Guyana busca condena de la OEA contra Venezuela por disputa del Esequibo

IRFAN

El gobierno guyanés presenta borrador de declaración a la OEA para condenar acciones de Venezuela en conflicto territorial.

En un contexto de creciente tensión entre Guyana y Venezuela por el territorio del Esequibo, el gobierno de Guyana ha tomado una iniciativa decisiva en el escenario internacional. Buscando apoyo en la Organización de Estados Americanos (OEA), Guyana ha presentado un borrador de declaración para que el Consejo Permanente de la OEA condene las acciones de la dictadura de Nicolás Maduro, que busca anexar dos tercios del territorio guyanés.

Este movimiento diplomático de Guyana se produce tras la realización de un plebiscito en Venezuela y declaraciones de sus autoridades, que indican la intención de avanzar sobre el territorio del Esequibo sin esperar una resolución de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

La propuesta de Guyana, según Infobae, insta a la OEA a expresar “su inequívoca condena a los actos ilícitos contra la soberanía e integridad territorial de la República Cooperativa de Guyana por parte de la República Bolivariana de Venezuela”.

La situación ha generado diferencias en el bloque de países de izquierda en la OEA, poniendo particularmente en una posición incómoda a los gobiernos de Bolivia y Colombia, aliados de Maduro. Por otro lado, Brasil ha cuestionado las acciones de Venezuela en este conflicto.

La declaración propuesta por Guyana también busca que los países miembros de la OEA afirmen que las acciones de Venezuela constituyen una violación del derecho internacional y de los principios de coexistencia pacífica establecidos en las cartas de las Naciones Unidas y la OEA. Además, el borrador pide que Venezuela “cese” inmediatamente cualquier acción para anexionarse ilegalmente el territorio de Guyana.

En contraposición a la postura de Venezuela, que ahora desconoce el ámbito de la CIJ a pesar de acuerdos previos con la ONU, Guyana insiste en que el arreglo pacífico de la controversia debe darse en el ámbito de la CIJ. Este caso está en manos de la CIJ desde enero de 2018, por derivación del Secretario General de la ONU, y ha emitido dos sentencias que establecen su competencia para definir el asunto.

La próxima semana, el Consejo Permanente de la OEA enfrentará la tarea de abordar esta delicada situación.

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