Nota de prensa Relief Web
Unas 4,3 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela tienen dificultades para acceder a alimentación, vivienda y empleo formal, según concluye reporte.
A pesar de los avances alcanzados a través de diversas iniciativas de regularización y documentación implementadas en toda América Latina y el Caribe, el aumento de las necesidades humanitarias evidencia la necesidad urgente de mejorar la protección y el acceso a servicios y oportunidades de empleo, según un nuevo análisis.
El Análisis de Necesidades de Refugiados y Migrantes (RMNA) fue realizado por la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), codirigida por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
El acelerado aumento del costo de la vida, el impacto prolongado de la emergencia por la COVID-19, y las altas tasas de desempleo han exacerbado la vulnerabilidad de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela, lo cual ha dificultado para muchas de ellas el proceso de integración y reconstrucción de sus vidas en las comunidades de acogida a lo largo de América Latina y el Caribe.
De acuerdo con los hallazgos del RMNA, la mitad de la población refugiada y migrante en la región no puede costear tres comidas diarias y no tiene acceso a una vivienda digna y segura. Para comprar comida o evitar vivir en la calle, muchas personas venezolanas se ven obligadas a recurrir al sexo de supervivencia, la mendicidad o el endeudamiento.
«Las personas provenientes de Venezuela desean compartir sus habilidades y conocimientos, y aportar a las comunidades que las han acogido con generosidad. Muchas ya lo están haciendo» dijo Eduardo Stein, Representante Especial Conjunto del ACNUR y la OIM para los Refugiados y Migrantes de Venezuela. «Pero no podrán continuar si no se les da la oportunidad de integrarse de manera efectiva».
Los salarios extremadamente bajos dificultan aún más su capacidad para mantenerse a sí mismos y a sus familias. En Ecuador, por ejemplo, el 86% de las personas venezolanas indican no tener ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, mientras que, en Chile, el 13% de los venezolanos vive por debajo del umbral de pobreza.
A pesar de la reapertura de las escuelas, muchos niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes siguen enfrentándose a múltiples obstáculos para acceder a los servicios educativos en sus países de acogida, sobre todo por la falta de cupos o de espacio en las escuelas. En Colombia, el 29% de los niños, niñas y adolescentes de Venezuela entre los 6 y los 17 años no están matriculados en las escuelas, ya que sus padres y madres no pueden pagar las matrículas y los materiales escolares. En Aruba y Curazao, el valor del seguro obligatorio, el transporte y los útiles escolares impiden la escolarización.
Muchas de las personas venezolanas que no cuentan con documentación, medios de vida o perspectivas de integración local, recurren a movimientos secundarios hacia nuevos países de acogida, con la esperanza de un futuro seguro y sostenible. Para alcanzarlo, a menudo ponen sus vidas en riesgo a través de rutas irregulares extremadamente peligrosas.
“Mientras el mundo enfrenta múltiples crisis humanitarias, las personas de Venezuela y las comunidades que las acogen no pueden ser olvidadas”, agregó Stein. “Los países de acogida han mostrado un liderazgo constante en su respuesta a la crisis, adoptando medidas de regularización y facilitando el acceso a salud, educación y otros servicios sociales. Sin embargo, la regularización es solo el primer paso para la integración y debe estar acompañada de políticas que permitan a las personas refugiadas y migrantes ser autosuficientes. Se necesita urgentemente apoyo internacional».
A octubre de 2022, hay más de 7,1 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en todo el mundo, según las estadísticas oficiales reportadas por los países de acogida y recopiladas por la Plataforma R4V (disponibles en r4v.info). Más del 80% son acogidas en 17 países de América Latina y el Caribe.