CPI

La CPI pone en la balanza la investigación por crímenes en Venezuela

La apelación del régimen de Maduro ante la CPI busca detener la investigación internacional sobre crímenes de lesa humanidad en el país.

La Corte Penal Internacional (CPI) se prepara para celebrar dos días de audiencias críticas, donde se discutirá la apelación presentada por el gobierno de Nicolás Maduro que busca frenar la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

«Estas audiencias no son para dictar sentencia, sino para abordar cuestiones específicas planteadas por las partes», aclaró Francisco González Centeno, portavoz de la CPI.

Las partes involucradas, incluyendo la Fiscalía de la Corte, los representantes del Estado venezolano y la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas, tendrán la oportunidad de presentar sus argumentos sobre cuestiones legales clave. Entre ellas, se debatirá el nivel de detalle necesario en la notificación del Fiscal al Estado, la aceptación de documentos en español sin traducción, y la relación entre los procedimientos nacionales de Venezuela y la investigación de la CPI.

Tras las audiencias, los jueces se retirarán a deliberar y, a su debido tiempo, emitirán un fallo que puede confirmar, revertir, modificar o incluso enviar la decisión previa de la Sala de Cuestiones Preliminares para una nueva determinación.

Esta decisión dependerá de la mayoría de los jueces en caso de no alcanzar unanimidad.

El contexto de estas audiencias está marcado por la decisión de junio de la Sala de Cuestiones Preliminares, que determinó que, aunque Venezuela ha realizado algunas investigaciones, estas no reflejan la amplitud de la investigación que la Fiscalía de la CPI pretende llevar a cabo. El fiscal Karim Khan fue autorizado entonces a proseguir con su investigación, un movimiento que ahora se encuentra bajo la lupa de la apelación del régimen venezolano.

La CPI, con esta serie de audiencias, se posiciona una vez más como un escenario crucial para el futuro de la justicia y la rendición de cuentas en Venezuela, subrayando la relevancia del Estatuto de Roma y el compromiso internacional con los derechos humanos y la ley internacional.