***La justicia británica analizará a partir del miércoles si acepta las decisiones del Tribunal Supremo de Venezuela.
Por José Piñeiro
La justicia británica anunció que analizará si acepta las decisiones del Tribunal Supremo de Venezuela, en un nuevo capítulo en la larga batalla legal entre el gobierno de Nicolas Maduro y Juan Guaidó por el control del oro depositado en el Banco de Inglaterra.
El estado venezolano y Guaidó se enfrentan desde 2019 por el acceso a 32 toneladas de oro, valoradas en más de mil millones de dólares, que están resguardadas desde hace años en las cámaras acorazadas de la institución británica, que ofrece este servicio a múltiples países.
Tras autoproclamarse «presidente encargado» y ser reconocido por medio centenar de países -entre ellos el Reino Unido- Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional venezolana elegida en 2015, nombró en julio de 2019 una dirección paralela del Banco Central de Venezuela la cual ordenó al Banco de Inglaterra que no entregase los lingotes a la junta directiva oficialista presidida por Calixto Ortega.
Luego de una prolongada saga judicial en Londres, la justicia británica estableció en diciembre que, al igual que el gobierno de Boris Johnson, considera a Guaidó representante legítimo de Venezuela, pese a la elección en 2021 de una nueva Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, en unos comicios que el Reino Unido considera ilegítimos.
Sin embargo, la nueva junta directiva alternativa del BCV designada por Guaidó fue inmediatamente invalidada por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano.
En un nuevo capítulo legal, la justicia británica está ahora llamada a decidir si acepta y aplica esta decisión, tomada por una institución que el abogado de Guaidó, Andrew Fulton, describe como «una marioneta del régimen corrupto» de Maduro, al que tildó de «cleptócrata». El nuevo juicio tendrá lugar en un tribunal comercial de la Alta Corte de Londres del 13 al 18 de julio.
La sentencia no se anunciará de inmediato, pero la jueza Sara Cockerill dijo saber que «todo el mundo quiere que dicte una resolución bastante rápido«.
Este juicio «determinará la cuestión de la validez de los nombramientos de la junta de Guaidó. Si sus nombramientos no son válidos, el tema se acaba aquí», subrayó Richard Lissack, abogado del gobierno bolivariano, en una vista preliminar celebrada en junio.