*** Al pretender la eliminación de la Procuraduría, el presidente electo colombiano abre las puertas a un proceso constituyente.
Publicado originalmente en Semana
La llegada de Gustavo Petro al poder traía consigo una enorme paradoja. En una decisión hace años, la Procuraduría lo había sacado del cargo e impedido seguir ejerciendo sus funciones como alcalde de Bogotá. La medida, que fue muy polémica en su momento, produjo una enorme decisión: la Corte Interamericana condenó a Colombia, pues esta entidad no tiene la competencia para quitarle a nadie sus derechos políticos. La sentencia argumentaba que esto solo era potestad de los jueces.
Por eso, se sabía que en su gobierno esas facultades tendrían un tatequieto. Pero sorprendió que la salida del presidente electo fuera la más radical: eliminar la Procuraduría. El presidente electo lo anunció en una entrevista con la W Radio. En esta aseguró que sería un tema gradual con el fin de cumplir a su vez con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Lo que vamos a hacer es hacerle caso a la sentencia de la corte y de paso respetar la convención americana”, aseguró. El anuncio generó miedo en la entidad que hoy emplea a más de cuatro mil funcionarios y tiene centenares de contratistas. “No echaremos a la calle a miles de empleados que tiene la Procuraduría y que están ligadas a los ejes jurídicos y al derecho disciplinario”, advirtió el presidente electo.
Aseguró que, tal como lo dijo en su propuesta de campaña y dando coherencia a la convención americana, la procuraduría pasará al poder judicial. “La Procuraduría pasará al poder judicial y se volverá en la gran fiscalía anticorrupción”, aseguró el presidente electo. Sin embargo, aseguró que no se trata de algo que vaya a pasar de la noche a la mañana porque es una reforma constitucional que tiene sus vueltas legislativas.
De inmediato, el país judicial y político reaccionaron. En redes muchos expresaron su rechazo a esa propuesta. La realidad es que la eliminación de la Procuraduría es una idea que ha corrido en los ámbitos académicos del derecho desde que el país pasó a tener un sistema penal acusatorio.
“Yo creo que la Procuraduría sobra en el sistema penal adversarial. No se perdería nada si se le quitan esas funciones. Pero para suprimirla del todo, habría que atribuirle a alguna entidad sus funciones disciplinarias, o asignárselas a cada una de las entidades que hoy vigila”, aseguró el exministro de Justicia, Yesid Reyes.
También estuvo de acuerdo Rudolf Hommes. “Gustavo Petro anunció la eliminación de la Procuraduría. Ojalá lo haga u emprenda también la reforma de la Fiscalía para ponerle jefe y la de la Contraloría. El estado empresarial que anhelan Petro y Mazzucato no operaria sin esas reformas”, aseguró.
Y lo mismo dice Iván Velázquez. “La supresión de la Procuraduría General de la Nación permitirá fortalecer la lucha contra la corrupción, incrementando la capacidad de respuesta de la fiscalía y de la judicatura. Un sistema integral anticorrupción, apoyado por una comisión internacional contra la impunidad”, asegura.
No todos coinciden con esas opiniones favorables. El excandidato presidencial Enrique Gómez fue muy duro frente a la propuesta. “Petro anuncia que acabará con la Procuraduría. Empezó a eliminar las entidades que le pueden cerrar el paso ante el totalitarismo. De la misma forma que confirma que acabará con las EPS que tanto beneficio le han dado a los ciudadanos. Preocupante cada anuncio”, dijo.
El exsuperintendente Jorge Enrique Roble aseguró que para eliminar la entidad se necesitaría una reforma constitucional, al igual que para “otra cantidad de cambios que pretenden hacer”. Y agregó una advertencia: “Ojo que en alguna de esas reformas, Petro nos mete un articulito que permita su reelección”.
También estuvo en contra Rafael Guarín, quien dice que “los órganos de control son un elemento esencial del estado social y democrático de derecho, consagrado en la Constitución. Eliminar Procuraduría requeriría reforma constitucional que desborda competencia del Congreso y exige una Asamblea Constituyente”.
¿Puede darse una constituyente?
Una reforma como la que propone Gustavo Petro que elimina la Procuraduría cambia un aspecto que fue estructural en la Constitución de 1991. Por eso, es claro que necesita de un acto legislativo para ser aprobada. Esto quiere decir unas mayorías calificadas y ocho vueltas en el Congreso, en donde hoy el presidente electo tiene mayorías.
En ese escenario de aplanadora política del nuevo gobierno es poco probable que el presidente electo se lance por el camino de la constituyente para este tema. La primera razón es porque no lo necesitaría. Al gobierno del Pacto Histórico se han sumado en los últimos días diferentes fuerzas políticas. Incluso el uribismo aseguró que no se opondrá a los proyectos que sean constructivos para el país.
En segundo lugar, porque no son pocos los expertos que coinciden en que la reforma es necesaria. “Es una institución exótica en el mundo. Limita derechos fundamentales en lugar de protegerlos. La función disciplinaria la pueden ejercer las oficinas de control interno. Sus funcionarios podrán prestar un mejor servicio en la rama judicial y en la Defensoría del Pueblo, sin que su carrera sea afectada”, le dijo a SEMANA el exmagistrado Alberto Yepes.
Y en tercer lugar, porque la Asamblea Nacional Constituyente tiene muchos riesgos y muchas complejidades. En términos generales, tres son los obstáculos que enfrenta.
1) Se sabe dónde comienza, pero no dónde termina: Quienes temen a este mecanismo señalan que es fácil que comience convocada para revisar un tema, en este caso la procuraduría, y termine por revisarlos todos, por ejemplo, la reelección presidencial, que hoy ha quedado prohibida. Hay un miedo generalizado a que se aproveche un interés particular para revisar temas tan álgidos como el respeto a la propiedad privada, la política minera o incluso los temas de libertades fundamentales. La Constitución política señala que existe la posibilidad de tener un temario limitado, pero la verdad es que una vez se conforme la constituyente, esta se puede declarar omnímoda. Es decir, ratificar que tienen competencia para comenzar un borrón y cuenta nueva.
2) Los antecedentes: Nada asegura que una constituyente no pueda desbordarse. En 1953, cuando el presidente Laureano Gómez convocó una Asamblea Nacional Constituyente (ANAC) y se señalaron unos temarios. Sin embargo, luego vino el golpe de Estado de Rojas Pinilla y la Constituyente no solo desbordó su campo de acción, sino que legitimó el golpe de Estado y se convocó una asamblea legislativa. En 1991, después del histórico movimiento de la Séptima Papeleta también pasó algo similar. Al principio se consideró que el temario debía ser limitado, pero una vez constituidos, los constituyentes terminaron siendo omnipotentes.
3) Un camino largo y espinoso: El último problema del mecanismo es práctico. Como está planteado hoy en la Constitución, el camino para llegar a una constituyente es largo y está lleno de obstáculos. Se requiere que el Congreso de la República apruebe una ley para preguntarle al pueblo en votación popular si convoca o no a una Asamblea Constituyente para reformar parcial o totalmente la Constitución. La ley deberá definir el número de delegatarios, el sistema para elegirlos, la competencia de la Asamblea, la fecha de su iniciación y su periodo. Una vez aprobada, esta pasará a tener control previo por parte de la Corte Constitucional. El paso que sigue es diseñar una tarjeta electoral para la consulta. En esas elecciones el Sí a la Constituyente deberá superar cuando menos la tercera parte del censo electoral, es decir, más de 11, 6 millones de votos.