*** Venezuela está siendo saqueada en beneficio de una potencia exterior, Cuba, considera el autor.
Por MOISÉS NAÍM (Wall Street Journal)
En el primer semestre de 2019, Venezuela comenzó a sufrir escasez de gasolina. Esto, a primera vista, era absurdo. La nación tenía las mayores reservas probadas de petróleo del mundo -sus refinerías se jactaban de tener la capacidad de abastecer las necesidades del país muchas veces. Sin embargo, los conductores de todo el país se encontraban esperando días y días en las colas de las gasolineras, recordando el viejo chiste de que si los comunistas se apoderaban del Sahara se quedaría sin arena.
Al mismo tiempo, los buques cisterna salían de las terminales venezolanas llenos de petróleo. Lo hacían contraviniendo las sanciones de Estados Unidos, apagando sus dispositivos de seguimiento por satélite para evitar ser detectados y dirigiéndose al norte-noroeste… hacia Cuba. Esta imagen cuenta la historia fundamental del desastre multinivel de Venezuela. Incluso en medio de la agobiante escasez de gas que dejó a Venezuela en caída libre económica, las prioridades de Caracas estaban claras: las necesidades de Cuba son lo primero. Siempre.
Si este orden de ideas no parece tener sentido, no es nada raro. En Venezuela siguen ocurriendo cosas que no parecen tener sentido, que ni siquiera debían ser posibles. El país ha roto tantas tendencias y ha llegado a tales profundidades que todas las explicaciones comunes parecen quedarse cortas.
La implosión de Venezuela no es simplemente el caso de un caso perdido latinoamericano que hace las cosas que hacen los casos perdidos. Durante gran parte del siglo XX, Venezuela fue el ejemplo de la república sudamericana de éxito: democrática cuando sus vecinos eran despóticos, próspera cuando sus vecinos eran pobres, y estable a lo largo de los caprichos de la Guerra Fría. Venezuela se hizo un hueco como país que el Departamento de Estado de Estados Unidos podía destacar para demostrar que la democracia podía funcionar en América Latina.
Suban a una máquina del tiempo, vuelvan a 1985 y pregunten a 100 expertos en América Latina qué país de la región creían que podría caer en una dictadura comunista en el año 2021. Habría escuchado mucha preocupación por El Salvador y Guatemala, por Argentina y Colombia, incluso por Brasil. ¿Pero Venezuela? La idea habría parecido absurda.
Y sin embargo, la democracia venezolana implosionó, junto con su economía, desencadenando la mayor migración masiva de los desposeídos en la historia de América Latina. Uno de cada cinco venezolanos ha huido del país, un triste desfile de más de seis millones de personas sin dinero, frágiles y desesperadas que se dirigen a los países vecinos en busca de caridad y refugio. Es difícil saber qué ha pasado exactamente en su país. Allí ocurrieron demasiadas cosas que no debían ocurrir.
Quizá lo más aleccionador sea lo que le ocurrió a la economía de Venezuela. Durante generaciones, los economistas han tendido a presentar el desarrollo como un proceso unidireccional: Los países pobres acumulan capital y tecnología y se enriquecen gradualmente en el proceso. Incluso el término «países en desarrollo» sugiere una cierta inevitabilidad direccional.
Y durante muchas décadas, Venezuela parecía ciertamente estar «en desarrollo». De hecho, desde el momento en que su industria petrolera se puso en marcha en los años 20, Venezuela fue una estrella del desarrollo, con unos ingresos que crecían de forma constante y una fuerte clase media que emergía en un país que no tenía antecedentes de tal cosa.
Sin embargo, a partir de la crisis de la deuda de principios de los 80, el proceso se estancó. La política del país se dividió amargamente. Luego, en los últimos 10 años, el proceso de desarrollo se revirtió de golpe. Hoy, con los ingresos en caída libre y la gente caminando literalmente hasta la frontera más cercana para encontrar algo que comer, llamar a Venezuela país en desarrollo es un absurdo, si no una obscenidad.
