Por Daniel Pardo – Publicado en BBC.com
Algunos tienen «el proceso en curso, pero sin evolución». A otros se les «borró el perfil del sistema». Unos, por el contrario, necesitan «borrarlo para volver a empezar». También hay quienes no les «renovaron la visa, sin explicaciones». Otros incluso ya tienen su permiso impreso, o eso dice el sistema, pero «nadie sabe dónde está».
Los testimonios de venezolanos en Colombia sin estatus regular se acumulan a diario. Son miles los migrantes que durante el último año no han podido renovar su permiso de permanencia y miles más los que, desde que entraron al país, no se han logrado formalizar.
Algo ocurre. Nadie sabe bien qué es, pero los días de regularizaciones ágiles que graduaron a Colombia de país «generoso», «abierto» y «ejemplo mundial» hacia la migración venezolana parecen haber quedado atrás.
Una primera evidencia se puede ver todas las mañanas en la entrada de Migración Colombia de la calle 100 en Bogotá, un puesto callejero que se llena con decenas de venezolanos desesperados por su cuestión migratoria.
«Me dicen que no aparezco en el sistema», indica uno. «Parece que tengo volver a hacer el biométrico», dice otro. Cada historia es única, pero todas tienen de fondo una maraña burocrática difícil de entender. Hablan de «incidencia», «resolución», «tutela», «salvoconducto», «ilícito migratorio». Citan siglas varias: RUMV, PQRS, ETPV, PEP. Entran, de la mano de los carritos ambulantes que venden café y empanadas en las filas, en el complejo entramado del Estado colombiano. Todo para que les den lo que ellos llaman «el plástico», el carné que les da permiso de estar acá.
Colombia ha recibido casi la mitad de los 7 millones de venezolanos que salieron del país por la crisis.
En un principio, los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque establecieron protocolos, entidades y recursos legales para que los migrantes formalizaran su estatus para poder trabajar, recibir educación y salud. Gracias a eso el país recibió recursos y felicitaciones del exterior.
Pero desde la llegada de Gustavo Petro al poder, hace poco menos de un año, «el proceso se estancó», según Gaby Arenas, una líder social venezolana que acompaña a miles de compatriotas en su proceso.
«Ya no nos quieren acá. Si no hay manera de regularización, es que no te quieren. El que llega hoy no tiene nada que hacer. Va a terminar siendo más fácil nacionalizarse español», se queja.
Petro, sin embargo, no ha manifestado querer interrumpir las regularizaciones. Sí ha dicho que, como parte de su acercamiento al presidente Nicolás Maduro y el restablecimiento de relaciones bilaterales congeladas por años, quiere promover el «regreso voluntario» de venezolanos.
BBC Mundo se comunicó con Presidencia, Cancillería y Migración Colombia para obtener respuesta ante las quejas de decenas de testimonios recogidos, pero, a la hora de publicar este informe, las solicitudes fueron infructuosas.
«A segundo plano»
Carlos Fernando García es el politólogo que Petro nombró, dos meses después de su llegada al poder, al frente de Migración Colombia, una entidad adscrita a la Cancillería.
En una ponencia ante el Congreso, García, que estuvo exiliado por más de una década, sostuvo que llegó a una entidad desestructurada y colapsada.
«Hacen falta en Migración casi 600 cargos, muchos de los cuales son en puestos de zonas fronterizas», dijo.
Añadió que en 2021 el software de Migración Colombia para dar el Permiso por Protección Temporal (PPT) colapsó. «El nuevo gobierno está montando un nuevo sistema tecnológico», aseguró.
«Si dejamos a una cantidad de gente en la irregularidad, estamos fomentando un mercado negro en la mano de obra, en el comercio, en el trabajo», dijo. «La irregularidad fortalece los fenómenos mafiosos de tráfico de migrantes que ni la policía ni las autoridades tienen el poder de controlar».
