La administración guyanesa presenta argumentos contra la consulta popular de Venezuela, alegando riesgo de anexión ilegal del territorio.
Durante la audiencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Guyana presentó sus alegatos contra el referendo propuesto por Venezuela sobre el territorio del Esequibo, programado para el 3 de diciembre.
El ex canciller de Guyana, Carl B. Greenidge, en representación de su país, acusó al gobierno de Nicolás Maduro de pretender la anexión de un vasto porcentaje del territorio guyanés mediante la creación de un nuevo estado denominado «Guayana Esequiba».
Greenidge hizo un llamado a la CIJ para evitar un potencial caos en la región, citando la voz conjunta de la Caricom en oposición al mecanismo de consulta venezolano. El abogado Paul Reichler apoyó los alegatos de Guyana, argumentando que las preguntas planteadas en el referendo venezolano están diseñadas para obtener el aval de la población a acciones de anexión que Guyana no puede aceptar.
El equipo legal de Guyana enfatizó en la necesidad de que la CIJ intervenga para prevenir lo que consideran una «enfermedad» de anexiones indiscriminadas, comparándola con la gravedad de la poliomielitis. Acusaron a Venezuela de ser la transgresora en el conflicto y depositaron su confianza en la CIJ para la toma de medidas provisionales.
Por otro lado, la representación venezolana, que presentará sus alegatos el 15 de noviembre, ha calificado la solicitud de Guyana como un acto de desesperación y ha señalado al presidente guyanés Irfhaan Alí como un «títere» de EE. UU., sugiriendo que detrás de la disputa se encuentra el interés estadounidense por las riquezas del Esequibo.
Este litigio ante la CIJ se convierte en un escenario crucial para el futuro de la región, donde la decisión sobre el referendo y sus posibles consecuencias resonará en el contexto geopolítico de América Latina y el derecho internacional.