*** Para la aprobación de este nuevo código penal no hubo consulta pública en Cuba, lo que provocó las críticas de la disidencia y el activismo.
Por Ángela Betancourt
Cuba adoptó nuevo código penal, aprobado en la Asamblea Nacional, con el objetivo de «proteger» el actual régimen socialista castigando las manifestaciones.
El nuevo texto legal ha sido destacado por sus impulsores y defensores como «moderno», «educativo», «garantista» y de afán actualizador, ya que el anterior no contemplaba cuestiones como los delitos medioambientales, la cibercriminalidad, la violencia de género y las tramas delictivas transnacionales.
El presidente del Tribunal Supremo de Cuba, Rubén Remigio Ferro, dijo que «la norma jurídica que se propone tipifica como delitos los hechos más graves y lesivos para la sociedad y protege los intereses generales del Estado y del pueblo y también los individuales de las personas como garantía de la estabilidad de la nación, la estabilidad jurídica y la tranquilidad ciudadana».
El nuevo código provocó las críticas de la disidencia y el activismo, que temen que asfixie la protesta social y el periodismo independiente. Para esta reforma no hubo consulta pública, y no habrá referéndum como se ha hecho con otros proyectos de ley.
Destacan asimismo que incorpora una ambigüedad calculada que da cabida a la arbitrariedad y consideran la reforma una reacción legal a las protestas antigubernamentales del 11 de julio.
Denuncian en este sentido los nuevos tipos delictivos por desórdenes públicos y contra la seguridad del Estado, así como aquellos que penalizan la financiación extranjera de ONG o medios de comunicación y la descripción del delito de espionaje.
Las manifestaciones del año pasado fueron fuertemente reprimidas, con enfrentamientos con las autoridades, detenciones masivas y hasta denuncias de juicios falsos
Otra preocupación es el aumento de los tipos delictivos, en 37, y que se endurecen las penas (cuatro delitos más con pena de muerte; 10 más con prisión perpetua).
«Desde mi convicción de fe, desde mi creencia y mis principios como cristiana y la de otro cristianos y cristianas quiero expresar que no estamos de acuerdo con la pena de muerte, y que no la aceptamos convencidos desde nuestra fe», dijo María Yi Reyna, diputada y ministra evangélica.
La pena capital -abolida ya en la mayoría de países- está prevista en 24 figuras delictivas del nuevo código penal, cuatro más que en el texto vigente desde 1987.
A diferencia de la anterior legislación, la pena de muerte queda reservada casi en exclusiva para delitos contra la seguridad interior y exterior del Estado, además de algunos de tipo sexual y el asesinato.