60 organizaciones recuerdan a Petro su experiencia con la inhabilitación política y piden actuar a favor de líderes opositores venezolanos.
60 organizaciones no gubernamentales (ONG) hicieron un llamado urgente al presidente colombiano, Gustavo Petro, solicitándole que intervenga ante la administración de Nicolás Maduro en Venezuela con el fin de revertir las inhabilitaciones de dirigentes políticos opositores.
La solicitud, publicada en el sitio web del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), recuerda al mandatario colombiano su propia experiencia con las inhabilitaciones administrativas. En 2013, Petro fue destituido de su cargo como alcalde de Bogotá debido a una decisión similar. No obstante, en 2020, esta medida fue revocada tras una sentencia favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Las organizaciones destacaron en su comunicado: “Una situación parecida la viven dos principales candidatos de oposición de Venezuela, Henrique Capriles y María Corina Machado, así como otros líderes opositores y partidos políticos democráticos, incluyendo al Partido Comunista de Venezuela (PCV)”.
Las ONGs recalcaron que Petro tiene una posición única para contribuir en la búsqueda de paz en Venezuela, promoviendo medidas similares a las que él mismo se benefició, evitando el aumento de la conflictividad interna y promoviendo soluciones institucionales y democráticas a los conflictos.
Las organizaciones alertaron a Petro sobre el peligro de estas inhabilitaciones, señalando que propician obstáculos para una resolución pacífica e institucional del conflicto venezolano, generando un ambiente propenso a la violencia. Por ello, lo exhortaron a que integre en su agenda diplomática el cumplimiento de las recomendaciones de organismos internacionales en relación con los derechos de libertad de reunión, asociación y participación de los venezolanos, “especialmente el retiro de las inhabilitaciones políticas y las interferencias indebidas hacia partidos democráticos”.
Sin duda, este llamado de las ONGs evidencia la urgencia y necesidad de una acción colectiva en defensa de la democracia y los derechos humanos en la región.