En este momento, según los investigadores, el 95% de los venezolanos son pobres en términos de ingresos. Más de 3 de cada 4 venezolanos viven en condiciones de extrema pobreza e inseguridad alimentaria. Con unos 3 dólares al mes, el salario mínimo legal no da para alimentar a una persona durante un día, y mucho menos a una familia durante un mes. Por lo tanto, no tiene mucho sentido trabajar: Alrededor de la mitad de la población en edad de trabajar ha abandonado la fuerza laboral, dejando las remesas de los familiares que han huido como principal estrategia de supervivencia para cerca del 40% de la población. El PIB per cápita se ha desplomado a niveles que no se veían desde la década de 1950.
La hiperinflación desencadenó este reciente y precipitado descenso. A partir de 2017, el gasto público desenfrenado, la expansión monetaria descontrolada y el colapso de los ingresos fiscales hicieron que los precios subieran sin control. El dinero se volvió prácticamente inútil: Los precios en moneda local aumentaron aproximadamente un millón por ciento en 2018. Con 45 meses y contando, la espiral hiperinflacionaria de Venezuela es ahora la segunda más larga de la historia, superada solo por la de Nicaragua en la década de 1980.
Ninguna parte de la vida se salva del caos. La escasez de agua es endémica en las principales ciudades. Los apagones son habituales. La escasez crónica de gasolina ha paralizado el transporte público en muchos lugares: las bicicletas se han convertido en el medio de transporte preferido por quienes pueden permitírselo. El sistema sanitario ha colapsado, lo que ha provocado que las tasas de mortalidad infantil se disparen a niveles no vistos en una generación. Enfermedades como la difteria y la malaria, prácticamente erradicadas hace décadas, han vuelto. ¿El único punto positivo? Las tasas de homicidio han disminuido porque, según algunos, la munición escasea y los miembros de las bandas han emigrado a los países vecinos.
Que una nación tan próspera como Venezuela pueda retroceder a este estado distópico es la primera y más aleccionadora lección de la experiencia venezolana: la prueba de que los logros del desarrollo no son permanentes. Si se gestiona mal una economía, los avances logrados en una generación se evaporan vertiginosamente.
Otra lección es que un mal gobierno puede ser tan destructivo como una gran calamidad física. La escala de la implosión de Venezuela sugeriría que el país ha sufrido una guerra o una serie de espantosos desastres naturales. A Venezuela no le llegó tal aflicción. Más bien, resulta que un país puede soportar niveles de destrucción en tiempos de guerra sin que haya una guerra, sin que haya una fuerza más destructiva que las terribles decisiones políticas de su propio gobierno.
El principal culpable está bastante claro: el socialismo, en una encarnación particularmente virulenta y criminalizada. Una ola de expropiaciones que comenzó en 2005 puso gran parte de la economía privada del país en manos del Estado. Las empresas que siguieron siendo privadas se enfrentaron a un muro de controles estatales que las dejó con poca capacidad de decisión sobre sus propias operaciones. Los salarios, los precios, la contratación y el despido, los niveles de producción, las importaciones, las exportaciones y la inversión, todo ello se sometió a normas minuciosamente detalladas ideadas por burócratas socialistas con poca idea de cómo dirigir una empresa.
Con el tiempo, los empresarios que habían conservado el control de sus empresas envidiaron a los que habían sido expropiados: Al menos estos últimos habían recibido alguna compensación nominal, mientras que los primeros se quedaron con el control de empresas sin valor.
La inversión privada cesó en gran medida. Ningún empresario en su sano juicio invertiría en una economía como la venezolana, a no ser en negocios ilegales o en empresas con estrechos vínculos con los militares corruptos o los peces gordos del gobierno. De ellos, había muchos: los burócratas del creciente sector de las empresas estatales buscaban formas creativas de extraer valor de los activos que controlaban y esconderlo en cuentas bancarias en el extranjero. Pronto, Caracas se convirtió en un importante centro de blanqueo de dinero, con cleptócratas neófitos que buscaban socios más astutos capaces de ayudarles a ocultar su botín.
