Venezuela defiende su soberanía y sistema de justicia frente a acusaciones de crímenes de lesa humanidad.
En la fase final de la audiencia en la Corte Penal Internacional (CPI), el canciller del régimen de Nicolás Maduro, Yván Gil, rechazó vehementemente las acusaciones de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Gil condenó lo que consideró un uso político de la CPI por parte de un grupo de Estados en 2018, destinado a atacar a Venezuela «sobre la base de una acusación por crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido», y subrayó el impacto negativo de estas acciones en la credibilidad de la institución.
“La remisión presentada por un grupo de Estados en el año 2018 respondió a un claro objetivo político. Se pretendió utilizar la institucionalidad de la CPI para atacar políticamente a Venezuela sobre la base de una acusación por crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido», indicó Gil en su alocución, poniendo en tela de juicio la efectividad de la CPI comparada con el sistema judicial venezolano.
“Con todo respeto, el número de asuntos resueltos satisfactoriamente por las instituciones del sistema de justicia venezolano, supera con creces el número de casos con condena que ha conducido la CPI en los últimos 20 años».
La argumentación del canciller sugiere una justicia venezolana más eficiente y productiva en comparación con la CPI, aludiendo a una mayor cantidad de casos resueltos por el sistema nacional.
Además, Gil planteó una reflexión sobre la asignación de recursos limitados de la Corte, cuestionando si serían mejor empleados en situaciones más críticas como la guerra en Gaza, en lugar de en Venezuela, un país «dispuesto y es capaz de hacer el trabajo por sí mismo».
Al finalizar su intervención, Gil solicitó un trato equitativo para Venezuela como un Estado soberano, libre de influencias por presiones o financiamiento externo, y que las decisiones de la CPI se tomen «sin miedo ni favoritismo».