La cumbre internacional sobre Venezuela organizada por el presidente de Colombia Gustavo Petro se celebró este martes en Bogotá con más expectativas que resultados.
Las conclusiones se limitan a tres puntos, que no suenan a novedad. La necesidad de que se establezca un cronograma electoral en Venezuela, que los acuerdos entre el chavismo y la oposición se acompañen por el levantamiento de sanciones y que la reanudación del proceso de diálogo en México vaya en paralelo a la creación de un fondo para inversión social en país, como se acordó en noviembre, pero sobre el que aún no hay noticias.
La reunión dejó más bien frío un ambiente que venía caldeado. El Gobierno colombiano había logrado el día anterior solucionar lo de la llegada imprevista de Juan Guaidó. El líder opositor venezolano anunció por sorpresa su presencia en Colombia este lunes, a donde entró de forma ilegal desde Venezuela. Nadie lo esperaba, y en todos los sectores interpelados por la cumbre, incluido el mayoritario de la oposición, se percibió como un intento de boicotear la reunión.
Petro se ha ido dando cuenta mes a mes que es mejor rebajar cualquier expectativa sobre el país vecino. Desde que llegó al poder el pasado mes de agosto ha dedicado parte de sus energías a Venezuela. Primero, para restablecer las relaciones entre los dos países, rotas por su antecesor conservador Iván Duque. Y segundo, para asumir un liderazgo regional que contribuya a desatascar la crisis del país petrolero. En cualquiera de los dos frentes, todo ha sido más difícil de lo que parecía de entrada. Las relaciones se han restablecido, pero Maduro actúa como un especialista en dilatar cualquier asunto. Frente al resto del mundo, y al propio Petro, que cuenta con cuatro años para cumplir sus promesas, el chavismo nunca tiene prisa por nada.
La reunión estaba destinada a promover la vuelta de las partes a la mesa de diálogo en México. Un proceso que arbitra Noruega y que tuvo su última reunión el pasado noviembre. El tiempo corre en contra del propio objetivo de esa negociación, que sería la celebración de unas elecciones con garantías democráticas en 2024. El chavismo no tiene intención de dejar de arrastrar los pies. A su alrededor el país vive sumido en una crisis económica cada vez más grave, pero la celebración de unas presidenciales justas y libres, como pide la oposición, le podría llevar a perder el poder, en el que Maduro lleva ya 10 años.
El presidente chavista alega en su defensa que en noviembre se acordó descongelar fondos venezolanos en el extranjero para invertir en acciones sociales en el país y que Estados Unidos bloquea esos activos. El acuerdo no supone, en ningún caso, entregarle ningún dinero directamente al Gobierno de Maduro, sino que establece que la ONU cree un fondo social de unos 3.000 millones de dólares con cantidades congeladas en numerosos países y que Naciones Unidas dirija directamente las inversiones en Venezuela -escuelas, hospitales, red eléctrica, etc.-, acordadas al detalle por las delegaciones del Gobierno y la oposición.
Leyva ha anunciado que ahora se enviarán las conclusiones a las partes que, según lo que ha leído públicamente al terminar la reunión, se resumen en 258 palabras. Próximamente, ha dicho, se convocará a una segunda cumbre para comprobar el desarrollo de los acuerdos con los mismos invitados. Esa cita ya no se llamará “reunión de cancilleres”, como se refirió a ella Petro en numerosas ocasiones, ya que este martes solo asistieron cuatro, incluido el colombiano. La mayoría de los representantes eran cargos diplomáticos.
Por qué importa: La conferencia internacional sobre Venezuela había generado gran expectativa y se esperaba que hubiera pronunciamientos de interés lo cual no se produjo. Ahora se espera la convocatoria a una segunda cumbre para revisar los avances de lo acordado.
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