cambio sin tener poder real.