El acercamiento a Maduro, la reapertura de la frontera y el restablecimiento de relaciones consulares y comerciales con Venezuela han sido una de las principales políticas exteriores de Petro, quien además ha intentado mostrarse como mediador entre la oposición y el chavismo.
«Pero la agenda migratoria ha pasado a un segundo plano», dice Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio Venezolano de la Universidad del Rosario, en Bogotá.
«El tema desapareció, desmantelaron la Gerencia de Fronteras (una Comisión de Presidencia) y en la Cancillería el tema está concentrado en una vicecanciller», añade.
Jessica Corredor, una consultora en asuntos migratorios, asegura que «el tema estuvo congelado por casi un año», en el sentido de que «pasó a un ministerio de la Igualdad que apenas ahora (a un año de la posesión de Petro) está empezando a estructurarse».
Y añade: «Las últimas cifras que publicó Migración son de febrero del 2022. El gobierno montó unas cifras en octubre, pero nadie entiende por qué las bajaron de la página. Se están invisibilizando los datos«.
BBC solicitó a Migración Colombia cifras exactas de regularizaciones durante el último año, pero no obtuvo respuesta.
Si es imposible saber cuántos venezolanos hay en Colombia -se estiman entre 2 y 3 millones- más difícil aún es saber cuántos están sin estatus migratorio legal: las estimaciones oscilan entre 300.000 y 800.000.
También es difícil saber realmente por qué Petro podría querer relegar el tema migratorio. Pero entre las hipótesis está su búsqueda por tener buenas relaciones con Maduro, un actor clave en las negociaciones de paz con las guerrillas y crítico de la diáspora venezolana.
«Decepcionada del Estado colombiano»
En general, los venezolanos tienen tres formas de legalizar su estatus en Colombia: los familiares de colombianos que se fueron a Venezuela durante la guerra pueden nacionalizarse, los que llevan varios años acá y tienen un trabajo pueden sacar visas y todos los demás pueden optar por el PPT, el carné que da derechos de educación, trabajo y salud por un tiempo determinado.
Los tres procesos, según las organizaciones de venezolanos consultadas por BBC Mundo, se han complicado durante el último año, después de que pasaron varios años en los que el trámite era relativamente eficiente.
Yessica Carolina Poveda es una venezolana de 31 años que migró a la ciudad fronteriza de Cúcuta hace dos años con sus cinco hijos y esposo, que es colombiano. Todos los niños ya tienen la nacionalidad. La mayor, de 14 años, sueña con ser futbolista y durante el último mes quiso venir a Bogotá para jugar un partido oficial por primera vez.
«Pero como yo no he podido sacar el PPT y no estoy legalizada, no me aceptaron el permiso para dejarla viajar y entonces no pudo ir a jugar el partido», dice Poveda, quien en este momento vive en un apartamento arrendado del que le pidieron salir en una semana y no tienen dinero –ni trabajo– para cambiarse a otro espacio.
«Lo más probable es que desafortunadamente tengamos todos que volver a Venezuela«, asegura.
Encuestas estiman que entre el 75 y el 85% de los venezolanos en Colombia quieren quedarse.
El caso de Maru Juárez, de 47 años, es distinto al de Poveda: llegó hace cuatro años al país con un empleo formal en una ONG con el que logró sacar la visa dos veces. Paga impuestos, salud, tiene una cuenta bancaria y se considera parte del sistema colombiano.
«Pero en 2023 todo cambió», asegura. «Ya los funcionarios no te tratan con la misma amabilidad, caen en negligencia migratoria, te mandan de un lado a otro, que pida una cita, que vaya a la otra, que saque el registro y al final lo cierto es que, después de gastar 2 millones de pesos (unos US$500), sigo irregular».
«Una es guerrera y voy a agotar todos los recursos, pero estoy decepcionada del Estado colombiano, la verdad, y es que ilegal acá yo no voy a estar».