El bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial que ya ha cumplido cuatro años ha derivado en la parálisis de órganos tan importantes como el TC.
Por Ana Moreno – 20minutos.es
El choque institucional que estuvo a punto de producirse entre el Congreso y el Tribunal Constitucional (TC) este jueves no tiene precedentes en España. Y aunque la sangre no llegó al río, el enfrentamiento aún no ha terminado y podría trasladarse al Senado, en una votación clave que tendrá lugar la semana que viene si el órgano de garantías no lo impide.
El bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ya ha cumplido cuatro años ha derivado en la parálisis de órganos tan importantes como el TC, el intérprete supremo de la Constitución. El Gobierno tomó la decisión de impulsar una reforma legal para tratar de sustituir a los magistrados del tribunal que agotaron su mandato el pasado junio y que no ha podido llevarse a cabo por el bloqueo en el CGPJ. En la renovación que toca este año, son el Ejecutivo y el órgano de gobierno de los jueces los que tienen que nombrar a dos magistrados cada uno.
Ha sido el movimiento del Gobierno en el Congreso lo que ha llevado a los últimos acontecimientos en los que el Tribunal Constitucional debe decidir, a petición del PP, si el trámite elegido por el Ejecutivo para renovar a ese mismo órgano es ajustado a Derecho.
¿Cuál es el origen de todo?
El origen de este choque institucional inédito hay que situarlo el 4 de diciembre de 2018. Ese día se debía haber renovado el CGPJ, pero hasta el momento esto no se ha producido por la negativa del PP a llegar a un acuerdo con el Gobierno. El pacto entre PSOE y PP es la clave para renovar el organismo, pues se requieren dos tercios de Congreso y Senado para nombrar a los vocales.
En estos cuatro años, han sido varios los intentos de acuerdo, pero han sido en vano. Esto ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a ir impulsando reformas legales para poner al PP contra las cuerdas, como quitar al CGPJ la facultad de hacer nombramientos discrecionales en funciones, pero lo que ha provocado esto, lejos de ser el desbloqueo, es llevar a la justicia a una situación insostenible por la imposibilidad de cubrir plazas en tribunales tan cruciales como el Supremo. Este año, el Gobierno impulsó otra reforma para permitir al CGPJ nombrar solo a los magistrados del Constitucional.
¿En qué consiste la reforma judicial que plantea el Gobierno?
A pesar de todo, la renovación del Tribunal Constitucional no ha llegado. El sector conservador del CGPJ, mayoritario en el órgano, ha bloqueado los nombramientos de los dos magistrados del TC que le corresponden y como deben ir a la par con los del Gobierno, éste ha designado a los suyos, pero no pueden tomar posesión.
La renovación que tocaba este año es crucial para el Ejecutivo, pues si se acomete, el tribunal pasaría a tener mayoría progresista, a priori más favorable a dar el visto bueno a leyes sociales como la del aborto o la que regula la eutanasia.
Así pues, los partidos que conforman el Gobierno de coalición (PSOE y Unidas Podemos) han impulsado una nueva reforma legal que se explica a través de cuatro claves: pone una fecha límite para que los vocales del CGPJ nombren a dos candidatos del Constitucional; abre la puerta a responsabilizarles penalmente si no lo hacen; cambia el modelo de elección a través del cual se ejecutan estas votaciones, y elimina el requisito de que el propio TC dé el visto bueno a los nuevos magistrados.
¿Qué buscaban PP y Vox con sus recursos de amparo ante el Constitucional?
Esta reforma se impulsó a través de dos enmiendas a la modificación del Código Penal y ahí radican los recursos de amparo presentados por PP y Vox, que denuncian que se quiere reforma dos leyes orgánicas -la del Poder Judicial y la del Tribunal Constitucional- por la puerta de atrás, sin informes preceptivos de órganos consultivos ni debate sosegado en el Parlamento. Más aún cuando todos los trámites se están acelerando para que la reforma legal esté aprobada la semana que viene.
Tanto el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo como el presidido por Santiago Abascal piden al TC que durante el tiempo que necesita para dictar sentencia sobre la reforma, suspenda cautelarmente las enmiendas sobre el propio Constitucional. Su objetivo era parar la votación de este jueves en el Congreso.
¿Es definitiva la reforma ahora que ha sido aprobada en el Congreso?
La votación sí se produjo finalmente este jueves, ya que el presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano, atendió la petición de los cinco magistrados progresistas de permitirles unos días para estudiar a fondo los recursos de amparo y también las alegaciones presentadas por el PSOE y Unidas Podemos.
El siguiente paso será el lunes, cuando los magistrados del tribunal volverán a reunirse y, previsiblemente, tomar una decisión definitiva. Y el choque institucional puede ser entonces con el Senado, la Cámara a la que pasa ahora la reforma legal del Gobierno, donde estaba prevista su aprobación definitiva el jueves que viene. Ahora todo está en manos del Constitucional.
El escrito de los morados contiene además la recusación de González-Trevijano y el magistrado Antonio Narváez, precisamente los dos que agotaron mandato el pasado junio y que deben ser sustituidos por los que nombre el Gobierno. Unidas Podemos entiende que no deberían decidir sobre si paralizan o no unas enmiendas de las que depende su continuidad en funciones. De momento, no se han apartado voluntariamente de la deliberación, pero el Pleno del TC tendrá que pronunciarse sobre la petición del partido morado.
¿Qué pasaría si el Constitucional acepta el lunes las cautelares de PP y Vox?
Las enmiendas para reformar las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional quedarían en suspenso y, por tanto, no podrían votarse en el Senado el jueves que viene. Esto conllevaría inevitablemente que dicha reforma legal no podría consumarse y, por tanto, los nombramientos en el tribunal de garantías solo podrían llevarse a cabo según la ley vigente y con las mayorías habituales.
¿Y el CGPJ?
Cuando se supo que el Gobierno quería tener lista su reforma judicial para la próxima semana y que los cambios obligaban al CGPJ a nombrar en un plazo de días a los magistrados del Constitucional que le corresponden, el sector conservador del órgano de gobierno de los jueces pidió un Pleno extraordinario para, esta vez sí, designar enseguida a los candidatos para así esquivar la reforma del Ejecutivo.
Dicho Pleno ha sido convocado por el presidente interino del CGPJ, Rafael Mozo, el próximo martes, 20 de diciembre. Los conservadores han propuesto dos nombres -los magistrados César Tolosa y Pablo Lucas-, mientras que los progresistas apuestan por el juez José Manuel Bandrés. Como la reforma legal aún no estará en vigor, los candidatos tendrán que obtener el respaldo de la mayoría reforzada -11 vocales- del CGPJ.
Si los nombramientos de este órgano salen adelante, se unirán a los dos nombres propuestos ya por el Gobierno: el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la catedrática Laura Díez.