El exmandatario brasileño enfrenta una vez más la justicia electoral por abuso de poder, marcando una trayectoria tumultuosa.
El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil no da tregua al expresidente Jair Bolsonaro. Este martes, el organismo le propinó otra declaración de inelegibilidad, esta vez por utilizar las celebraciones del Bicentenario de la Independencia con fines electorales. La decisión llega después de una previa declaración de inelegibilidad por ocho años en junio pasado, sumiendo a Bolsonaro en un mar de controversias judiciales que parecen no tener fin.
Con una mayoría de 5 votos sobre 2, el TSE condenó nuevamente a Bolsonaro a ocho años de inelegibilidad, una sentencia que aunque no cambia la realidad política inmediata del exmandatario, sí refuerza la percepción de abuso de poder. El tribunal también extendió la inelegibilidad al entonces candidato a vicepresidente, el general de reserva Walter Braga Netto, mostrando un enfoque riguroso hacia la integridad electoral.
La condena se centra en las celebraciones del 7 de septiembre de 2022, donde Bolsonaro participó en desfiles cívico-militares y caravanas de motociclistas. Estos eventos, pagados con fondos públicos y transmitidos por medios oficiales, fueron vistos como una fusión entre actos oficiales y electorales, cruzando las líneas de la ética política.
El juez Alexandre de Moraes, durante la sesión, subrayó que existía «prueba robusta de abuso de poder» de parte de Bolsonaro y Braga Netto. La crítica llega en un momento donde la tensión política en Brasil parece estar en su punto más álgido, con acusaciones y procesos judiciales volando en todas direcciones.
En el epicentro de todo esto, Bolsonaro, quien una vez más ve cómo su nombre se asocia con prácticas electorales cuestionables. Las repercusiones de estas decisiones del TSE no solo resuenan en las paredes judiciales, sino que se extienden por toda la esfera política brasileña, dejando una marca imborrable en el legado de Bolsonaro.
Pero la tormenta judicial no termina aquí para Bolsonaro. También enfrenta una acusación de «golpe de Estado» enviada a la justicia por una comisión del Congreso de Brasil, relacionada con una asonada protagonizada por sus seguidores el 8 de enero en Brasilia. Además, es investigado en el Supremo Tribunal Federal por presuntamente instigar la asonada.