Detalles horripilantes surgen del arresto de un venezolano y su pareja española en un caso de abuso infantil y pornografía.
Madrid se ve sacudida por un caso nauseabundo de abuso sexual infantil que involucra a Santiago de Jesús Loureiro García, un venezolano de 25 años, acusado de violar y grabar a su hija de meses, y compartir el material con otros pedófilos. El horrendo descubrimiento se produjo en Aluche, donde la Policía Nacional, apoyada por el Grupo I de Protección al Menor de la Brigada Central de Investigación Tecnológica, rescató a la niña de un infierno inimaginable.
La operación ‘Renascere’ – un renacer esperado para la pequeña tras ser entregada a sus abuelos bajo supervisión de los servicios sociales de la Comunidad de Madrid – reveló que la madre, aunque presuntamente desconocía los abusos, también está acusada de compartir pornografía infantil. «En el análisis del material intervenido encontraron vídeos en los que el detenido había agredido sexualmente a su hija», afirma la página web de la Policía Nacional.
La investigación se remonta a 2022, cuando la policía realizó una entrada y registro en la vivienda de la pareja. Encontraron a la bebé en condiciones deplorables y un informe elevado a los servicios sociales llevó a la retirada de la tutela de los padres. Los abuelos paternos se hicieron cargo de la pequeña, mientras los investigadores destapaban un arsenal de videos pornográficos con menores en el teléfono de Santiago.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, la madre, identificada por el influencer Alvise Pérez como Aiden Sequeiros mediante un software de reconocimiento facial, fue puesta en libertad. La Fundación 26 de Diciembre, una entidad para la defensa de los derechos de la comunidad LGTBIQ+ a la que perteneció Sequeiros, ha eliminado sus datos y se mantiene en silencio sobre su asociación con la sospechosa.
Mientras Madrid se enfrenta a la horrorosa realidad de este caso, surgen preguntas ineludibles sobre la seguridad de los menores, los fallos en el sistema de justicia que permitieron que un individuo con antecedentes de distribución de pornografía infantil quedara libre, y la imperante necesidad de medidas más estrictas para proteger a los niños de predadores sexuales.