Agencias
Daniel Ortega y Rosario Murillo cruzaron la raya. Ni la dictadura cubana se había atrevido a tanto. El destierro forzoso de 222 presos políticos nicaragüenses y la eliminación de la nacionalidad a otros 94, tras una reforma exprés de la Constitución, hicieron que hasta sus socios de izquierda se escandalizaran.
El gobierno colombiano de Gustavo Petro fue frontal en un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde se señala que «el autoritarismo que se ha impuesto en la hermana república ha infringido normas ius cogens. Aquellas de las cuales se ha definido que son imperantes, inderogables, absolutas, perentorias, inmutables en esencia. Precisamente aquellas de cuyas violaciones debe conocer la Corte Penal Internacional».
Pero Bogotá no se quedó ahí. Nariño solicitó al fiscal de la CPI, Karim Khan, «tomar cartas en tan alarmante asunto».
De esta manera, Colombia se une a Chile, España, México y Argentina, todos gobiernos socialistas, en el ofrecimiento a los nicaragüenses afectados por las medidas del régimen presidido por Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
La Cancillería colombiana contactará a los ciudadanos nicaragüenses «quienes habiendo sido abusados por el poder intolerante de Nicaragua, quisieran acceder a la nacionalidad colombiana. Mucho nos honrarían».
Según Petro, el único delito de estas personas «ha sido defender la democracia, el derecho a la crítica y los derechos humanos universales», por lo que fueron exiliados «de manera sorpresiva e inhumana».
El gobierno colombiano también hermana al régimen Ortega Murillo con la dictadura de Anastasio Somoza (1967 – 1979), la misma que el propio Ortega combatió en su juventud. En el comunicado neogranadino también se hace referencia a la situación del obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, quien se rehusó a salir del país y fue condenado a 26 años de prisión por supuesta «traición a la patria».
«Colombia llama al mundo entero a que reaccione», clama el gobierno de Petro, al momento que piden a la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, Mirjana Spoljaric, que solicite autorización para visitar a los que siguen detenidos. «Víctimas son. El derecho internacional humanitario los cobija. Acreedores se han hecho del derecho internacional general».
López Obrador también
Este miércoles, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también ofreció asilo y nacionalidad a los nicaragüenses que así lo soliciten.
«Todos los que quieran estar en nuestro país tienen las puertas abiertas y son bien recibidos», dijo López Obrador durante su rueda de prensa diaria.
El presidente mexicano también mostró una carta que le envió a Ortega en diciembre, en la que abogaba en particular por la excomandante guerrillera presa Dora María Téllez, una de las 222 opositoras expulsadas a Estados Unidos el 9 de febrero.
«Considero que un gesto humanitario hacia la señora Téllez o de cualquier otra de las personas hoy recluidas de ninguna forma iría en desdoro de la política soberana de Nicaragua y sería recibido muy positivamente por la comunidad internacional», dijo López Obrador al leer la misiva que, aseguró, no tuvo respuesta.
López Obrador añadió que el gobierno mexicano aspira a que las diferencias en Nicaragua se resuelvan mediante el diálogo.
«Siempre buscamos nosotros que se llegara a un acuerdo y que se liberara a los presos», detalló.
López Obrador dijo que no se había pronunciado sobre el tema el martes «porque lo que se debe de buscar es la reconciliación y la unidad».