El socialismo venezolano fue criminalizado desde el principio, sirviendo a menudo como poco más que una narrativa que los poderosos utilizaban para encubrir su saqueo de los bienes públicos. Una élite estatal despiadadamente extractiva recorrió la economía de la nación como una plaga de langostas, sin dejar prácticamente nada.
¿Cómo pudo arraigar un modelo de gobierno tan destructivo en un país con una de las democracias más duraderas de América Latina? La pregunta mantendrá ocupados a los académicos durante generaciones, pero el primer lugar para buscar una respuesta es Cuba, que es donde Venezuela encontró el modelo de control estatal que implementaría con un efecto tan desastroso.
Llamar «aliados» a la Venezuela de Hugo Chávez y a la Cuba de Fidel Castro es subestimar el caso. A principios de la década de 2000, miles de médicos, profesores, enfermeras, entrenadores deportivos y organizadores comunitarios cubanos llegaron a Venezuela como parte de un acuerdo de asistencia al desarrollo a cambio de petróleo que se convirtió en un salvavidas económico para la isla, al tiempo que llenaba Venezuela de espías cubanos. Pronto, los cubanos se vieron envueltos en el sistema estatal de Venezuela a todos los niveles, y Chávez no ocultó el hecho de que confiaba en ellos más que en su propio pueblo.
Sólo fue culpable de una leve exageración cuando, en 2007, declaró que «en el fondo», los dos países tienen «un solo gobierno». La prueba de ello, si es que se necesitaba alguna, llegó en 2013, cuando en su lecho de muerte Chávez nombró al miembro más militantemente pro-cubano de su entorno, Nicolás Maduro, para sucederle.
También en este caso ocurrió algo que durante mucho tiempo se creyó imposible: gradualmente, en el transcurso de unos pocos años, uno de los aliados regionales más importantes de Estados Unidos había desertado de su coalición y se había unido a un bloque enemigo, todo ello sin que nadie disparara un tiro.
La crítica de la izquierda a la política exterior de Estados Unidos no podía explicar este giro de los acontecimientos. Se suponía que la hegemonía de Estados Unidos, especialmente en las Américas, era despiadadamente eficaz. Un país tan importante estratégicamente como Venezuela, con grandes riquezas de hidrocarburos y minerales, debería haber sido una prioridad estratégica para Estados Unidos, y su deserción, inimaginable. Pero tras el 11-S, los responsables de la toma de decisiones en Washington habían llegado a dedicar prácticamente toda su atención a Oriente Medio, dejando a Castro y Chávez libres para profundizar en su alianza sin ser molestados.
Al amparo de la falta de atención de Washington, Venezuela experimentó una especie de colonización al revés, en la que el país más pequeño y débil -Cuba- se apoderó de su vecino más grande y rico. La respuesta de Estados Unidos, cuando se produjo, fue primero poco sistemática y después torpe.
La administración Bush apenas registró la magnitud del problema. El gobierno de Obama comenzó a imponer sanciones contra figuras individuales del régimen -sanciones que podrían haber sido efectivas si se hubieran aplicado en conjunto con los aliados, pero a menudo no lo fueron porque España, Italia, Argentina, México y otros no las apoyaron. Pronto, los cleptócratas venezolanos estaban comprando ranchos en las pampas argentinas y castillos en pueblos pintorescos de España. Cuando la administración Trump decidió aumentar la presión sobre el régimen, impuso sanciones contra la economía venezolana, empobreciendo aún más a los ya desesperados venezolanos y llevando a millones de personas a trasladarse a los países vecinos.
Sólo demasiado tarde comprendió la administración Trump que sancionar a Venezuela no servía para aislar a su régimen. ¿Por qué? Porque los competidores estratégicos de Estados Unidos -incluyendo a China, Rusia, Irán, Bielorrusia, Turquía, Qatar y, por supuesto, Cuba- entraron en la brecha, creando un sistema de apoyo internacional alternativo que sostuvo a la dictadura venezolana.
