*** Rafael Lacava demandó a los activistas Alfredo Infante y Marino Alvarado, quienes aseguraron en un informe que la Policía de Carabobo es una de las más letales.
Por Ángela Betancourt
El Frente Amplio Venezuela Libre, que agrupa a partidos políticos opositores y organizaciones civiles, rechazó la demanda por difamación que introdujo el gobernador del estado Carabobo Rafael Lacava contra los activistas Alfredo Infante y Marino Alvarado.
«El Frente Amplio Venezuela Libre (…) expresa su más rotundo rechazo a la persecución iniciada por Rafael Lacava, gobernador del estado Carabobo, contra el padre Alfredo Infante, párroco de La Vega en Caracas y director de DDHH del Centro Gumilla y contra Marino Alvarado, coordinador (legal) de Provea (Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos)», señaló la organización en un comunicado.
El Frente Amplio indicó que, con esta acción, Lacava evidencia una profunda «intolerancia a ser criticado y reacciona de forma autoritaria, contrario a lo que todo gobernante debería hacer que es aceptar la crítica de la ciudadanía y ordenar una investigación».
El lunes, Alvarado e Infante recibieron la notificación de una demanda por difamación de Lacava, quien los acusa tras la solicitud de ambos de que se investigue a su presunta responsabilidad en denuncias de ejecuciones extrajudiciales.
«Rafael Lacava, gobernador de Carabobo, demanda por ‘difamación’ al coordinador legal de Provea, Marino Alvarado, y al Padre Alfredo Infante, tras exigir investigación hacia Lacava por presunta responsabilidad en denuncias de ejecuciones extrajudiciales», informó la ONG Provea que también indicó que la demanda tiene lugar luego de que el pasado 14 de marzo ambos activistas participaran en la presentación del informe Lupa por la Vida, durante la que se aseveró que «la policía del estado Carabobo es de las más letales en Venezuela, con 221 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Se debe investigar al gobernador Rafael Lacava».
El Frente Amplio sostuvo que pareciera que existe una «política sistemática» del Estado de evitar que se investigue las cadenas de mando en los «graves delitos de violación a la vida y a los derechos elementales de los venezolanos, y esto debe ser denunciado y enfrentado sin importar creencias políticas ni banderas ideológicas».