A cambio de compromisos de suministro de petróleo a largo plazo, China proporcionó miles de millones en facilidades de financiación a Caracas justo cuando estaba perdiendo el acceso a los mercados de crédito occidentales. Las empresas chinas vendieron equipos antidisturbios al gobierno de Maduro, Rusia vendió aviones de combate y herramientas de espionaje digital. Irán instaló fábricas de automóviles en Venezuela, Bielorrusia de tractores y de casas prefabricadas. Turquía y Qatar se convirtieron en los ejes de un sistema para blanquear el oro, los diamantes y el coltán extraídos de las selvas del sur de Venezuela y convertirlos en una fuente de ingresos para el régimen.
Esta coalición internacional ad hoc era un poco destartalada en el mejor de los casos, pero era lo suficientemente buena para hacer el trabajo. Dejó sin efecto las sanciones económicas de Estados Unidos, lo que permitió que el régimen se mantuviera en pie aunque su pueblo se empobreciera de forma catastrófica. No obstante, la izquierda occidental emprendió una campaña de propaganda bien financiada, denominada «Manos fuera de Venezuela» y apoyada por el gobierno venezolano, que pedía la «no intervención» en los asuntos de Venezuela, pero de forma sorprendentemente desigual: sólo las democracias occidentales fueron exhortadas a mantener sus manos fuera de Venezuela, no las autocracias que apuntalaron el régimen.
Uno de los grandes tópicos diplomáticos del mundo es que los problemas de un país deben ser resueltos únicamente por sus ciudadanos. Para Venezuela, penetrada hasta los tuétanos por el comunismo cubano y apuntalada por esta dispar coalición de autocracias, tales exhortaciones rituales son una excusa para dejar a Venezuela en manos de los cubanos.
En una época anterior, las dictaduras solían terminar cuando los dictadores volaban a un cómodo exilio. Baby Doc Duvalier, el sanguinario dictador de Haití, acabó en un castillo de la Costa Azul. El ugandés Idi Amin se refugió en Arabia Saudí, el cubano Fulgencio Batista en España.
Todo cambió cuando el ex presidente chileno Augusto Pinochet fue acusado y detenido mientras visitaba Londres en 1998. Esa medida, una expresión de la nueva doctrina de derechos humanos de la «jurisdicción universal», pretendía marcar el comienzo de una nueva era de responsabilidad por las graves violaciones de los derechos humanos. Para un dictador como Maduro, sin embargo, significa que dimitir le llevará a una celda, lo que le ha hecho más obstinado en aferrarse al poder. Ninguna garantía de inmunidad de cualquier democracia establecida podría parecer plausible para un hombre que en este momento está siendo investigado por crímenes contra la humanidad por la Corte Penal Internacional de La Haya.
La calamidad de Venezuela era a la vez imposible y sobredeterminada. Cualquiera de sus males -el socialismo, un estado capturado por criminales, sanciones draconianas, hiperinflación- podría haber sido suficiente para arruinar un país. Pero el país aún podría haber encontrado las reservas morales para liberarse de sus problemas si no hubiera sido por un factor finalmente determinante: Cuba.
Venezuela está siendo saqueada en beneficio de una potencia exterior. Esos camiones cisterna que transportan petróleo hacia el norte, hacia La Habana, mientras los conductores venezolanos esperan en la cola, cuentan la historia de su desastre más claramente de lo que cualquier análisis puede o podrá hacer. Venezuela está bajo una ocupación extranjera encubierta, no menos real por haber sido invitada a entrar.
Las opiniones publicadas en Zeta son responsabilidad absoluta de su autor.
Publicado originalmente en The Wall Street Journal.
Naim, que fue ministro de Comercio e Industria de Venezuela a principios de la década de 1990, es miembro distinguido de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional en Washington, D.C. Su nuevo libro, «The Revenge of Power: How Autocrats Are Reinventing Politics for the 21st Century», será publicado por St. Martin’s Press en febrero.